Proyectos parlamentarios en el sentido equivocado

Legisladores no oyen el clamor de la gente que se desloma trabajando y no quiere que se siga tirando la plata
Por José Luis Echevarría Petit*

Se encuentra en fase de preparación un proyecto de ley que prevé una reserva del 30% de las compras estatales para empresas cooperativas, a las que, adicionalmente, se les concede un margen de preferencia de precio del 20%. No cabe menos que alarmarse por este tipo de iniciativas, que alegremente proponen disponer de los dineros de los contribuyentes para la contratación (obligatoria) de determinadas organizaciones, más allá de la calidad de sus productos, y dando por bueno que cuesten más que los de su competencia. Me refiero a los contribuyentes, porque decir que el Estado les paga parecería expresar que lo paga un tercero. Lo que gasta el Estado es dinero de los contribuyentes, que no tienen opción ni opinión cuando les cobran impuestos.

Con este proyecto que comento, no sólo se impone a los contribuyentes un nuevo impuesto a la ineficiencia, sino que además se pone un incentivo a la ineficiencia a este tipo de organización cooperativa, que por esto mismo queda condenada a la muerte más temprano que tarde.

Aquello de "en vez de darle pescado, enséñale a pescar", que está lleno de sabiduría y verdadera solidaridad, parece no haber sido ni siquiera escuchado por quienes impulsan esta iniciativa. Es tan abierta la contradicción, que uno se pregunta si efectivamente quienes propugnan esta iniciativa quieren que los cooperativistas aprendan a pescar, o desean que se vuelvan esclavos y vuelvan a mendigar más pescado. Pero aspectos teleológicos aparte, lo que es francamente increíble es que los proponentes crean que es bueno el Estado compre más caro, como si el déficit fiscal fuera hipotético y la carga fiscal fuera una risa.

Esto me lleva a una reflexión sobre el papel de los parlamentos.

Pensar que la Carta Magna de 1215 fue considerada por siglos (así lo estudiamos en mi generación) un avance fundamental en la protección del ciudadano contra la voracidad del Rey y que en el Iluminismo el Legislador, y su expresión, la ley, se erigieron en la garantía contra esos desbordes que antes encarnaba un rey y ahora los gobernantes de turno.

Pues ahora, el Poder Ejecutivo y el parlamento están impulsando proyectos que implican más gastos, más déficit y mayor carga tributaria (ya asfixiante) mientras que muchos de sus votantes (distraídos o engañados, supongo), los aplauden. Digo distraídos o engañados porque creen que el Estado paga.
¿No se dan cuenta que lo que los gobernantes de turno gastan dispendiosamente se paga con las lonjas de sus propios lomos?

Y por otro lado tenemos el proyecto de los cincuentones que es, a mi juicio, otro proyecto en el sentido equivocado. Por su costo (que nadie calcula con exactitud) y por contradecir la cultura del esfuerzo en pos del porvenir de nuestros descendientes.

En primer lugar, como soy cincuentón, no puedo dejar de sonrojarme al pensar que para que cobremos más jubilación vamos a condenar a mis futuros nietos a que pongan a fondo perdido miles de millones de dólares (sí miles de millones de dólares).

El país en el que viví es el regalo de muchas generaciones de antepasados, (padres, abuelos,
bisabuelos, etc.) que se rompieron el alma para generar bienestar para las futuras generaciones. Sí, busquen para atrás al primer inmigrante de sus antepasados y piensen: trabajaban a muerte, algunos vivían en el mismo lugar que trabajaban, no tenían vacaciones, ni fines de semana, ni jornada limitada, ni comodidades, ni...

¿Para qué lo hacían?

Para que sus hijos pudieran subsistir, prepararse y mejorar desde el punto de vista cultural, social y económico.

