Trabajo

El frenteamplismo, bajo cuya guardia miles de empleos se destruyen, arde de ira porque el congreso en Brasil viene de aprobar la ley 13.467/2017, por la cual se desregula parcialmente el mercado de trabajo en ese país.

Es una norma que modifica el “corpus” regulatorio doméstico brasileño codificado bajo la llamada “Consolidación de Leyes del Trabajo” (1943) y despertó la reacción de la plana mayor del frenteamplismo y sus plumas a sueldo.

El ministro Nin Novoa advirtió, comedido, sobre la “caída de derechos laborales” ... en un país que no es el suyo. El ministro Murro advirtió sobre el hecho: “Retrocedimos dos o tres siglos”. La ministra Cosse sobre el “gran paso atrás” que daríamos “si pensáramos en cosas similares”. Vade retro.

Los órganos políticos y sindicales del partido gobernante que respalda sin desmayos a la dictadura venezolana naturalmente censuraron la reforma brasileña entre espumarajos, en tanto la oposición adoptaba una crítica matizada.

El cauto senador Lacalle Pou asevera: “yo no sería partidario de que Uruguay reaccione ante una reforma laboral de Brasil y por ende disparar la nuestra”. El diputado Pablo Abdala es radical: “Reforma laboral a lo Temer, no. Los trabajadores no deben ser variable de ajuste”. Y la academia, a su faena: pensar en una flexibilización laboral en Uruguay es “imposible”. Todos ellos son meñiques tratando de tapar la luz del sol.

Veamos. ¿Qué problema procura resolver la reforma brasileña?

El primero, más familiar y acuciante, es que Brasil cuenta hoy con 13 millones de desempleados (personas en procura de trabajo) que serían, en realidad, 24 millones si los llamamos por lo que son: parados.

Y no es muy esperanzador el panorama para esos seres humanos. La llamada Revolución Industrial 4.0. ya está llamada a desplazar decenas de profesiones que requieren de más capacitación que la que ostentan esos 24 millones que, en 10 años, vaya Dios a saber cuántos más serán.

El segundo es el síntoma de la enfermedad: la reglamentación laboral ha generado en Brasil 8 millones de litigios, que aumentan a razón de 50% por año. ¿Qué los origina?

El sistema amparado por la “Consolidación”: un monstruo aluvional que, al igual que todas las normas laborales que en el mundo conocemos, surgió en la segunda posguerra mundial como un vasto caldo anti-liberal de “cartas del trabajo” fascistas, “doctrinas sociales” de origen católico, cardenismo mexicano y militancia sindical comunista. La CLT de Brasil es, naturalmente, obra del varguismo.

Los resultados en Brasil de la metástasis laboralista del derecho civil están a la vista: hoy las sentencias del foro judicial pueden limitar el derecho de propiedad de los empresarios; accionar contra el empleador no representa costo alguno para el empleado; cualquier persona puede ser demandada por deudas laborales de empresas que haya vendido hace años o de las que se haya retirado; nadie puede siquiera hacerle un regalo de cumpleaños a un empleado sin que eso caiga de inmediato en una categoría salarial; la empresa no puede ofrecer a sus trabajadores transporte al lugar de trabajo, so pena de que se considere tiempo trabajado el del trayecto. Despedir es, claro, imposiblemente costoso y, por ende, contratar es, en todos los casos, la última opción que un empresario considera, y su resignación.

Este horror lo pagan, por cierto, los millones que nunca serán empleados, así como sus familias. También los que tienen empleo, de cuyos bolsillos salen los miles de millones de reales que van a dar a los de quienes en realidad se benefician del tinglado: abogados, jueces, negociadores laborales, reclutadores, y sindicalistas (que cuentan con el monopolio legal de la representación laboral, sobre una base territorial y por profesiones).

Decir, claro, que lo pagan los empleados es decir que lo pagan las empresas que, además de lidiar con el costo de un estado insostenible, deben cargar al hombro el edificio, a expensas de sus clientes, de sus mercados, de su competitividad.

