El presidente de esa comisión, el diputado por el Partido Nacional Alejo Umpiérrez, dijo a El Observador que la anulación de una deuda por US$ 10 millones a la Dirección General Impositiva (DGI) a fines de ese año fue "un hecho único en la historia", y contrario a la "la voluntad y opinión" del entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
"Y paralelamente, con posterioridad, surgió el Espacio Celeste, la lista 906 dentro del MPP comandada por Enrique Saravia, por todos conocido como integrante de la Mutual de Futbolistas y vinculado al grupo Casal, que terminó siendo diputado suplente en el Parlamento", dijo Umpiérrez.
Por su parte, la empresa Tenfield, de la que Casal es copropietario, declinó la invitación de la comisión en una carta a los legisladores.
En ese texto, según dijo el diputado nacionalista, "se dirigen en tono bastante agravante" contra la función parlamentaria.
"La competencia de las comisiones legislativas no comprende la realización de pesquisas de este tipo sobre particulares, sino la colecta de datos e información a meros efectos legislativos, siendo que esto último, claramente, no ocurre en el caso", señala la carta a la que accedió El Observador.
La nota de Tenfield cita palabras del presidente de la comisión, Alejo Umpiérrez, cuando dijo que la comisión se transformó "en una especie de reality show, que conspira contra la propia investigación". También cita palabras del legislador Daniel Caggiani, quien dijo que "el Partido Nacional generó un circo en torno a la comisión investigadora".
"Su función no es instaurar una suerte de Poder Judicial paralelo que cuestione a los particulares por sus actividades privadas o que busque la rendición de explicaciones y cuentas por partes de los mismos", concluye el texto.
Antes de citar a Mujica, los parlamentarios convocarán a periodistas y autoridades vinculadas a la DGI, además de la copia del expediente de aquel litigio, para estudiar nuevamente el proceso que llevó a aquella decisión política.
Según se argumentó en en ese momento, el gobierno archivó el expediente del caso ante la posibilidad de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) fallara a favor de Casal y quedara así en condiciones de iniciar un juicio al Estado por hasta US$ 300 millones.
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá