Todo en familia

No incurramos en la hipocresía de hacernos los sorprendidos. En por lo menos seis administraciones municipales del país revistan como funcionarios personas vinculadas familiar o sentimentalmente con el jefe comunal, aunque el foco de la atención pública se haya puesto por estos días en las intendencias de Artigas y Lavalleja.

Se trata no de un problema de fondo, sino de uno de sus síntomas: la Oficina Nacional del Servicio Civil ha revelado que son 850 los cargos de particular confianza creados tanto por la administración central como por esas 19 intendencias municipales, y aunque no halláramos en ellos ni un vínculo de consanguinidad o romance, sabemos que se trata de una expresión maquillada del favoritismo político y personal de las jerarquías de turno.

Las fundamentaciones a las que se han visto empujados los actores políticos ante esta reciente revelación son aún más embarazosas: van desde la clásica muletilla de ignorar lo que ahora conocemos porque se está enfrascado en "la gestión", a relativizar el grado de parentesco, o sugerirnos que los funcionarios designados tienen una suerte de derecho a ocupar esas posiciones, ganado en la "militancia política", o el fantasioso pedido de "productores del departamento".

La máquina publicitaria del oficialismo nacional se complace, en tanto, al señalar que los casos afectan a administraciones en manos opositoras, en tanto la oposición se duele de que sea ese mismo oficialismo central, ahíto en acomodos a todos los niveles, el que ahora aproveche estas circunstancias a fin de denostar a los opositores.

Y se pone peor: dirigentes que denunciaban estos casos en adversarios hasta de sus propias filas, se pechan ahora por defender a sus compañeros, aprovechando a pasar facturas por supuestas traiciones.

Tan mezquino panorama, sin embargo, deja de lado el problema de fondo: 19 administraciones departamentales, el gobierno central, y las llamadas "empresas públicas" son un frondoso bosque de posiciones rentadas de palmaria inutilidad: "secretarías generales", "departamentos de cultura", expertos en "comunicación", oficinas de prensa, de los que el ciudadano no deriva utilidad alguna, y cuyos estragos financieros soporta a diario.

Tales posiciones son, dígase con claridad, despojos de las justas electorales, y a ellos recurren todas las fuerzas partidarias del país, aunadas en la complicidad de saberse acompañadas por la creciente expectativa de una cultura que no admite otro alivio a sus aspiraciones que el que simula inducir el infructuoso derrotero del empleo público.

La responsabilidad es, claro, unánime en el arco partidario, pero seria en el caso de las fuerzas opositoras: si ellas no logran articular frente al ciudadano una alternativa a este camino sin retorno ni utilidad, dejan de representar una esperanza y arrojan por la borda su valor político.

La voz de la producción nacional se ha hecho sentir por estos días en la movilización de los autoconvocados rurales, y lo que esa voz pide es que el parasitismo público deje espacios para que la iniciativa individual genere riqueza, productividad y empleo.

La sórdida fortaleza de cargos de particular confianza y premios a la amistad o el parentesco tras la cual el sistema político oficial y opositor cree hallar refugio ante este clamor es, comprobadamente, menos sólida de lo que su argamasa clientelar lo cree.

Es que los ciudadanos se están empezando a dar cuenta, y a hacer las cuentas.