Riesgoso aumento del gasto

Retacear fiscales y postergar por dos años la implementación de la ley de género han emergido como las primeras víctimas identificadas de las restricciones presupuestales introducidas por el gobierno en la Rendición de Cuentas de este mes, la última del período. Pero se necesita mucho más para atenuar algo las ensombrecidas perspectivas de la economía. Los ineludibles requisitos de austeridad fiscal que se habían prometido, sin embargo, están ausentes en el anuncio del ministro de Economía, Danilo Astori, de que el gasto público se ampliará en US$ 300 millones en los dos años próximos. El grueso se asignará a la educación y la salud, dos áreas sin perspectivas de mejoramiento por negativa a reformarse e ineficiencias de gestión, así como a la seguridad pública.

La decisión oficial se basa en la frágil esperanza de que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca a un ritmo del 3,3%. No solo esta mejora es más que incierta por una conjunción de factores, sino que, aunque se alcanzara, solo cubriría parte del gasto adicional. Los ahorros en fiscales y en la puesta en práctica de la ley de género son, por otra parte, una gota de agua en las limitaciones que era imperativo introducir en el gasto público para enfrentar un panorama fiscal cada vez más apremiante, que ha sido ignorado en la expansión anunciada por Astori.

Hay que reconocer que el gobierno está entre la espada y la pared: la necesidad de no aumentar ni gasto ni déficit y la enorme presión de su partido para aumentar ambos. El aumento del déficit del sector público a 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) implica alejarse de la meta oficial de bajarlo al 2,5% al fin del período. Se agregan la previsible caída del turismo por las convulsiones financieras en Argentina y Brasil, reducciones en otros rubros de exportación, la pérdida de más de US$600 millones por la baja cosecha de soja este año y menor consumo interno por desempleo y por el fortalecimiento del dólar. Y este último factor amenaza empeorar la inflación, que ya está por encima del tope del rango meta oficial, por aumento de costos en elementos importados además de impactar negativamente en todas las transacciones domésticas en dólares.

La lógica económica exige que el gobierno, al revés de lo que las administraciones del Frente Amplio vienen haciendo desde hace años, bajar el gasto público en vez de aumentarlo. La lógica política partidaria y el advenimiento del año electoral llevan a lo contrario. Era el camino natural para enfrentar una situación compleja por incidencia de factores negativos, tanto internos como regionales y mundiales. Se ha tomado, en cambio, un camino del medio que no deja contento a nadie: sube el gasto pero no se aplaca la conflictividad. Los paros y protestas, que ya venían en pleno vuelo, han recrudecido luego del anuncio de Astori, especialmente en el área de la educación pública. Sindicatos docentes, de funcionarios y estudiantes se movilizan en las calles exigiendo el manido aumento al 6% del PIB en el presupuesto para el área, meta sin sustento mientras la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) siga aprovechando la inacción tolerante del gobierno para sacarle el cuerpo a las reformas sustanciales que exige la enseñanza estatal. El gobierno rehúsa llegar al 6% pero tampoco se arriesga a tomar el camino correcto. Todo apunta a pobres resultados de las cuentas públicas en lo que resta del período. Pero otra cosa no puede pedirse.