Las políticas sociales aplicadas por el Frente Amplio fueron efectivas para reducir la pobreza monetaria. Cualquier análisis más o menos riguroso que mida la pobreza en función de los ingresos no deja otra conclusión. Sin embargo, el director nacional de Policía, Mario Layera, señaló en entrevista con El Observador que existe un grupo de personas a las que el Estado no les llega, y generan bolsones de marginalidad que son caldo de cultivo para la delincuencia. "Es un individuo totalmente por fuera del sistema", dijo, y puso en cuestión el rol del Estado y de los planes sociales para alcanzar a esos segmentos excluidos.
Es que, según expertos, las políticas sociales llegaron a un límite en el que se hace necesario una revisión. Lograron un primer objetivo pero deben instrumentarse cambios para llegar a un núcleo duro de la pobreza para el que, actualmente, la estrategia aplicada resulta estéril.
Eso se trasciende la pobreza monetaria y se refleja en la calidad de la vivienda, el acceso a servicios o logros educativos, en donde los avances no son tan contundentes. "La evolución es más lenta, lo que también es esperable porque el ingreso es la variable que reacciona más rápido, y los logros educativos es la dimensión que evoluciona más lento", dijo a El Observador Martín Leites, integrante del Departamento de Desigualdad y Pobreza del Instituto de Economía, y explicó que las inversiones educativas son las que demoran más en dar resultados. Desde el Mides, en tanto, prefirieron no dar declaraciones para esta nota.
A pesar de que la pobreza llegó a mínimos históricos, en Uruguay todavía tiene cara de niño. Cuando se mide la pobreza en esa franja etaria (menor de seis años), duplica al promedio general y alcanza el 17%. En Montevideo la realidad es incluso más dramática y uno de cada cuatro menores de 6 años es pobre. Entre los mayores de 65 años la pobreza apenas llega al 1%. Los hogares que están por encima de la línea de pobreza con ingresos equivalentes a una canasta básica y media, concentran hoy en Uruguay el 38% de los menores de 15 años y el 41% de los menores de dos años, según los datos que se desprenden de la Encuesta Continua de Hogares.
A fines del último año la canasta básica era de $ 29.101 en Montevideo para un hogar de dos personas y de $ 18.688 en el interior urbano del país. Para un hogar de cuatro integrantes, en tanto, esos montos trepan a $ 35.377 y $ 24.494, respectivamente, según los datos del INE.
Para el sociólogo Gustavo De Armas, consultor de Unicef en temas de primera infancia, esta infantilización de la pobreza tiene que ver con que las políticas todavía tienen un "sesgo proadulto".
Eso, cuando los datos indican que la población más vulnerable sigue siendo la primera infancia.
Uruguay destina 26% (era 20% en 2005) de su Producto Bruto Interno (PBI) al gasto público social (educación, salud, seguridad y asistencia social, vivienda y saneamiento, y gasto no convencional) y más de la mitad (51%) de ese gasto va para la seguridad social, según datos del Mides publicados en Reporte Uruguay 2017. Le siguen salud y educación con un 24,4% y 17,7%.
"La discusión tiene que ser sobre si es necesario un esfuerzo mayor destinado a la primera infancia", agregó De Armas. Más allá de un cambio de diseño, el sociólogo entiende que el foco debe estar en la magnitud y el alcance de las políticas que se implementan en la actualidad.
Leites, sin embargo, entiende que es necesario poner en práctica nuevos instrumentos porque las personas que todavía persisten en situación de pobreza tienen características especiales. "Se trata de un núcleo duro de la pobreza que no pudo aprovechar ni el ciclo de crecimiento económico ni la batería de medidas", explicó.
“Se trata de un núcleo duro de la pobreza que no pudo aprovechar ni el ciclo de crecimiento económico ni la batería de medidas”, explicó Leites
Si se toma un margen de 50% sobre la línea de pobreza, los números dicen que el 22% de la población vive en hogares que no alcanzan a superar esos ingresos. Se trata de personas que son vulnerables a cambios en la coyunturas económicas. Y ese es otro de los desafíos que vislumbra Leites: la población que logró salir de la pobreza en los últimos años pero todavía es vulnerable. El economista entiende que es necesario pensar instrumentos que permitan mantener a esa gente por encima del umbral de pobreza.
El sociólogo y asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, planteó una inquietud similar. "El enfoque de las políticas sociales que hizo bajar la pobreza de un 40% a un 8% fue el correcto, pero ahora pasamos de pantalla. Cuando pasas de pantalla tenés que cambiar", dijo a El Observador a principios de marzo.
