Si va a sacar la licencia de conducir con academia, a partir de mayo tendrá que pagar unos $ 6.000 más

Según dijo a El Observador el presidente de la organización, Álvaro Beloqui, si no obtienen respuestas presentarán un recurso de inconstitucionalidad. La principal objeción de la asociación es que la cantidad de clases no puede ser igual para todos los aspirantes y aseguran que el número 25 es "totalmente arbitrario". "Esto es un número que se le ocurrió a alguien atrás de un escritorio en la Unasev (Unidad Nacional de Seguridad Vial)", agregó Beloqui.

"No existe un estándar en los seres humanos donde sea visible y comprobado científicamente que la capacidad intelectual o de aprendizaje les es igual a todos", dice el borrador del petitorio al que accedió El Observador. Los instructores entienden que muchas personas ya vienen con conocimiento, por lo que no son necesarias las 25 clases. "El instructor debe poder decidir en qué condiciones está el alumno", explicó. En la intendencia aseguran que esta nueva reglamentación apunta a controlar la calidad de las academias.

El aumento del costo de todo el proceso también preocupa a las academias. Las 25 clases ($14.375 aproximadamente), más el costo de la libreta ($1.333) y el examen médico ($1.000 en promedio) suman $16.000. El aumento de precio, según los instructores, llevará a disminuir su trabajo porque incentiva a realizar la prueba en otro departamento (sin tener que pasar por las clases) o a realizar las clases en el auto de un familiar y registrarlas ante la IMM.

Actualmente, con la exigencia de las 15 clases, el costo total de la libreta es de $ 10.723, con el examen médico (unos $ 400). Cada clase tiene un costo de unos $ 600.

Otro de los elementos que genera rechazo de la asociación es la prohibición de trabajar como instructor para aquellas personas que hayan cometido una infracción de tránsito. "No se ve por ninguna parte cuál puede ser el interés general en que podría fundarse el privar de por vida de una oportunidad laboral a quien posea infracciones de tránsito de antigua data", agrega el borrador de petitorio.

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En caso de que no les acepten la prórroga, el petitorio pide flexibilizar la cantidad de clases para aquellos que llegan a las academias con conocimiento y modificar la prohibición de trabajar en caso de haber sido multados.

Inconstitucionalidad

Si la asociación no tiene éxito con sus gestiones ante la Intendencia de Montevideo, ya tiene pensado recurrir la constitucionalidad del decreto. Los instructores entienden que esta nueva reglamentación es "violatoria del principio de igualdad". "Si bien las intendencias tienen autonomía, todos somos uruguayos", explicó Beloqui. A pesar de que por ley se logró la libreta única de conducir, cada departamento tiene una forma distinta de tomar el examen práctico para otorgarla.

Los instructores también entienden que se ve afectado el derecho a trabajar con la disposición de que no puedan tener ninguna multa por infracción de tránsito. "Nos pueden afectar el derecho a trabajar de por vida", apuntó Beloqui.

Restricciones a la competencia

En julio de 2016, un informe de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía concluyó que la nueva reglamentación genera "restricciones a la competencia (...) y no parece guardar relación con una mejora en la seguridad vial", excepto el aumento de la cantidad de clases.

Sin embargo, señala que "existen otros mecanismos alternativos" que asegurarían "de mejor modo el resultado pretendido" sin afectar la competencia y menciona como posibilidad una "mayor rigurosidad en el examen de conducir".

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Sobre el aumento en la cantidad de clases advierte que la suba del costo se trasladará a los consumidores y "repercutiría sobre su bienestar". Además, dice el informe, la nueva reglamentación obliga a las academias a uniformizar las condiciones de sus servicios cuando "quizás algunas de ellas pudiera aspirar (por la calidad de sus enseñanzas) a tener por diferencial un egreso más rápido".

"La normativa proyectada dificulta a que las distintas empresas diferencien sus servicios en base a la calidad de los mismos, uniformizando a través de un criterio que perjudicaría al consumidor, puesto que le trasladaría a costos, y le obligaría a concurrir a una cantidad de clases que en algunos casos podría ser hasta innecesaria", agrega el informe.

Base de 30 alumnos por año

Las empresas que presten el servicio de instrucción de conductores pasarán a ofrecer un servicio de "actividad privada de interés público". "La explotación de este servicio queda reservada a las personas o empresas que hayan obtenido el permiso respectivo", dice el decreto aprobado por la Junta Departamental. Cada permisario podrá ser titular de un solo permiso y, a las exigencias de tener licencia de conducir y no presentar antecedentes graves como conductor, se suma que no podrán ser funcionarios de la división de Tránsito o Transporte de la intendencia. Cada instructor puede trabajar hasta en dos academias y para poder dar clases se debe estar inscripto en el Registro de Conductores, tener un certificado de aptitud psicofísica y un certificado judicial libre de antecedentes y aprobar el curso que dicte la IMM, además de las disposiciones antes mencionadas.

Además, las academias domiciliadas en Montevideo no podrán presentar a aspirantes para obtener licencias en otros departamentos. El servicio, dice el decreto, debe prestarse en forma continua y "cada academia de conducir deberá presentar al menos 30 alumnos en el año". El hecho de que el desempeño de los aspirantes en más de un trimestre sea insuficiente –"que haga presumir la inadecuada capacidad de enseñanza"–, tener el vehículo en condiciones antirreglamentarias o no concurrir a las inspecciones podrá hacer que se revoque el permiso. Las multas van además entre 1 UR ($ 1.067 a valor actual) y 35 UR (unos $ 37.345 a valor actual).