Opinión > Editorial
Subsidiando la ineficiencia
FA busca que el Estado compre 30% de sus insumos a cooperativas
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08 de diciembre de 2017 a las 05:00
Conlleva un aliento oficial a la ineficiencia y un desestímulo a la capacidad competitiva el proyecto de ley que apura el Frente Amplio para obligar al Estado a comprarle a las cooperativas, pagando además un sobreprecio con respecto a otros proveedores. Pocas sobreviven de las decenas de cooperativas de trabajadores creadas por la administración Mujica para hacerse cargo de empresas quebradas o de emprendimientos ilusorios como Alas Uruguay, en muchos casos descartando informes de sus propios técnicos sobre la inviabilidad de los proyectos. En su mayoría estas firmas cerraron o están paralizadas. Las que aún operan no pagan las cuotas por los créditos que recibieron y reclaman fondos públicos adicionales.
El desangre financiero creado por las dádivas del Fondo para el Desarrollo (Fondes), a un costo de alrededor de US$ 75 millones, fue frenado por el presidente Tabaré Vázquez en cuanto asumió su segundo período. Pero contraría esa actitud razonable el proyecto que la alianza de izquierda defiende en el Parlamento para obligar al Estado a comprar mal y más caro bajo una llamada "economía solidaria", eufemismo semántico que se utiliza en este caso para tratar de esconder subsidios gubernamentales, carentes de todo fundamento técnico, a firmas que no logran ingresar a mercados competitivos. Lo indefendible del texto está contenido en dos de sus artículos. Uno impondría al Estado comprarle el 30% de sus insumos a empresas cooperativas. El otro acepta que el Estado pague un sobreprecio de hasta el 20% por encima de la oferta de otros proveedores.
La obligación de comprarle a una firma viola la libertad de comercio al cerrar la opción de elegir la mejor oferta. Fuerza al sector público a comprarle a cooperativas en problemas, sin tomar en cuenta en absoluto la calidad y el precio de sus productos. Y no tiene asidero la idea de que el Estado pague legalmente sobreprecios evitables, práctica que en la actualidad puede configurar un delito penal. A nadie puede ocurrírsele que si un proveedor confiable ofrece algo por $ 100, el Estado lo compre a una cooperativa a $ 120 aunque su producto no sea de mejor calidad. A tal punto es absurda la propuesta que no solo la oposición la rechaza. Organismos oficiales calcularon que, de aprobarse la iniciativa, el costo de las compras del Estado aumentará entre 4% y 5%. Alejandro Zavala, asesor del Ministerio de Economía, resumió que "el Estado va a pagar más caro lo que podría pagar más barato".
Los aspectos negativos del proyecto no terminan ahí. Es una vía segura para desalentar la eficiencia productiva en calidad y precios, base de la competitividad. Es también una forma de alentar a algunas empresas a recurrir a la argucia de convertirse en cooperativas, para acceder a un cómodo mercado cautivo en el sector público y aumentar sus precios en hasta 20%. Los legisladores frenteamplistas que promueven este costoso subsidio encubierto presionan para que el proyecto se apruebe lo antes posible. Ante esta embestida, la sensata posición que Vázquez mostró cuando reformó el Fondes, cerrando el drenaje voluntarista e improductivo de fondos públicos, exige ahora, por razones de coherencia y sentido de responsabilidad, que su gobierno impida el avance de una iniciativa desatinada y que empeoraría aun más las ya atribuladas finanzas del Estado.
El desangre financiero creado por las dádivas del Fondo para el Desarrollo (Fondes), a un costo de alrededor de US$ 75 millones, fue frenado por el presidente Tabaré Vázquez en cuanto asumió su segundo período. Pero contraría esa actitud razonable el proyecto que la alianza de izquierda defiende en el Parlamento para obligar al Estado a comprar mal y más caro bajo una llamada "economía solidaria", eufemismo semántico que se utiliza en este caso para tratar de esconder subsidios gubernamentales, carentes de todo fundamento técnico, a firmas que no logran ingresar a mercados competitivos. Lo indefendible del texto está contenido en dos de sus artículos. Uno impondría al Estado comprarle el 30% de sus insumos a empresas cooperativas. El otro acepta que el Estado pague un sobreprecio de hasta el 20% por encima de la oferta de otros proveedores.
La obligación de comprarle a una firma viola la libertad de comercio al cerrar la opción de elegir la mejor oferta. Fuerza al sector público a comprarle a cooperativas en problemas, sin tomar en cuenta en absoluto la calidad y el precio de sus productos. Y no tiene asidero la idea de que el Estado pague legalmente sobreprecios evitables, práctica que en la actualidad puede configurar un delito penal. A nadie puede ocurrírsele que si un proveedor confiable ofrece algo por $ 100, el Estado lo compre a una cooperativa a $ 120 aunque su producto no sea de mejor calidad. A tal punto es absurda la propuesta que no solo la oposición la rechaza. Organismos oficiales calcularon que, de aprobarse la iniciativa, el costo de las compras del Estado aumentará entre 4% y 5%. Alejandro Zavala, asesor del Ministerio de Economía, resumió que "el Estado va a pagar más caro lo que podría pagar más barato".
Los aspectos negativos del proyecto no terminan ahí. Es una vía segura para desalentar la eficiencia productiva en calidad y precios, base de la competitividad. Es también una forma de alentar a algunas empresas a recurrir a la argucia de convertirse en cooperativas, para acceder a un cómodo mercado cautivo en el sector público y aumentar sus precios en hasta 20%. Los legisladores frenteamplistas que promueven este costoso subsidio encubierto presionan para que el proyecto se apruebe lo antes posible. Ante esta embestida, la sensata posición que Vázquez mostró cuando reformó el Fondes, cerrando el drenaje voluntarista e improductivo de fondos públicos, exige ahora, por razones de coherencia y sentido de responsabilidad, que su gobierno impida el avance de una iniciativa desatinada y que empeoraría aun más las ya atribuladas finanzas del Estado.
