Procesaron con prisión a dueño de residencial clandestino de Río Branco

El hombre tenía un antecedente por falsificación de firmas al pedir préstamos en nombre de los adultos mayores y por eso fue procesado con prisión. "Se realizó un estudio exhaustivo de las circunstancias", explicó Olando.

Mientras se desarrollaba el proceso judicial, el sobrino de uno de los ancianos presentó otra denuncia penal contra López porque, según señaló, se llevó sin autorización a su tío a Cerro Largo, desde un centro de salud de Montevideo al que había sido derivado por problemas de salud.

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En julio de 2017, nueve ancianos fueron encontrados por la Policía en un galpón en un paraje cercano a Río Branco en malas condiciones de salud, al punto que debieron ser internados por orden judicial en el hospital de esa localidad. Eran seis hombres y tres mujeres, una de ellas con síndrome de Down, que vivían en un hogar clandestino en Río Branco al cuidado de López.

La denuncia fue presentada por una médica de esa localidad. Un equipo de especialistas fue hasta el lugar y encontró a seis hombres y tres mujeres encerrados sin luz, camas ni baños. Según supo El Observador, el hombre se enteró de que lo iban a ir a inspeccionar y pidió a una de las cuidadoras que trabajaba con él, Susana Pintos, que los llevara a un campo, que fue donde finalmente los encontraron.

En ese entonces, López dijo a El Observador que cobraba entre $3.000 y $9.000 por el servicio que brindaba y explicó que la tarifa variaba entre los internos. Las familias pagaban a López la cuota mensual y los ancianos que estaban solos iban a cobrar su pensión o su jubilación para cumplir con el pago.

Finalmente, los ancianos, que no tenían familiares que los pudieran recibir, fueron distribuidos en residenciales de Melo y Río Branco.

El papel del Mides

La directora del Instituto Nacional de Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Adriana Rovira, dijo en conferencia de prensa este viernes que la situación presuntamente delictiva del hombre procesado fue detectada en 2015 por la cartera. A partir de esa denuncia el hombre fue enviado a prisión y las ancianos que estaban alojadas en su vivienda fueron realojados.

Tiempo después la Justicia otorga la prisión domiciliaria a favor de López alegando que padecía enfermedades crónicas. A partir de allí la cartera recibe nuevas denuncias de que en la vivienda volvieron a ser alojados ancianos en condiciones irregulares.

En ese momento el Mides envía un equipo fiscalización para corroborar lo denunciado, pero López les niega el ingreso. Por esta razón la cartera presenta una denuncia policial.

De todas formas, para cuando el equipo del Mides llegó a Rio Branco, el hombre ya había trasladado a todos los ancianos a un campo. Según había dicho López a El Observador en julio de 2017, al saber que una inspección llegaría a la ciudad se "asustó" por lo que decidió trasladarlos.

"Los llevé por unas horas nada más para llamar a los familiares, nada más que eso (...). Yo les iba a llevar las camas de noche, por si los agarraba la noche, porque las tengo yo", había admitido el ahora procesado con prisión.

La policía –que respondía a la denuncia presentada por el Mides- encontró a los nueve ancianos que vivían en el residencial encerrados en un galpón en un paraje cerca de Río Branco. Debido a las malas condiciones de salud en las que fueron encontrados debieron ser trasladados a los servicios de salud pública de la ciudad fronteriza. Uno de ellos, que era insulinodependiente, debió ser atendido en Montevideo porque tenía comprometida una de sus piernas.

Nunca paró

"Los ancianos míos están todos en Salud Pública (de Río Branco) para que las familias los levanten, porque ya no quiero seguir más. Hay familias que me piden que yo siga, pero no quiero seguir más, porque ya bastantes problemas me dio" (la situación), había dicho Marcelo López. Sin embargo, la realidad fue distinta y según pudo probar la Justicia, la actividad de este "hogar clandestino", como lo definió la ministra interina de Desarrollo Social, Ana Olivera, nunca paró.

En diciembre de 2017 el Mides recibe nuevas denuncias de que el residencial continúa atendiendo a tres ancianos y traslada esa información a la Justicia. La policía comprueba que había en el lugar dos ancianos –uno había fallecido-. Entonces, son enviados a prestadores de salud de Rio Branco, quienes constatan que al anciano insulinodependiente se le debía amputar la pierna.

A pesar de las nuevas acciones de la Justicia, a las pocas semanas se presentaron nuevas denuncias de que la vivienda continuaba atendiendo a ancianos.

De hecho, el anciano insulinodependiente tras ser operado en Montevideo fue retirado del hospital sin autorización de la familia por la esposa de López y enviado de nuevo a Rio Branco. Por esta razón, el sobrino del anciano presentó una denuncia penal.

Rovira dijo que no se entiende como el prestador privado solicitó autorización a la familia para realizar la intervención quirúrgica, pero se permitió que una persona ajena retire al hombre. Durante algunos días la familia no sabía dónde se encontraba el anciano y fue el Mides quien colaboró con su búsqueda, hasta determinar que una vez más se encontraba en el misma vivienda de la que había sido retirado por las autoridades.