Evaluaciones
El Instituto de Economía se ha dedicado a evaluar los distintos programas del Mides y si bien los resultados no son comparables entre sí, porque las políticas están dirigidas a distintos públicos y se evalúan de manera diferente, algunos han arrojado mejores resultados que otros.
Uruguay Crece Contigo, una política dirigida a la primera infancia (0 a 3 años) y a mujeres embarazadas tuvo resultados efectivos. "Eso lo podemos afirmar con relativa contundencia", dijo a El Observador el economista Gonzalo Salas también integrante del departamento de Desigualdad y Pobreza. El programa tuvo un fuerte impacto en el desarrollo nutricional de los niños e impactos menores en la asistencia a la educación preescolar.
388.000 menores de 18 años recibieron asignaciones familiares en 2017, según datos del BPS a los que accedió El Observador. Es la principal política de transferencia monetaria del gobierno.
El programa Jóvenes en Red, dirigido a jóvenes de entre 14 y 24 años sin ciclo básico terminado y desvinculados del mercado formal de trabajo, tuvo "indicios de algunos resultados positivos", dijo Salas.
Los jóvenes entre 14 a 18 años tuvieron cierto grado de revinculación con el sistema educativo pero el programa no fue exitoso entre los más grandes, según las evaluaciones en las que participó Salas. De todas formas, el estudio detectó que los jóvenes que participaban del programa lograban una mayor conciencia de la realidad en la que estaban. "Eso no era un objetivo directo del programa pero puede generar modificaciones a largo plazo", explicó.
El gobierno, entonces, se enfrenta al desafío de rediseñar algunos de sus planes sociales si es que quiere seguir celebrando cada vez que un nuevo número sobre pobreza se hace público.
Los logros
Los registros de pobreza e indigencia marcan mínimos históricos desde que comenzaron a existir números oficiales. El 7,9% de los uruguayos se encontraba en situación de pobreza en el promedio de 2017, según el INE, y la indigencia apenas llega al 0,1%. En el último año, 51.200 uruguayos empezaron a percibir ingresos que los colocan por encima de la línea que determina si tienen sus necesidades básicas satisfechas.
"Todos los análisis plantean que las políticas de transferencias de ingresos tuvieron una incidencia fuerte en reducir la pobreza monetaria", dijo Leites. El especialista aseguró que esos programas representaron un "shock de ingresos" en los hogares que permitió que superaran el umbral de pobreza. El Ministerio de Desarrollo Social aplica 17 programas de asistencia social, según la última Rendición de Cuentas de la cartera. Estos programas se suman a las asignaciones familiares y al Plan de Equidad que son entregados por el Banco de Previsión Social (BPS).
De Armas apuntó en el mismo sentido y destacó que las políticas dirigidas a los niños han tenido resultados positivos en los indicadores convencionales.
"Todas las evaluaciones muestran un impacto positivo cuando se compara la población beneficiaria con la que no recibió planes", explicó el sociólogo. Peso y talla en relación a la edad y la presencia de anemia son algunos de los indicadores que se miden y que tuvieron evoluciones favorables.
De todas formas, Leites señaló que las políticas sociales no pueden analizarse como el único componente de las causas de la reducción de la pobreza porque también hay que tener en cuenta el crecimiento de la economía, los Consejos de Salarios, el aumento del salario mínimo y el mercado de trabajo.
Los planes exitosos que quedaron por el camino
Las declaraciones del director nacional de Policía, Mario Layera, pusieron en tela de juicio el trabajo interinstitucional del Estado. “Está muy compartimentado”, dijo a El Observador el pasado fin de semana. Sin embargo, dos programas sociales que se jactaban de ser un buen ejemplo de trabajo en conjunto quedaron por el camino en este período de gobierno. El progrma Aulas Comunitarias, dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años que repitieron hasta tres veces primero de liceo o nunca ingresaron a Secundaria, dejará de funcionar este año.
En ese programa trabajan hasta 2017 el Mides, Secundaria y distintas ONG. Este año, al saber que el programa finalizaba, el Mides dejó de participar, dijo a En Perspectiva la excoordinadora del programa Alejandra Scafati. En el período de mayor expansión del programa hubo 26 aulas comunitarias, hoy solo quedan cinco.
El plan Siete Zonas es otro de los programas que había mostrado resultados positivos y que en este período se quedó sin recursos. Se logró una mejora en el acceso a los servicios, en la posibilidad de transitar por el espacio urbano, en el uso del tiempo libre y los servicios públicos, según el asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. Participaban el Mides, el Ministerio del Interior, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otros organismos del Estado.
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