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¿Por qué el presunto asesino de Mateo Urtiaga estaba libre pese a sus antecedentes?
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Pese a su antecedente delictivo y al hecho de ser reincidente, la Fiscalía decidió no pedir que fuera a la cárcel una vez que empezó a investigarlo por tenencia de drogas. En cambio, el hombre cumplía un régimen de medidas cautelares: debía presentarse todas las semanas a firmar en una comisaría.
Ahora se lo investiga por el asesinato que presuntamente cometió mientras cumplía estas medidas alternativas.
Este aspecto del proceso penal que rige desde noviembre de 2017 es uno de los flancos que el sistema político se encamina a cambiar. La Cámara de Senadores aprobó el 3 de julio una reforma que plantea para todos los fiscales la obligatoriedad de pedir prisión preventiva para aquellos imputados que sean reincidentes o reiterantes (que haya cometido un delito varias veces). También se incluirá a quienes hayan incurrido en crímenes graves, como homicidios, rapiñas y violaciones. Será el juez, en última instancia, quien resolverá si la concede o no.
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El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se ha manifestado en varias oportunidades a favor de este cambio. Fue su cartera la que llevó adelante esta iniciativa junto con el apoyo del presidente de la República, Tabaré Vázquez.
A criterio de Bonomi, la seguridad pública se ve afectada por un sistema penal en el que los fiscales tienen libertad para decidir qué medidas cautelares solicitan. El 27 de junio, el titular de Interior aseguró que "hoy, por defecto del sistema, con el cambio del nuevo Código del Proceso Penal, pero no por culpa del Código, hay quienes deberían estar privados de libertad y no lo están, pero no porque hayan salido los que se han rehabilitado".
De todos modos, aunque en este momento no hay norma que obligue a los representantes del ministerio público a solicitar prisión preventiva, pueden solicitar el prontuario de los sospechosos y evaluar sus antecedentes para definir qué medida pedir al juez.
