TLC con Chile: aportes para el debate

Este capítulo reafirma el compromiso de ambos países por implementar efectivamente su legislación reconociendo el comercio internacional como motor de desarrollo

Tras el apoyo recibido por el Plenario del Frente Amplio el pasado 23 de junio a la ratificación del tratado de libre comercio con Chile, suscrito en octubre de 2016, la decisión queda ahora enteramente del lado del poder legislativo.

Apartándonos por un momento del debate político generado por estos días sobre la tardanza con la que llega este respaldo (a casi dos años de la firma del acuerdo) y de si un plenario político es o no el espacio indicado para debatir estos asuntos, hay un elemento fáctico que no se debe perder de vista: será al parlamento nacional quien tenga la última palabra en este asunto y quien pueda promover un debate que vaya más allá del acuerdo con Chile y abra un reflexión aún más amplia sobre la estrategia de inserción económica internacional del Uruguay.

Empecemos por el acuerdo con Chile. Lo que se firmó en octubre de 2016 no es más que la ampliación de lazos políticos y económicos ya existentes entre Chile y Uruguay. Como lo hemos resaltado antes, la necesidad de este acuerdo se basa en primer lugar en reforzar un relacionamiento que ambos países mantienen desde hace varias décadas. Este acuerdo impulsará el comercio y la inversión bilateral, es decir, es un avance concreto de la retórica a la práctica de la integración regional que en nuestros países tanto alentamos.

Ejemplos que muestran la intención de profundizar e innovar para generar beneficios mutuos son capítulos como el de Pymes, medio ambiente, de cooperación, o el de Género y Comercio, siendo este último capítulo uno de los primeros acuerdos en el mundo en considerarlo. Este capítulo reafirma el compromiso de ambos países por implementar efectivamente su legislación, políticas y buenas prácticas relativas a equidad e igualdad de género, reconociendo el comercio internacional como motor de desarrollo y en el que las partes se comprometen con la incorporación de la perspectiva de género en la promoción de un crecimiento económico inclusivo.

Por otra parte, es importante resaltar un elemento comparativo relacionado al actual contexto regional de comercio. Chile ha insistido en profundizar los lazos comerciales con Brasil y Argentina. Así es que ya suscribió un TLC con Argentina y se encuentra en proceso de negociación de otro con Brasil. Uruguay entonces no debería quedar atrás de este nuevo dinamismo comercial que empieza aparecer en la región.

Para Chile no fue fácil este debate durante los años de 1990. También costó a sus inicios comprender el aporte que la apertura podría darle al desarrollo económico. Pero lo cierto es que tras casi 30 años de haber iniciado ese camino hoy existe un importante consenso en que para crecer debemos mirar más allá de nuestras fronteras.

Los ejemplos de cuánto ha aportado a Chile su insistente apertura comercial son varios. Hoy en día, el comercio exterior de Chile representa alrededor del 60% del PIB. Por otra parte, durante los últimos 17 años el PIB anual promedio per cápita se ha más que duplicado, de US$ 11.375 en el año 2000 a US$ 24.700 en el 2017.

En el año 2002, el total de exportaciones de bienes de Chile alcanzó los US$ 17.676 millones, 15 años después, este valor llegó a US$ 68.306 millones de los cuales el 94,5% tuvo como destino los países con acuerdos.

Hoy el arancel efectivo que pagan las importaciones al ingresar a su mercado es tan solo 0,8% (2016). En cuanto a los productos chilenos, éstos pagan en promedio en todos los mercados de exportación casi 0% como consecuencia de la aplicación de los acuerdos comerciales suscritos.

El debate que ha generado la negociación referida al comercio de servicios bajo listas negativas sin duda es necesario, pero es importante señalar que este capítulo lo que hace es asegurarles a los exportadores de ambos países un trato no discriminatorio, y la aplicación de regulaciones transparentes, objetivas y razonables. Es decir, no aplicarle al socio condiciones más restrictivas que las actualmente existentes. Todo lo cual, mejora las condiciones de competencia para servicios transables, sectores muy dinámicos en ambos países. Por ello, si en el futuro se desarrollase un nuevo sector de servicio estos principios parecen razonables –incluso sin la existencia de un TLC– y serán condición para participar competitivamente en lo mercados internacionales.

Este Capítulo otorga importantes garantías a los proveedores nacionales de servicios de una parte en sus exportaciones a la otra, ya que les asegura el derecho a un trato no discriminatorio, a la no imposición de cuotas que restrinjan su acceso a ese mercado, a regulaciones transparentes, objetivas y razonables, y a que no se condicione su exportación a establecerse en el territorio de la otra Parte. Todo esto permite a los exportadores de servicios de ambos países, que las reglas que rigen sus exportaciones sean más predecibles, lo cual tiene un importante valor para el desarrollo de sus planes de negocios.

Cómo hemos insistido en otras oportunidades, los acuerdos comerciales no son más que instrumentos, un país se hace más competitivo con instituciones y políticas públicas sólidas y transparentes. Contar con mercados abiertos y relacionarnos con el mundo es un eslabón importante de esa base en la que se debe sostener el desarrollo. Por esta razón, el debate parlamentario que se abra acerca de la ratificación del acuerdo con Chile, quizá puede ser una buena excusa para pensar más allá y reflexionar sobre qué modelo de inserción internacional necesita Uruguay para avanzar hacia el desarrollo. Este es por cierto un debate casi interminable, pero que algún día debe comenzar.


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