Policía deberá ingeniárselas para adaptarse al nuevo CPP

La Policía vive por estos días tiempos de adaptación. La entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) cambió las reglas de juego de la investigación policial, no solo porque dejaron de responder al juez para hacerlo ante un fiscal, sino también porque la nueva normativa impuso restricciones y aumentó las exigencias sobre las pruebas que deben presentar en un juicio.

Por ejemplo, el nuevo Código implicó el fin del interrogatorio policial, una herramienta con la que los efectivos solían obtener la confesión de personas detenidas, y que ahora solo podrá ser realizada por un fiscal. Además, el detenido solo podrá hablar asesorado por un abogado. Asimismo, la Policía ya no puede detener a una persona sin una orden de captura provista por un juez, salvo que sean avistados cometiendo un delito, algo que antes sí hacían y que les permitía capturar sospechosos a los que en ocasiones se les incautaba objetos robados, drogas o armas.

En tanto, el cambio de líder de la investigación va más allá de una simple modificación de interlocutor. Antes, la Policía hablaba directamente con el juez y este autorizaba un allanamiento, una orden de captura o la intervención de un teléfono.

Ahora, los efectivos deben comunicarse antes con un fiscal y este, sin encuentra mérito, le trasladan el pedido a un juez.

No en vano, en un relevamiento realizado por El Observador entre distintas jefaturas de policía del país se repitieron las referencias a que el nuevo código implica un "cambio cultural", una nueva forma de trabajo a la que los efectivos se tendrán que acostumbrar.

Para el jefe interino de Policía de Salto, Alfonso Cuello, la instauración del CPP viene siendo, por lo menos hasta ahora, un tanto problemática. "Quizás haya un sentimiento de impunidad" por parte de los delincuentes quienes "saben" que ahora los efectivos no pueden proceder como lo hacían antes, dijo el jerarca. "Antes realizábamos allanamientos para obtener información de orden policial y así deteníamos a los sospechosos. Ahora es necesario hacer un proceso investigativo más amplio y exhaustivo, que lleva más tiempo, pero que también brinda más garantías para los detenidos", agregó. Cuello dijo que a esto se suma un "aprendizaje" todavía incompleto de las nuevas disposiciones del CPP y señaló que hay cierta inseguridad e incertidumbre a la hora de tomar decisiones, debido a que el nuevo Código supone cambios en los procedimientos policiales sobre los que los efectivos todavía tienen dudas.

Por su parte, el jefe de Policía de Cerro Largo, José Olivera, contó que los efectivos se "están adaptando al trabajo de calle con el nuevo Código" y que para evitar dudas se les transmitió por correo electrónico las nuevas disposiciones, y se colocó en las distintas dependencias policiales un "ayuda memoria" en el que se explican los nuevos derechos de víctimas y victimarios.

En tanto, el titular de la jefatura de Treinta y Tres, Víctor Sánchez, opinó que el nuevo código supone un "cambio profundo" que exige una mayor profesionalización de la Policía. Según explicó, al ya no poder utilizar la herramienta del interrogatorio al indagado, la Policía debe centrarse en la prueba, que debe ser determinante para lograr llevar el asunto a juicio.

De esta forma, la declaración de testigos, o la confesión pierden fuerza en la investigación, y la extracción de huellas dactilares y de muestras de ADN o la obtención por parte de un indagado de objetos robados cobran protagonismo. "El interrogatorio era una herramienta que a veces aportaba información. Ahora nos concentramos en la prueba, donde el trabajo debe ser más profesional", explicó.

En Rocha, en tanto, el jefe de Policía, Claudio Pereyra, se reunió este martes con los fiscales del departamento para ajustar procedimientos de trabajo. Según dijo Pereyra, el trabajo cambió porque se debe trabajar previamente en la obtención de pruebas para luego solicitar a un juez detenciones o allanamientos.

La principal razón por la que la prueba cobró tanta importancia es que ahora para pedir un allanamiento, una detención o la intervención de un teléfono, los fiscales deben contar con evidencia suficiente para convencer al juez de garantía designado de que autorice esas actuaciones. Estos magistrados solo actúan en la etapa previa al juicio, de modo que el juez que resuelve sobre el fondo de un asunto penal pueda llegar al juicio sin ninguna información previa sobre el caso, escuchando a ambas partes y definiendo en el lugar según los elementos que expongan.

