Proyectos para Estación Central impedidos de aplicarse hasta dictamen de la Justicia

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, ingresó este lunes a la sala de prensa de la Torre Ejecutiva para dar una noticia que parecía ser el comienzo de una remodelación en pausa desde hace años. Varias instancias judiciales detuvieron en el tiempo a la Estación Central de Ferrocarriles General Artigas que, víctima de los tiempos de la Justicia y de los pleitos entre un privado y el Estado, hace lo que puede por no caerse a pedazos.

Rossi anunció que la Justicia delegó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte, la custodia de la Estación Central y de los dos padrones contiguos de playas de maniobras para poder realizar el mantenimiento de la infraestructura. Se cambiarán el cerramiento y alumbrado y se limpiará para que pueda ser visitado. "Tenemos ideas y estamos preparando iniciativas", dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, las ideas que el gobierno pueda tener o estar delineando lejos están de aplicarse porque deberá esperar por un juicio al que le falta, por lo menos, un año y medio más.

El anuncio del gobierno de este lunes se refiere tan solo a una de las tantas vigas judiciales que tiene el edificio de La Aguada, y de hecho a la más pequeña. En la Rendición de Cuentas del 2016, el Poder Ejecutivo incluyó un artículo que lo habilitaba a presentar un escrito ante la Justicia "en cualquier estado de la causa" que está en proceso desde hace años "la entrega en custodia (de la Estación Central) en función de su carácter patrimonial". Ese artículo entró en vigencia el 1° de enero de 2017 y el Poder Ejecutivo finalmente presentó la solicitud y obtuvo un sí, explicaron a El Observador fuentes vinculadas al caso. Pero ese sí no implica, como dice la Rendición de Cuentas del año pasado, que el juicio que sigue en curso se detenga. Por ese motivo, lo único que puede hacer es custodiarlo, pero no destinarlo a ningún proyecto en particular, como se intenta hacer con un privado de por medio desde el gobierno de Julio María Sanguinetti por diferencias entre quien ganó la licitación y el Estado.

Actualmente es la Administración Nacional de Puertos la que se encarga del mantenimiento de la playa de maniobras y la Prefectura Nacional Naval protege el lugar de personas que puedan ocuparlo.

Durante la segunda presidencia de Sanguinetti, la idea de construir un centro comercial, un hotel cinco estrellas y un complejo de oficinas en el edificio de la Estación Central surgió con fuerza. No se trataba de un proyecto aislado, sino que iba a ser parte del Plan Fénix, un conjunto de obras que tenían por objetivo revitalizar la zona de la Aguada. Saduf SA, propiedad del Banco Hipotecario, adquirió los predios y los licitó en 1999 por 50 años.

Fernando Barboni, dueño de la empresa Glenby SA fue quien ganó el llamado, pero no pudo acceder al inmueble para comenzar las obras por demoras que, al cumplir 13 años, lo llevaron a presentar una demanda contra el Estado por no entregarle el edificio cuando debía. La demanda fue por US$ 1.000 millones por lucro cesante y daño emergente. Ese año, el Estado entregó la llave al empresario pero no la quiso recibir, dijo a El Observador una fuente vinculada al caso.

La demanda presentada por Barboni no era la primera en esta causa ni tampoco el primer enfrentamiento del empresario con el Estado. Glenby pagó la primera cuota fijada por la licitación –que había sido pesificada por el BHU- pero no llegó a pagar la segunda porque lo estipulado era que se pagaba cuando se entregaba el bien, algo que no sucedió. Tanto es así, que el 20 de febrero de 2003 Saduf SA (la empresa gestionada por el BHU) entró en mora por no entregar los bienes y como respuesta, el Estado inició un juicio a Barboni por incumplir con su parte del contrato.

Tanto en primera como en segunda instancia, la Justicia le dio la razón al empresario, el Estado llevó el tema a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con un recurso de casación y también perdió. Según el máximo órgano de la Justicia, el Estado no podía reclamar una rescisión del contrato porque estaba en deuda al no entregar lo estipulado en tiempo y forma.

Cuando ese juicio se terminó, comenzó el de los US$ 1.000 millones que también tuvo tres instancias, pero con resoluciones opuestas. En las tres instancias, incluida casación que tuvo su fallo en 2015, la Justicia entendió que Barboni no tenía razón en reclamar ese monto y el Estado no tuvo que pagar un peso por daños y lucro cesante.

¿El fin de esos dos juicios fue el final de la historia? En absoluto. Porque un año después, el Estado intimó a Barboni a empezar con el proyecto, el empresario se negó y fue otra vez por la vía judicial con una nueva demanda en la que pedía rescindir el contrato por incumplimientos. Esa es la demanda que sigue en curso, con dos agregados. Por un lado, el Estado interpuso una excepción de caducidad y cosa juzgada, que significa que se terminó el plazo para hacer reclamos por incumplimientos estatales. Sobre ese punto se estima que habrá una resolución aproximadamente en noviembre.

Pero eso no es todo. Porque el Estado también presentó al mismo tiempo una petición a la Justicia para la resolución del contrato. Como las dos partes solicitan que se rescinda, la hipótesis más firme es que finalmente se llegará a ese final. Lo que el juez de la causa debe dilucidar es si la relación contractual se termina porque uno u otro fue el responsable. Y no solo eso, porque antes deberá determinar si hay algo para juzgar ya que de fallar a favor del recurso de caducidad, eso significaría que no hay caso que analizar porque caducó.

La nueva resolución a partir de la ley de Rendición de Cuentas es el primer paso del Estado para que el lugar pueda ser visitado, pero no modifica en absoluto el largo proceso judicial por el que aguarda la Estación Central con un poco más de herrumbre cada día.