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Preocupan cambios en el concurso de ascenso de la cancillería
La concentración de días licencia, el éxodo de funcionarios que retornaba del exterior específicamente para concursar y la especial atención que las jerarquías más altas debían prestar al proceso hizo que el ministerio decidiera realizar algunos cambios para que no quedara todo condensado en un mes.
Además de esparcir la prueba en el tiempo, ahora los funcionarios que estén en el exterior tendrán la posibilidad de rendir la parte escrita del examen desde su destino y solo en los casos en los que haya una prueba oral (secretarios de segunda y primera, consejero y ministro consejero –este último con la defensa una tesis-) deberán viajar a Montevideo.
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Algunos de los cambios impulsados por la cúpula de cancillería generaron sorpresa en los funcionarios diplomáticos. La Asociación de Funcionario del Servicio Exterior del Uruguay (Afuseu) ha defendido siempre el anonimato de las pruebas para ascender, ante el entendimiento que es la única forma de blindaje respecto a posibles intentos de favoritismo.
Sin embargo, algunos funcionarios diplomáticos vieron un retroceso cuando leyeron en las bases del concurso de ascenso a consejero de este año que "el anonimato se develará antes de la realización de la prueba oral", según se establece en una resolución ministerial del 29 de mayo.
Fuentes diplomáticas dijeron a El Observador que antes se mantenía el anonimato hasta el final del concurso, pero que este cambio hace posible que los integrantes del tribunal oral conozcan con anterioridad el puntaje que lograron cada uno de los participantes en la prueba escrita. Los informantes señalaron que este tema fue planteado en Afuseu.
En el caso de los que concursan para ascender a secretario de primera también hay una revelación del anonimato luego de la prueba escrita pero el argumento, en este caso, es que se requiere un puntaje mínimo para acceder a la siguiente fase.
Otro de los cambios que abrieron la polémica en el ministerio es la realización de una tesis por parte de aquellos funcionarios que compiten para ascender al cargo de ministro consejero (el último eslabón concursable de la carrera).
Los candidatos tienen seis meses para hacer un trabajo escrito de un mínimo de 75 carillas y un máximo de 100 y son acompañados en el proceso por un tutor –que no será de la casa-, tal como ocurre en el mundo académico. En las bases se afirma que "se garantizará la aplicación de un sistema de control de plagio a los efectos de asegurar la autenticidad del trabajo presentado".
Los diplomáticos deberán seleccionar el tema de una lista que ofrece el ministerio. Para esta edición se ofrecieron 35 temas que abarcan asuntos tan diversos como el futuro del Mercosur, las posibles oportunidades y amenazas que Uruguay enfrenta a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la inmigración o el funcionamiento de los foros internacionales en los que Uruguay participa, entre otros varios.
Algunos de esos temas difícilmente puedan ser desarrollados como una tesis. Por ejemplo, el tema 5 del temario provisto por el ministerio pide "justificar la posición de Uruguay en el conflicto en Siria a la luz del comunicado emitido el 14 de abril de 2018". Es decir: pide elaborar una justificación en un trabajo académico a partir de un comunicado de prensa.
El otro aspecto curioso refiere al formato del trabajo. Las bases definen con exactitud los márgenes, tipografía y tamaño pero, sin embargo, nada se dice respecto al diseño metodológico de la tesis, la utilización de preguntas de investigación o hipótesis, tal como se acostumbra en un trabajo de este tipo.
Desde la cancillería se entiende que la monografía para los ascensos en las categorías más altas es lo común en los servicios exteriores alrededor del mundo.
Sin embargo, en este caso tampoco está del todo claro como harán para proteger el anonimato durante la defensa del trabajo. Hasta la llegada de la fase oral los únicos que sabrán la autoría de la monografía serán el tutor y el concursante.
El tutor determinará si el trabajo se ajusta al nivel de requerimientos establecidos, aunque su evaluación definitiva corresponderá al tribunal examinador.
