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Recurso de inconstitucionalidad podría frenar la causa ANCAP
Los abogados de Germán Riet y Juan Gómez presentaron un recurso contra el delito de abuso de funciones
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24 de marzo de 2018 a las 21:44
La defensa de Germán Riet y Juan Gómez, ambos imputados en la causa Ancap, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones, por el que ambos fueron señalados por el fiscal Luis Pacheco, informó Telenoche. Este recurso, que debe ser elevado por la jueza del caso, Beatriz Larrieu, a la Suprema Corte de Justicia para que lo estudie, podría detener toda la causa. Es que para avanzar en las actuaciones habría que esperar a que la Suprema Corte se expida al respecto.
"Toda la doctrina entiende que es un delito inconstitucional, un delito con la base muy abierta, abarca mucha cosa y vulnera ciertos principios elementales, por lo que entendimos que no lo podíamos dejar pasar", dijo el abogado Pablo Barreiro a Telenoche. El abogado reconoció que aunque la Suprema Corte ya rechazó otros recursos similares en contra del delito de abuso de funciones, el reciente cambio de integrantes del órgano judicial podría ser una oportunidad.
Según dice el recurso presentado, al que accedió El Observador, el delito de abuso de funciones "vulnera en forma clara el principio de protección jurídica que establece el artículo 7 de la Constitución, así como el principio de legalidad o reserva legal impuesto por el artículo 10 de la propia Carta.
El escrito agrega que el delito de abuso de funciones en casos especialmente no previstos por la ley no da la "certeza, claridad y precisión" necesarias en un derecho que se precie de liberal y democrático.
La jueza dijo a Telenoche que deberá estudiar el recurso para resolver si lo eleva a la Suprema Corte por separado -solo en los casos de Riet y Gómez- o si lo unifica a los otros casos, lo que prácticamente detendría todo el proceso, ya que de los nueve a los que Pacheco señala de haber cometido algún delito, ocho están acusados de abusos de funciones. El delito de abuso de funciones es rechazado por buena parte de la academia y el Parlamento inició en 2017 un proceso con miras a derogarlo, debido a lo impreciso de su redacción.
