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Pese a que la Justicia ha aplicado penas de 45 años, no se cumplen

El nuevo código suma la posibilidad de ser liberado a los 20 años
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28 de noviembre de 2017 a las 05:00
Un día primaveral de octubre de 1928 la Plaza Independencia fue escenario de un espectacular asalto a una casa de cambios. Tres anarquistas catalanes entraron al local disparando a discreción y dejaron un saldo de tres muertos. Entre ellos, había un inocente lustrabotas, por cuya vida el maleante Pedro Boadas –capturado horas después del atraco– debió pagar tras las rejas con 28 años de su vida.

El catedrático penalista Gastón Chaves se remite a ese relato, narrado en el libro "Historia de bandidos" (1993) del excatedrático Gonzalo Fernández, porque asegura que no le alcanzan sus 38 años de experiencia ejerciendo el derecho para encontrar un caso en que en alguien haya pagado en prisión la pena máxima que propone el Código Penal vigente.

Es decir, 30 años de cárcel, más otros 15 que pueden agregarse cuando los análisis periciales determinen que la rehabilitación por la que debería haber transitado el recluso no se ha completado, y por tanto continúa siendo un peligro para la sociedad.

No obstante Fernández, el autor del libro –excanciller y exministro de Defensa– cree recordar, con mucho esfuerzo, un homicidio en Rivera "de hace muchísimos años" –no logra precisar cuántos–, en que el imputado cumplió "íntegramente" 30 años tras las rejas y "tal vez algunos de los 15 de las medidas de seguridad", sostuvo.

Lo cierto es que pese a que haya habido alguna sentencia judicial que imponía los 45 años de pena, prácticamente ningún recluso la ha cumplido en su totalidad.

El presidente Tabaré Vázquez hizo mención de la posibilidad de aplicar las penas máximas este lunes, antes del Consejo de Ministros abierto en Pirarajá, Lavalleja.

"Treinta años de pena máxima, más 15 de seguridad son 45 años. Es un tiempo muy prudencial", afirmó, para tomar distancia de las propuestas como la del senador Jorge Larrañaga que planteó aplicar cadena perpetua a crímenes graves en el marco del debate tras las violaciones y asesinatos de las niñas e Valentina Walter (9) y Brissa González (12) ocurridos en los últimos 15 días.

También la senadora Verónica Alonso propuso imponer la castración química frente a esos casos.
La inquietud del sistema política responde al hecho de que los reclusos tienen grandes posibilidades de salir de prisión mucho antes de cumplir con su sentencia, y de hecho es lo que sucede.

Chaves dijo al respecto: "Desde 2005, que cumplan todos los años es casi imposible". Ese año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Humanización Carcelaria que concedió la posibilidad de acortar un día de reclusión a condenados por cada dos días que trabajen o estudien.

"El sistema penal uruguayo piensa en rehabilitaciones que culminan antes que las condenas", aseguró el penalista.

El fiscal penal Gustavo Zubía es un exponente permanente de este tema. Para advertir de las innumerables formas de reducir el tiempo de privación de libertad se refiere a las "penas de papel". Zubía ha asegurado que la ley de Humanización Carcelaria permite "redimir una tercera parte de la condena".

Y ese beneficio con el nuevo Código del Proceso Penal se acrecienta. En el artículo 298 prevé la posibilidad de que un imputado por 45 años pueda obtener la libertad anticipada una vez que haya cumplido 20 años.

"Si se establecieran medidas de seguridad eliminativas (se aplican a delincuentes habituales y a los violadores u homicidas que por la excepcional de gran peligrosidad) aditivas a una pena de penitenciaría el beneficio podrá otorgarse cuando el penado haya cumplido las dos terceras partes de la pena, disponiéndose el cese de dichas medidas", establece el texto.

A ello se le suma la posibilidad de redimir pena por trabajo o estudio.

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