Entre datos de encuestas adversos, el presidente Yamandú Orsi decidió dar el discurso en el acto conmemorativo de la Batalla de Las Piedras. En lugar de designar a un ministro como suele ocurrir en las fechas patrias, Orsi quiso dar la cara y defender lo hecho por su gobierno. Además de anunciar algunas medidas sociales que se incorporarán en la Rendición de Cuentas y también intentó pasar un mensaje.
El presidente habló de cuidar la “saludable independencia de la administración de justicia” y según informaron desde Presidencia a El Observador fue una referencia a la fiscalía de Corte.
¿Por qué existe tanto interés de la Torre Ejecutiva y el Frente Amplio en la fiscalía? ¿Cuál es el motivo por el cual cada pocas semanas aparece en la agenda la intención de negociar por un fiscal que la sustituya y por qué se cuestionan las decisiones que toma? De eso te hablaré en esta newsletter EnClave.
Pero para hacerlo necesitan tener otro fiscal que la sustituya y necesitan que la oposición lo vote (se precisan tres quintos del Senado, 18 de 30). Y como la oposición ya dijo que no negociará ningún nombre que no sea Ferrero, están en un callejón sin salida y eso los pone nerviosos.
Los cambios de fiscales resueltos por Ferrero en los últimos días les dieron un buen argumento para cuestionarla porque puede interpretarse que la jerarca corrió de escena a un fiscal que tenía causas polémicas que involucran al gobierno pasado (y también a este), concretamente la destrucción de papeles de la investigación administrativa por la entrega del pasaporte a Marset, Cardama y también la compra de la estancia María Dolores.
Pero todos los que pusieron el grito en el cielo hicieron foco en los dos primeros casos y obviaron decir, o tal vez ni se preocuparon en averiguarlo, que el fiscal Alejandro Machado venía pidiendo ese traslado desde hacía meses porque consideraba que había cumplido una etapa en la fiscalía de Delitos Económicos.
Además, ninguna de esas dos causas había tenido avances hasta el momento y mucho menos se puede decir que Machado estaba a punto de pedir imputaciones y se le cercenó esa posibilidad. Sí estaba por imputar en el caso República Ganadera (en el último año se habían focalizado en esa investigación) pero al sistema político no le preocupan demasiado los damnificados de los fondos ganaderos.
La causa de Marset, pese a que esos hechos habían sido denunciados por la ex vicecanciller Carolina Ache en noviembre de 2022 (cuando entregó un audio del excanciller Francisco Bustillo que le decía que perdiera el celular), no había tenido avances. Machado y su equipo habían pedido las investigaciones administrativas y otra documentación a Cancillería y habían estudiado qué delitos podrían configurarse pero no habían llegado a citar a ninguno de los indagados.
De hecho entre octubre de 2024 y ahora, la causa no registró prácticamente movimientos.
O sea, que no existió un freno de Ferrero, al mover a Machado. Si el fiscal hubiera tenido un particular interés en avanzar en ese caso perfectamente hubiera podido hacerlo en los cuatro años en que tuvo esa denuncia a estudio. También es verdad que además de los casos sonados, las fiscalías tienen otros muchos expedientes con plazos que se vencen que les demandan trabajo.
En el caso de Cardama, fue el propio gobierno el que entregó información poco clara y una denuncia que no identificó a responsables ni delitos, lo que complicó el trabajo de la fiscalía y ocasionó que a siete meses de presentada no se hubiera podido empezar con la investigación. ¿Será una estrategia dilatoria?
Una estrategia dirigida desde Torre Ejecutiva
20250728 Yamandu Orsi, Alejrando Sánchez, Jorge Díaz. Interior presenta Encuentros por Seguridad.
El mensaje de Orsi del 18 de mayo pasó desapercibido hasta que desde Presidencia advertieron que iba dirigido a Ferrero.
El presidente, que cuando lo agarraron desprevenido dio su apoyo a Ferrero, y en otra ocasión dijo que la consideraba la fiscal de Corte de su gobierno, afirmó este lunes en Las Piedras que lucharán “por mantener la imprescindible separación de poderes que garantiza la solidez republicana”. Agregó que lo harán “haciendo política”, pero “cuidando a la vez que los intereses político-partidarios no interfieran en la saludable independencia de la administración de justicia”.
Parece bastante clara la estrategia comunicacional que parte desde el oficialismo –Torre Ejecutiva y la consiguiente amplificación del Frente Amplio que a través de sus senadores o dirigentes van pasando el mensaje que reafirme la idea, o viceversa-.
Cada vez que surgen críticas a alguna acción de Ferrero, aparecen fuentes de Torre Ejecutiva que declaran a la prensa que Ferrero no tiene el respaldo del gobierno y que buscan un nombre de consenso para sustituirla y luego se suman varios senadores que refuerzan la idea de que es necesario negociar en el Parlamento para que aparezca ese nombre.
Esta vez luego de que La Diaria dio la noticia del traslado de Machado salieron varios senadores al unísono en las redes. El senador Daniel Caggiani tuiteó que era “raro” que se cambiara, “sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior”; el exsenador Charles Carrera dijo que el objetivo de la movida era “blindar a Lacalle Pou en los casos Cardama y Marset”; el exintendente de Rocha y senador Aníbal Pereyra dijo que “las cosas están muy claras y la gente no es tonta. Es un lawfare a cielo abierto”.
Para empezar tendría que explicarl qué es un lawfare (batalla legal), ya que es un término jurídico que justamente Carrera está utilizando para defenderse en su caso por el que la fiscal Sandra Fleitas pidió su condena, que él ha calificado de causa política dirigida por el exministro del Partido Nacional Luis Alberto Heber y secundada por la fiscalía.
Desde el Frente Amplio anunciaron ahora que evlúan acciones frente a las decisiones arbitraris de Ferrero. Ya intentaron una vez convocarla al Parlamento, cuando trasladó a Sandra Fleitas a Económicos y en pocos meses pidió la imputación de Carrera. En esa oportunidad Ferrero se negó a comparecer y dijo que sólo iría si iba acompañada del ministro de Educación José Carlos Mahia. Puesto que el interlocutor del gobierno con el servicio descentralizado- Fiscalía es el MEC, el argumento de Ferrero tiene validez.
Esa situación embretaría al Frente Amplio ya que tendrían que cuestionar a la jerarca de Fiscalía sin cuestionar a su superior jerárquico.
En el intento de exponer a Ferrero también pusieron en duda la integridad de Diego Pérez, el fiscal que va a ocupar el lugar de Machado. Recordaron que fue quien hace años intentó imputar al exintendente Mariano Arana y a la exsecretaria general María Julia Muñoz, más acá en el tiempo acusó al exdirector frentista en la Ursec Nicolás Cendoya, a quien pretende llevar a juicio por abuso de funciones.
En el fondo de estos cuestionamientos subyace un dato no menor. Todos estos fiscales, -Ferrero, Pérez y Fleitas- nunca fueron del riñón de Jorge Díaz. El actual prosecretario de la Presidencia es la voz autorizada del gobierno en materia de Justicia y es el principal asesor de Orsi en la temática, por lo que es quien marca la cancha del gobierno en el tema.
Cuando era su jefe no tuvo problemas ni con Ferrero ni con Pérez y hasta los colocó en puestos clave en la fiscalía –a Ferrero la puso al frente de la fiscalía de estupefacientes que trata los grandes casos de drogas y a Pérez lo volvió a penal desde Adolescentes (si los tuvo con Fleitas quien entabló un recurso administrativo que ganó en el TCA) pero en el actual rol político no le interesa perpetuar a Ferrero en ese cargo. El gobierno prefiere tener a otro tipo de fiscal de Corte alineado estratégicamente a ciertas políticas.
Tampoco ha ayudado la oposición con su actitud de pegarse a Ferrero para llevarle la contra al gobierno. El apoyo cerrado a la fiscal, como diciendo “es nuestra”, ni favorece a la fiscalía ni favorece a los partidos políticos.
El sistema político, sea el sector que gobierne o la oposición, deberían mantenerse en la vereda de enfrente del sistema de justicia, dejarlo trabajar y actuar con la independencia técnica que le otorga la Constitución y la ley.
