Sendic dijo que es una "víctima" de la situación y que no se enriqueció durante su gestión en ANCAP

Uno de los puntos que fueron denunciados por la oposición en la Justicia de Crimen Organizado es el referido a la exportación de cal por parte de la subsidiaria de Ancap, Cementos del Plata, a la brasileña Compañía de Generación Térmica de Energía Eléctrica (Cgtee). Se suponía que el negocio requeriría una inversión de US$ 95 millones, ya que hasta el momento ANCAP no producía cal –aunque tenía la piedra para hacerlo–, pero terminó costando US$ 148 millones. Para la logística se contrató sin licitación a una empresa propiedad de un empresario brasileño. El costo del flete por tonelada era de US$ 105, unos US$ 35 por encima del costo de mercado para este tipo de servicios, según declaró ante la comisión parlamentaria el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga, Diego Valverde.

Ante la Justicia del Crimen Organizado, el gerente general de Cementos del Plata, Juan Romero, admitió que el empresario propietario de la empresa de transporte Pleno Verde había colaborado como nexo entre ANCAP y Cgtee, participando en al menos dos reuniones de negociación entre la firma uruguaya y la brasileña, según reveló el libro Sendic, la carrera del hijo pródigo. Como Cementos del Plata no tenía experiencia produciendo cal, ni tampoco infraestructura, decidió comprarles a proveedores locales con los que no firmó ningún contrato. No pudo cumplir con los requisitos de cantidad y calidad del contrato, por lo que la empresa fue multada.

Desde que Búsqueda y el programa Así nos va de radio Carve informaran sobre los gastos del expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, con su tarjeta corporativa, el tema fue incluido en la causa que investiga irregularidades en el ente. Sendic hizo gastos en tiendas de electrónica, muebles y free shops. El pronunciamiento de la Junta de Ética del Frente Amplio por este tema lo llevó a renunciar a la vicepresidencia.

Hasta ahora, todos los directores del ente petrolero, tanto de la oposición como del oficialismo, dijeron haber utilizado la tarjeta coorporativa según la norma. Sin embargo, este miércoles cuando declare Sendic, deberá ser más detallado en sus explicaciones, ya que un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) señaló irregularidades en el uso de su tarjeta.

La contratación de Exor como intermediaria en las negociaciones entre ANCAP y Pdvsa, a la que le debía una cifra superior a los US$ 800 millones producto de un acuerdo firmado en 2005 entre ambos gobiernos para financiar la compra de crudo, generó sospechas en la oposición, que decidió llevar el tema a la Justicia. La selección de esta empresa se hizo sin llamar a ninguna licitación y, además, la compañía, que debía armar una ingeniería financiera que redujera la deuda de ANCAP, fue retirada del negocio a último momento, por lo que decidió iniciarle un juicio a ANCAP que continúa en tribunales. La pregunta de los representantes de los cuatro partidos de la oposición es cómo llegó Exor a intermediar y por qué cuando todo estaba pronto para ejecutarse se decidió prescindir de sus servicios.

El director blanco de ANCAP, Diego Labat, declaró a la Justicia que el Directorio no estuvo enterado de que Exor participaría de la cancelación de la deuda con PDVSA sino hasta ocho meses después de que comenzara a trabajar. La normativa de ANCAP, según señaló Labat, permite que el presidente del ente actúe para resolver en caso de urgencia, pero esa decisión debe ser ratificada por el Directorio en forma inmediata, lo que en este caso no sucedió. Además, el expresidente de ANCAP José Coya admitió que Exor no fue la primera empresa en ofrecerse para reducir la deuda de ANCAP. Exor llegó a ANCAP a instancias del también expresidente del ente Raúl Sendic.

El Ky Chororo es un buque para el transporte de combustible encargado por ANCAP a la Armada Nacional en marzo de 2009, a instancias del entonces presidente del ente Raúl Sendic. Quien diseñó la barcaza, cuyo costo superó los US$ 13 millones, fue una empresa argentina que entró en el negocio sin licitación y a la que se acusa de haber dado un sobreprecio.

El buque fue inaugurado en 2013, pero recién se utilizó en 2016. En la Justicia, la Armada señaló que fue ANCAP quien recomendó contratar la empresa argentina que diseño el barco sin llamar a licitación, mientras que el ente petrolero dio la versión contraria.

En 2010 ANCAP y Petroecuador llegaron a un acuerdo mediante el cual la empresa ecuatoriana le vendería petrolero al ente uruguayo para que luego este le revendiera el gasoil. Por ese negocio el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo en Uruguay: "Ecuador produce petróleo pero no tiene capacidad de refinación, y caímos en el gravísimo error de exportar crudo, incluso vendiéndoselo a intermediarios que seguramente luego se lo vendían a Uruguay con una comisión, para importar derivados también de intermediarios".

Sin embargo, este negocio se hizo a través de un intermediario, que no fue elegido por licitación: la multinacional holandesa Trafigura. La oposición decidió incluir la participación de esta empresa en el negocio con Ecuador por entender que es irregular la forma en la que fue contratada, ya que eso implicaría que el Estado no se informó sobre si existían alternativas más rentables antes de contratarla.

El representante de Trafigura para Uruguay reconoció ante la Justicia –que investiga la denuncia sobre ANCAP que presentaron los partidos políticos de oposición en 2016– que en el año 2010 esa empresa mantuvo un negocio de intermediación de combustibles entre Ecuador y ANCAP, sin que mediara, para ser elegida, un llamado a licitación o algún mecanismo de selección. De acuerdo al acta judicial de la comparecencia del ingeniero industrial Nicolás Simian de la empresa Trafigura, ANCAP firmó un contrato con esa compañía holandesa en el año 2009 tras participar de llamado a precio y un proceso de licitación, que luego no se renovó. La firma le garantizaba a ANCAP un margen fijo por barril, la firma de contratos espejo entre ANCAP y Petroecuador e indemnidad por cualquier problema que pudiera surgir.

La oposición acusa que la contratación de la agencia La Diez por parte de ANCAP fue irregular. De hecho, fue observada por el Tribunal de Cuentas, que reclamó su descalificación, básicamente por haber presentado antecedentes de trabajo que no le correspondían como empresa. Según cuenta el libro Sendic, la carrera del hijo prodigo, el dueño de la agencia también trabajó en la campaña de Sendic.

Los directores del oficialismo defendieron el incremento de la inversión publicitaria entre 2013 y 2014, que alcanzó los US$ 10 millones –seis veces más de lo que tenia previsto gastar– como una forma de contar las inversiones que el ente estaba realizando. Sobre el gasto en radio de Quebracho, que no estaba funcionando, el expresidente José Coya quedó en entredicho.