Brasil es, por ende, un gigante maniatado. Con envidiable candor, Nin Novoa se imaginó, por un instante, al vecino librado de estas maneas y comentó, sin reflexionar: “Así va a ser muy difícil competir”.

Las nuevas disposiciones brasileñas procuran, sin duda, ubicar a las relaciones laborales en el terreno de la libre negociación entre las partes y no, como lo están hoy, en el de las imposiciones regulatorias.

Preservando el sistema imperante de relacionamiento laboral (algo que los comentarios interesados omiten mencionar), las nuevas disposiciones facultan a las partes a convenir libremente los términos que regirán el llamado banco de horas del trabajador: teletrabajo, trabajo intermitente, o jornadas de hasta 12 horas, seguidas de 36 de descanso, sin requerir de homologación judicial. Algo, por cierto, que admite la caracterización de acuerdos o convenciones libremente pactados incluída en la Convención 154 de la OIT.

Libertad para extinguir el contrato de trabajo. Para ampliar o acortar la pausa del almuerzo. O la cantidad de horas extras. O la fracción del período de licencia. Libertad para que el empleador pueda dar a su empleado premios o estímulos, sin que ello implique un compromiso que tendrá que lamentar mañana. Libertad para negociar, colectivamente, entre las partes, sin que el juez o el regulador interfiera en lo pactado … que, por cierto, puede versar sobre 16 puntos, y no puede alterar otros 29, tenidos como garantías básicas y esenciales para el trabajador.

Libertad, en fin, para que el trabajador disponga cuánto y en beneficio de quién se le podrá descontar de su salario una contribución sindical, hoy forzada, retenida en marzo de cada año y fijada en un jornal.

Y responsabilidad. Porque ya no podrá litigarse sin razón ni costo contra el empleador, salvo que se sea beneficiario de la justicia gratuita. Y quien litigue de mala fe podrá ser multado.

El camino más fácil es sostener que el nuevo marco legal supone una pérdida de los derechos de los trabajadores, establecida por un insensible gobierno neoliberal, el “capitalismo salvaje”, o esa odiosa “derecha” que tanto desvela a las comadrejas intelectuales.

Solo que, como todo lo que la progrería pone sobre la mesa, se trata de un mero juego de mosqueta: la acumulación de “derechos” regulatorios o sindicales por obra y gracia de la tropelía gremial es apenas una fantasía de papel, que se esfuma cuando seres de carne y hueso enfrentan la pérdida de los trabajos con los que alimentar a sus familias.

Los 70 trabajadores de Sherwin Williams hoy, como los habitantes de Juan Lacaze ayer, vienen de aprender esta dura lección, ya impartida en otros casos. Esas “conquistas” que un sindicalismo prebendario les zarandeaba ante los ojos, incitándolos a llegar a más, se han desvanecido en el humo del desempleo. Y SW se instalará ahora en otro país, donde se abrirán otros 70 puestos de trabajo.

“Abuso de poder”, clama el ministro de Trabajo en referencia a la empresa, que despidiera a sus empleados por un mensaje de texto. De “fascista”, calificó a SW un dirigente sindical.

Solo que se equivocan. Es que si vivieran bajo el imperio de la Carta del Lavoro fascista, SW sería forzada, a bayonetazos, a seguir dando empleo, que es a lo que ellos aspirarían. Fascista, en cambio, es, la organización que empuja a SW y a tantas otros emprendimientos a tener que mudar sus petates, a fin de que ella pueda luego organizar estériles mateadas con la gente cuya vida ha arruinado sin remedio, en la puerta de fábricas que no levantarán cabeza, ya olvidadas para cuando ellos cobren la próxima cuota sindical y sigan así con su negocio.

Y ya que ni el ministro, ni el comentariado, ni la central sindical lo podrían reconocer, hay algo que vale la pena mostrarles. La huída de SW del país es un ejercicio de la libertad: la que nos salva del naufragio de la intimidación y la prepotencia. ¿Uds. creen que ver esto y actuar en consecuencia es tan imposible para un país?

Yo esperaría a verlo.