Tras irregularidades, gobierno negocia con comunas marco legal para abrir canteras

Las intendencias de todo el país abren canteras de balasto para utilizar el material en la reparación de caminos todo el tiempo. Para eso, permanentemente están negociando con privados a los que les deben rentar terrenos para que una empresa realice la excavación y tome los materiales necesarios. Si bien los recursos del subsuelo son propiedad del Estado, el dueño de la superficie tiene derecho a una retribución por el uso de ese terreno.

Y esas negociaciones con privados tienen pocos controles y ahora el gobierno negocia con las intendencias para regularlo.

El Tribunal de Cuentas observó en reiteradas oportunidades que la Intendencia de Lavalleja estaba realizando compras sin emitir facturas. Es decir, realizaba compras "en negro" que no estaban justificadas en las finanzas del gobierno departamental.

A principios de 2017 ante la Junta Departamental, la intendenta Adriana Peña aseguró que ese dinero estaba destinado a comprar materiales para la reparación de caminos, según explicó a El Observador el edil frenteamplista Eduardo Yocco.

"Fui a la Junta y hablé de un procedimiento que tiene 30 años, que estamos trabajando para modificar y que ya hemos modificado", explicó Peña en una entrevista emitida por Telenoche en aquel entonces.

Según sostuvo, si bien la Intendencia de Lavalleja tiene sus propias canteras, "en los caminos alejados de esas canteras siempre los vecinos han donado el material para que se realicen los caminos, porque si no, es imposible". "Lo que hacemos es que el vecino nos da el material y nosotros le damos un pequeño dinero como forma de retribuirle el destrozo que se hace", agregó.

Tomás Casas presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja habló sobre este tema en varios medios de comunicación locales. Peña decidió denunciar por "difamación e injurias" a Casas pero su denuncia no prosperó.

Luego de muchos años de negociaciones sin un marco legal adecuado, el Congreso de Intendentes, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) comenzaron a negociar para establecer normas generales que apliquen para todos, según informó a El Observador el director de Dinamige, Néstor Campal.

Actualmente las negociaciones se llevan adelante en base a un marco general establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (TOCAF) pero que no es suficiente. Eso lleva a que en cada negociación se paguen precios distintos a los propietarios de los terrenos sin tener referencia de lo que hacen otros gobiernos departamentales.

La idea, explicó Campal, es unificar criterios para alcanzar un marco legal común flexible que permita realizar negociaciones que sean justas para ambas partes. El precio se fijará en base al valor catastral del predio, la calidad del suelo y un valor medio del producto que se extrae.

Al propietario del terreno se lo compensa por una cantidad de la "servidumbre de ocupación" que se fija por catastro o acuerdo con el propietario. Se trata de una renta que se recibe mientras la cantera esta en operación. Además, se le paga un 5% del valor neto del producto que se extrae. El minero (concesionario del Estado para extraer el material) tiene que dejarle un 5% del valor neto del producto al Estado y otro 5% al dueño.

Las negociaciones ahora están en los valores que se determinen. La idea es buscar una fórmula lo más universal posible que se adecúe a las situaciones que cada gobierno departamental tiene. Incluso, las propias intendencias han manejado criterios distintos porque no es lo mismo un terreno sobre la costa que uno al lado de un camino rural.

"Es un tema complejo para las intendencias", dijo Campal. Hasta hace poco, los gobiernos departamentales ni siquiera estaban obligados a registrar las canteras que abrían y, por lo tanto, nadie podía medir la producción. Ahora las canteras deben registrarse ante la Dinamige.

El director de la Dinamige agregó que Uruguay, luego de 70 años, retomó las exportaciones de piedra partida a Argentina. En la primera mitad del siglo XX, Uruguay abasteció a Argentina de este tipo de roca para la elaboración de hormigón, elemento clave para la construcción de edificios y la concreción de obras públicas. Sin embargo, en su primer gobierno, el general Juan Domingo Perón decidió cortar con ese negocio.

Hace tres semanas una nueva exportación partió rumbo a Argentina desde el Puerto de Montevideo. Si bien recién es el primer paso, los empresarios vinculados a este negocio y el gobierno son optimistas con el desarrollo de este flujo comercial. "Nosotros apuntamos a abrir el mercado y a ser un puntapié inicial. El potencial de esto no lo podemos medir", dijo en el programa En Perspectiva Walter Canatta, gerente general de Canteras Unidas del Riachuelo que gestiona canteras en Colonia y concreto esta exportación.