Esta nueva forma de trabajo, que supone mayores garantías, también agrega más etapas a la investigación. Antes, el juez que conocía todo el caso era el mismo que habilitaba las actuaciones.

Por su parte, en Rivera, a los cursos que se realizaron para dar a conocer el nuevo procedimiento de trabajo, se sumó la experiencia obtenida en el caso de la investigación por la reciente desaparición de la niña Valentina Walter que finalmente apareció asesinada. El asesino fue detenido y está preso preventivamente.

Según contó Wilfredo Rodríguez, en esa situación quedó probada la buena coordinación con la Fiscalía. Rodríguez dijo que el interrogatorio policial era una "herramienta importante" pero que el hecho de que ya no se pueda hacer más no limita el trabajo de investigación de los policías.

"Cambió el sistema y tenemos que adaptarnos", concluyó.

Por otra parte, el pasado 14 de noviembre la Policía del Crimen Organizado comenzó las indagatorias por el caso de presunta corrupción que tuvo lugar en el Hospital de Bella Unión, donde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contrató a una empresa propiedad de tres jerarcas del organismo entre 2013 y 2016. Debido a que la denuncia había sido presentada en setiembre del pasado año, el caso es investigado con el antiguo Código del Proceso, lo que permitió que la Policía interrogue a los indagados, aunque la fiscalía que tomó el caso no se haya podido poner a estudiar el expediente aún.

Fuentes de Crimen Organizado dijeron a El Observador que con el nuevo Código ya no pueden actuar de esa manera y que por lo tanto, dependen de que los fiscales ordenen alguna actuación. El resultado: la actividad de esta dependencia se ha visto reducida en los últimos días, a la espera de ordenes de Fiscalía.

El pasado martes, la Fiscalía General de la Nación transmitió un memorando a sus fiscales y a la Dirección Nacional de Policía con el objetivo de explicar en qué casos se justifica la participación de los funcionarios del Ministerio Público. Esto debió hacerse debido a que durante los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema pudieron constatar "una infinidad de llamadas que no correspondían a la intervención del fiscal", según contó la responsable de implementación del nuevo Código del Proceso Penal por parte de la Fiscalía, Patricia Marquisá.

Algunos de estos llamados tenían que ver con casos de accidentes de tránsito sin lesionados, con el episodio de un motociclista que chocó contra un árbol, o de casos de personas con problemas psiquiátricos que se descompensaron. Según señala el memorando, el contenido de las comunicaciones que realice la Policía a la Fiscalía debe estar "limitado" a informar sobre aquellos hechos "con apariencia delictiva".

Al tiempo que precisa que las llamadas a los fiscales de flagrancia de turno (que actúan mayormente cuando una persona es detenida cometiendo un delito) "deben limitarse a aquellas situaciones en que existan detenidos (flagrancia propia e impropia), diligencias urgentes (órdenes de detención, allanamientos, interceptaciones telefónicas y otras que fuera indispensable realizar en forma urgente para asegurar el éxito de la investigación) y en los delitos de homicidio, lesiones graves, secuestros, copamientos y violencia doméstica aún cuando no haya detenidos".

Las denuncias que no se ajusten a ningunos de estos casos deberán realizarse a través del sistema informático de la Fiscalía para que, luego, el área de Depuración, Priorización y Asignación, designe un fiscal para ese caso. Asimismo, se señala que en los casos de denuncias por la Ley de Faltas es un juez especializado quien debe ser informado directamente, al igual que ocurre con los casos en los que se solicitan medidas de protección frente a situaciones de violencia doméstica –siempre que no configuren hechos que ameriten persecución penal–, o se pida la internación compulsiva de un paciente psiquiátrico.

La fiscal de flagrancia Brenda Puppo dijo que con este memorando se logró reducir el número de llamadas sin sentido, aunque todavía persisten algunas. Puppo contó que en un turno podía recibir hasta 20 llamadas en las que no había delito que perseguir. La fiscal dijo que "no hay mala intención de los policías, sino que sigue habiendo desconocimiento sobre cómo actuar por parte de los efectivos".

El también fiscal de flagrancia, Leonardo Morales, dijo que de 180 llamadas que recibió en un turno, solo en 35 había elementos para que pudiera actuar.