Es decir que los cincuentones recibieron de sus antepasados el fruto de un esfuerzo generoso e inquebrantable. ¿Qué nos pasó? ¿Qué cambió para que la naturaleza de los uruguayos se haya transformado, y en vez de ser devotos del deber y del esfuerzo generoso en pos de futuras generaciones nos hemos vuelto suficientemente descarados como para imponer a nuestros nietos un yugo imposible para que nosotros (que aún podemos trabajar y mejorar nuestras condiciones) ganemos más jubilación?

Por otro lado, ¿no se acuerdan los cincuentones por qué se aprobó la ley de Seguridad Social?
¿Creen que si se hubiera continuado con el sistema de solidaridad tendrían la posibilidad de jubilarse en las condiciones que hoy les tocará por la combinación de BPS y las AFAP? Pues sencillamente la respuesta es no.

No señores, si no se hubiera cambiado el sistema, nosotros –los cincuentones– no tendríamos dinero propio depositado en las AFAP, ni tendríamos chance alguna de saber qué es lo que iríamos a recibir de jubilación (siempre fue un secreto sólo conocido por los augures del BPS), ni mucho menos tendríamos posibilidad de incidir sobre el monto de la jubilación.

Es decir que el reclamo que hoy hacen los cincuentones y que irresponsablemente impulsa el Poder Ejecutivo y se apresta a votar parte del Parlamento, es posible gracias a la reforma previsional que ahora tratan de destruir.

De lo contrario, los cincuentones estarían yendo a que les tiraran las cartas para saber si tendrían jubilación. A veinte años de aquella ley, y a sabiendas de que el sistema tiene mayor salud que entonces, el Poder Ejecutivo y parte del Parlamento están dispuestos a poner en riesgo de colapso a todo el sistema que nos salvó de la ruina. ¿Para qué? Para favorecer a 80 mil cincuentones que no plantearon la inconstitucionalidad cuando los obligaron a afiliarse (porque sabían que si no lo hacían no tenían chance de jubilarse) y que ahora, fogoneados por grupos detractores del sistema mixto se paran en la vereda de enfrente a tirar piedras al sistema y a exigirles a sus nietos que paguen la diferencia entre lo que cobrarán por el sistema mixto (pájaro en mano) y la suma hipotética e irrealizable que "habrían cobrado" si no se los obligaba a afiliarse (ciento volando). Me pregunto si esos 80 mil cincuentones pensaron que el dinero que recibirán (si el BPS sigue existiendo y es solvente cuando se jubilen), esos miles de millones de dólares, los van a poner ellos mismos por medio de impuestos. Otra vez: ¿Creen que el Estado produce riquezas para repartir? ¿El Parlamento comprometerá nuestro futuro con este beneficio a los 80 mil cincuentones?

Y cuando colapse, ¿qué van a decir?

Esperemos que el Parlamento en algún momento sienta la interpelación del ciudadano común que no puede presionar para ganar más, sino que sólo puede trabajar más para pagar más impuestos. La historia lamentablemente se repite: el nuevo monarca tiene mano rota: ahora no para castillos, sino para empleados, aviones, "días de campo" millonarios de los Consejos de Ministros, ineficiencias, regalos a empresas fundidas, contratos con sobrecosto con cooperativas gestionadas, acuerdos dadivosos con ONG amigas, votos, etcétera.

Lamentablemente muchos de nuestros parlamentarios no nos protegen. No oyen el clamor de la gente que se desloma trabajando y no quiere que se siga tirando la plata a la marchanta.
En todo este carnaval, la actitud del ministro Astori es resaltable y esperemos que evite el dislate y no afloje, porque concuerdo en que el futuro del país está en juego. Me pregunto si habrá que esperar a que todo colapse y a que a la vaca (la ciudadanía) se le sequen las ubres. ¡Dios quiera que el legislador reaccione antes!

*Socio a cargo de Echevarría Leunda & Echevarría Petit Abogados. Dr. En Derecho y Ciencias Sociales, (Udelar), Magister en Derecho Administrativo Económico; Magíster en Derecho de la Empresa (UM). Profesor de Contratación Administrativa (Pmdae, UM)

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