Sindicatos que soslayan la realidad

Los gremios docentes han lanzado una seguidilla de paros y amenazado con una posible huelga si no se llega al 6% del PIB
Las pequeñas mejoras presupuestales asignadas por el gobierno a la educación pública han fracasado en el objetivo oficial de frenar la creciente ola de conflictos desatada por los sindicatos del área, que perdurarán con seguridad hasta que el Parlamento apruebe la Rendición de Cuentas. Aunque lo ideal hubiera sido no aumentar el gasto público, la administración Vázquez optó por atender en parte los reclamos de la enseñanza y otros sectores, pero mostrando algo de cautela fiscal para no desequilibrar en exceso las cuentas públicas. Lo asignado supone un aumento del gasto equivalente a 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), indeseable pero no catastrófico, llevando el presupuesto educativo al 5,15% de ese indicador a fines de 2020.

Pero no fue suficiente. Los gremios docentes, con respaldo de los funcionarios y estudiantes, han lanzado una seguidilla de paros y amenazado con una posible huelga por tiempo indeterminado si no se llega al 6% del PIB. Es una meta que el Frente Amplio se comprometió a tratar de alcanzar pero que es imposible en la apretada coyuntura actual de la economía. Esta realidad es ignorada por los sindicatos, alzados en pie de guerra con el único resultado nefasto de reducir aún más los ya escasos días de clases en todos los órdenes, así como de pérdida de salarios de los maestros, profesores y funcionarios.

Ciertamente las remuneraciones de los docentes son bajas. Es igualmente cierto, sin embargo, que acceder sus demandas de un salario mensual mínimo de $ 36.000 contribuiría a empeorar el alto déficit fiscal del 3,7% del PIB, nivel que representa el mayor riesgo actual a la estabilidad económica, en momentos en que vienen en baja las estimaciones de crecimiento este año y en los dos siguientes. El incremento de partidas para educación y seguridad y, en menor volumen para otros rubros, ha sido mayoritariamente aceptado en el Frente Amplio, incluso por sectores que suelen embanderarse con movilizaciones sindicales y contra su propio gobierno. Y en el PIT-CNT hay posiciones divididas entre los gremios del sector público, que quieren que la central sindical se incorpore activamente a sus protestas, y dirigentes más inclinados al realismo.

Debilita aún más la actitud de los sindicatos el hecho de que sus propuestas están centradas en mejoras salariales y condiciones de trabajo pero excluyen la urgencia prioritaria de la educación pública, que es reformarla para sacar al sistema de un atraso que hipoteca el futuro de los estudiantes y resta peso al reclamo de mayores recursos fiscales. Cuando las autoridades del sector y sus sindicatos se comprometan a cumplir esta necesidad, sus exigencias tendrán mas fundamento. En la situación actual, sin embargo, los incrementos de partidas concedidas en el proyecto de Rendición de Cuentas es lo máximo que puede considerarse tolerable desde el punto de vista de responsabilidad fiscal. Presumiblemente el gobierno se mantendrá firme. Se requiere además que su bancada parlamentaria lo respalde y se abstenga de ampliar el gasto, cediendo a las presiones de sindicatos cuyos intereses sectoriales, aunque puedan comprenderse en el tema salarial, ignoran que lo ideal no es siempre lo posible.

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