Olvidos y flaquezas en ASSE

El olvido que alega Susana Muñiz de haber recibido denuncias de irregularidades en el hospital de Bella Unión contrasta con las afirmaciones de dos dirigentes del movimiento La Salud para Todos, que integran usuarios de los servicios estatales de salud. William García informó a la comisión de diputados que investiga cargos contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que en junio de 2013 entregó en mano propia a Muñiz y a la entonces presidenta de ASSE, Beatriz Silva, una carta detallando las denuncias sobre el hospital de Bella Unión. Ruben Bouvier confirmó a El Observador que cuando Muñiz era ministra de Salud Pública le entregó esa carta al ser recibido por la jerarca junto con otros cuatro dirigentes del movimiento de usuarios.

Pero cuando compareció ante la comisión investigadora el 19 de octubre, Muñiz aseguró no recordar haber recibido las denuncias, afirmación que sorprende por tratarse de acusaciones de extrema gravedad, centradas en conflictos de intereses en contratos del hospital con una empresa privada propiedad de médicos del mismo centro. Los olvidos de Muñiz ya venían de antes, cuando afirmó en canal 12 que "no sabía" que la empresa Siemm "vendiera servicios a ASSE", pese a que ella misma recomendó la contratación de esa firma en una carta que escribió en 2011 y a la que accedió El Observador. Este curso fue considerado inadmisible por el Tribunal de Cuentas hace nueve meses, pese a lo cual se mantuvo.

El caso del hospital de Bella Unión, donde Bouvier dijo que persisten persecuciones y amedrentamiento de funcionarios, es solo una de las flaquezas que aquejan a ASSE y que comprometen directamente a Muñiz, como máxima autoridad del organismo. La comisión investigadora de Diputados indaga también sobre denuncias de irregularidades en los hospitales de Rivera, de Cerro Largo y de Ojos, en Montevideo, en tanto que jerarcas de los centros asistenciales de Mercedes y de Dolores han sido sancionados por faltas "graves y gravísimas". A las denuncias se agregan las notorias claudicaciones en la asistencia al más de 1 millón de uruguayos cuyos bajos recursos los obligan a recurrir a una atención estatal gratuita pero despareja e incompleta, especialmente en muchos puntos del interior.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, anunció el mes pasado la formación de una comisión para defender la indefendible reforma de la salud, que hace una década creó ASSE. Por su parte, el gobierno aseguró que proyecta una segunda etapa reformista para mejorar los servicios de ese organismo, aunque hasta ahora no se sabe públicamente en qué consistirá. Lo que corresponde, pero ni el gobierno ni su partido admitirán, es reconocer el fracaso de una reforma mal concebida y peor ejecutada, cuyo texto original sufrió por lo menos cinco revisiones hasta desembocar en la precaria estructura actual. A su pobreza de funcionamiento se agregan irregularidades denunciadas, de las que Muñiz sostiene que no se enteró pese a los testimonios en contrario. ASSE presumiblemente está para quedarse, en vez de la solución más lógica de tener un Ministerio de Salud Pública que maneje todo el tema, sin la duplicación y dispersión que actualmente existen. Pero por lo menos es indispensable que el jaqueado organismo mejore sus servicios, bajo autoridades competentes que no eludan responsabilidades.