Proyecto de ley regula conflictos de intereses en compras de hospitales

Esta fue una semana complicada para la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). No solo comenzó el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indagará las presuntas irregularidades en el organismo, sino que se conocieron las conclusiones de los sumarios que se realizaron en diferentes centros del interior del país y tuvieron como resultado "faltas graves y gravísimas" cometidas por sus autoridades. En ese marco, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció este jueves un proyecto de ley que busca "clarificar las distintas interpretaciones" sobre conjunción del interés público y privado en el manual de contratación pública (Tocaf).

El documento busca terminar con las contrataciones irregulares en ASSE, de hecho, afirma que "la propuesta surge de la preocupación general en el sector salud". Por ese motivo, precisa la redacción del Tocaf y señala que no son admisibles las ofertas presentadas por los "funcionarios públicos del órgano competente para contratar y gastar". En otras palabras, un funcionario que trabaje en un centro de salud de ASSE no puede venderle ningún servicio a ese hospital.

"Este proyecto tiene que ver con algunos problemas que hemos vivido en los últimos años sobre distintas interpretaciones acerca del alcance de los conflictos de intereses", dijo a la prensa el ministro este jueves. En ese sentido, la decisión de la cartera se vincula con las últimas irregularidades registradas en el prestador, donde directores de hospitales contrataron servicios a empresas de la que eran dueños.

Por ejemplo, una auditoría de 2014 realizada en el Hospital de Dolores reveló que la exdirectora de ese centro, Ana Falótico, contrató a la compañía EMS Limitada para que brindara servicios de traslado en ese centro, cuando ella y su esposo eran los dueños de la firma. Si bien la especialista ya no trabaja en ese hospital, el directorio de ASSE resolvió a finales de agosto suspenderla por 91 días con retención de haberes luego de que un sumario determinara que había cometido "una falta grave".

Otro caso similar es el del Hospital de Mercedes. La entonces directora Patricia Laxaga renunció en 2014 luego de que una auditoría mostrara que también había contratado a una empresa de traslados de la que ella era socia. El estudio cuestionó que la contratación hubiera sido a través de compra directora y estableció que hubo "conjunción del interés público y privado". En este caso no hubo sanción por parte del directorio, ya que la jerarca dejó el cargo antes de que hubiera un pronunciamiento. Fuentes de ASSE dijeron a El Observador que "es común" que los funcionarios renuncien cuando se detectan irregularidades porque así evitan las sanciones.