Protesta social no es partidaria

Un documento del Frente Amplio persiste en ignorar las causas, el alcance y la índole del movimiento de protesta social centrado en el agro al ponerlo en un "contexto de movilización de la derecha". Un solo Uruguay tiene carácter político puesto que rechaza tanto las políticas del gobierno en materia impositiva y tarifaria como el peso de la desmesura estructural del Estado que paga el sector privado. No tiene, sin embargo, la condición partidaria o ideológica que le asigna un preocupado informe elevado a la Mesa Política de la alianza de izquierda por su comisión de Asuntos Sociales. Es natural que el movimiento parezca tener el respaldo de partidos opositores, con los que coincide en muchos reclamos sobre tamaño del Estado y apertura comercial. Pero la conducción de Un solo Uruguay no está en mano de dirigentes partidarios sino de los productores que generaron la rebeldía social.

Es obvio, por otra parte, que la integración de Un solo Uruguay no está limitada a estancieros acaudalados o a vastos emprendimientos de grandes empresas. Abarca también a pequeños productores en modestas chacras, granjas y tambos. Se le han incorporado además sectores de otras ramas de actividad, creando un conglomerado en el que confluyen partidarios de todas las fuerzas políticas, incluyendo con seguridad a personas que han votado al propio Frente Amplio. Los une la protesta contra el exceso gubernamental de impuestos y tarifas de los servicios públicos y el reclamo de aligerar un Estado sobredimensionado, solo financiable con los ajustes fiscales que se han sucedido desde hace casi dos años y que castigan hasta el ahogo a muchos de los sectores productivos del país y a los hogares de ingresos bajos y medios.

El informe frenteamplista incluso reconoce "la disconformidad de votantes del Frente Amplio" con las cargas que su gobierno le impone a todos e insta a lanzar campañas para fortalecer el decrecido respaldo popular, como forma de evitar "un repliegue de la izquierda". El documento no parece entender que la actual convulsión social no tiene nada que ver con ideologías de izquierda o de derecha ni con cálculos electorales, sino con las políticas del gobierno en el campo económico. Los reclamos están claramente dirigidos contra el peso del sector público sobre el privado y contra los excesos recaudatorios que se han dispuesto para financiar un gasto público desmedido y de mala calidad y las ineficiencias de empresas y otros organismos estatales.

La incomprensión oficial del problema o su impotencia para solucionarlo tienden a exacerbar el movimiento de protesta. Disconformes con las migajas anunciadas por el gobierno, con alivios a cuentagotas para algunos sectores, los dirigentes de Un solo Uruguay han anunciado que adoptarán nuevas medidas de lucha, repitiendo las concentraciones que ya han realizado en diferentes partes del país. Estas acciones plantean tensiones que se irán agravando, en detrimento no solo de la necesaria paz social sino también de la capacidad productiva. La única forma de evitarlo es que el gobierno y su Frente Amplio reconozcan no solo la magnitud de la crisis sino, fundamentalmente, sus raíces causales y arbitren formas de atenuarla, en vez de preocuparse tanto por estimaciones electorales o por ribetes ideológicos que no existen.