Por qué el fiscal no pidió procesamiento con prisión en la megacausa ANCAP

Si bien esta causa se rige bajo el Código del Proceso anterior, el nuevo sistema procesal "establece determinados requisitos para la imposición de la prisión preventiva" (como que exista riesgo de fuga o de que puedan entorpecer la investigación judicial), que no se aplicarían a este caso. Hasta el 1º de noviembre, cuando entró en vigencia el nuevo código, la prisión preventiva (esa que se aplica antes de que haya una sentencia) era la norma, y podría aplicarse usando como argumento la alarma pública.

Pacheco explicó que si bien esta causa era tratada por el viejo código -la denuncia fue presentada en abril de 2016-, queda sujeta a las disposiciones de la nueva ley por el principio del derecho que establece que se aplica a los indagados la ley "más favorable".

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Según el dictamen de Pacheco, pidió a la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu que procesara a Sendic "como autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".

Para el exvicepresidente del ente Germán Riet, pidió el procesamiento "como autor responsable de dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley"; para el exgerente general de ALUR, Manuel González, "como autor responsable de un delito de estafa", y para el expresidente de ANCAP José Coya por dos delitos de abuso de funciones.

Ese mismo delito se repitió en las solicitudes de Pacheco para los exjerarcas Juan Justo Amaro (exrepresentante por el Partido Colorado), Juan Luis Romero (exgerente de Servicios Compartidos), Eduardo Goldsztejn (ingeniero de ANCAP) y Ricardo Lemos (integrante de la jefatura de Operaciones Marítimas).

Pacheco dijo en conferencia de prensa que los "grandes temas" en los que la Fiscalía encontró "irregularidades" fueron el de los negocios que ANCAP mantuvo con Trafigura, que en el año 2010 trianguló la compra de combustible con la ecuatoriana Petroecuador; la cancelación de la deuda con la venezolana PDVSA, para la cual recurrió primero a Exor, para luego alejarla del negocio, lo que expuso a ANCAP a una demanda por US$ 34 millones.

También encontró irregularidades en el negocio de la cal, la construcción de la planta de Alur en Paysandú. A ello se sumó el uso de las tarjetas corporativas que hizo Sendic y que para el fiscal fue delictivo.

A pesar de los pedidos de procesamientos solicitados a la jueza Larrieu, Pacheco adelantó que la investigación continúa, y que citará también al director colorado Juan Máspoli, sobre quién todavía el fiscal no se pronunció.

Pacheco aclaró que durante la investigación se levantó el secreto bancario de todas las personas indagadas y en ningún caso pudo constatarse un enriquecimiento patrimonial.

El fiscal destacó que pese a tratarse de una causa "tan compleja" con personas de "pública notoriedad" implicadas y que se inició con una denuncia de parte de los "cuatro partidos", pudo actuar con "total libertad", y sin "presiones de parte del sistema político".