Tras la peor cosecha de la historia, productores del campo se hermanan con el gobierno por la soja

La peor zafra de soja de la historia en Uruguay se conjugó con una cartera crediticia para el agro más vulnerable para requerir medidas de cortísimo plazo en materia de seguros, área cuyo desarrollo no acompañó el ritmo de los últimos años en términos de manejo productivo e incorporación de tecnología. Hasta el uso de instrumentos de ventas a futuro y opciones ha tenido una expansión mayor que el de una política de seguros.

Con los plazos corriendo previo a la próxima campaña de soja, los actores agrícolas y el gobierno trabajarán a contrarreloj para lograr un seguro que viabilice tanto la refinanciación de deudas como el otorgamiento de créditos para la siembra del principal cultivo del país.

Ya antes de iniciar la cosecha se sabía sobre la necesidad no solamente de refinanciar lo que no se podría pagar, sino también de la exigencia de encontrar mayores garantías para las empresas que venden insumos y para los bancos.

Se sucedieron las reuniones por separado entre algunas gremiales y ejecutivos de las aseguradoras para plantear el problema.

En el medio, estuvo sobre la mesa la idea de un fondo sojero –de características similares a los creados para el arroz y la lechería–, lo que finalmente, y previsiblemente, fue descartado. Hubo objeciones presentadas por los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pero ya entre varias de las gremiales agropecuarias existieron reparos. Fue casi una idea atractiva para titulares de prensa, pero con limitada viabilidad desde el comienzo.

Sin alternativas de financiamiento alternativas a las ya existentes, el foco está en dar mayor garantía al financiamiento de insumos y capital. Y es para eso que fue consolidándose la idea de ir a un seguro relativamente simple, que pudiera armarse en poco tiempo, para estar listo antes de la próxima siembra de soja.

MGAP + INIA + BSE + Inumet

En un encuentro entre las gremiales agropecuarias y representantes de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) y de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP se acordó trabajar en un seguro índice contra sequía "mejorado", respecto al ya lanzado dos años atrás por el Banco de Seguros del Estado (BSE).

Y habrá, también, un trabajo –paralelo y de más largo aliento– para crear las condiciones para una política más integral sobre seguros agrícolas.

El seguro índice tiene la ventaja de dispararse automáticamente cuando se dan ciertas condiciones, justamente medidas por determinados índices.

En el caso del producto del BSE se decidió que el índice que dispararía la cobertura sería el agua disponible en el suelo medido por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en base a las mediciones por seccionales policiales.

Un seguro de rendimiento requiere de mayor información hacia atrás sobre la productividad de los campos y que las empresas o productores que lo contraten "abran" sus números y operativa a las aseguradoras. Además, requiere de un control muy costoso a nivel de chacra sobre los rendimientos obtenidos junto a las mayores exigencias de respaldo financiero de las aseguradoras para hacerlo general.

En otros países este tipo de seguros de rendimiento o de precio cuentan con un subsidio estatal que hoy no está en discusión.

Ir a un seguro índice mejorado requeriría de tener más indicadores y con mayor precisión que los de disponibilidad de agua en el suelo medido por seccional policial.

Es así que el trabajo en las próximas semanas incorporará no solamente al MGAP, sino también al INIA y al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Se entiende, por ejemplo, que hay restricciones en la división que se realiza por seccional policial y por eso se aspira a indicadores que puedan ser más específicos, para que el seguro cubra efectivamente a los productores damnificados.

En el trabajo, que será coordinado por técnicos de Opypa, se integrarán también los representantes de las aseguradoras para plantear las restricciones y las posibles alternativas para levantarlas.

Un elemento clave es el costo de este tipo de seguro. Y sin un apoyo estatal para bajarlo, la cuestión está en si será un seguro que sea de alguna manera obligatorio para los que siembren. Con un área más grande se podría bajar el costo del seguro, aunque posiblemente haya productores y empresas que no necesiten de este tipo de herramienta para acceder al financiamiento externo. O, incluso, que no necesiten del mismo.

Por ahora, entre los actores que participan de la discusión, no hay una respuesta clara sobre la obligatoriedad o generalización del seguro, aunque se reconocen que esto sería un factor para bajar el costo y hacerlo accesible a los productores más comprometidos.

Una cartera más riesgosa

En los últimos años la cartera crediticia de los bancos con el sector agropecuario reflejó los menores márgenes o números negativos de algunos sectores.

En especial para el arroz, que requirió de nuevos fondos sectoriales a lo que se suma la agricultura de secano.

Y así lo muestran las cifras desagregadas por sectores que elabora el Banco Central del Uruguay (BCU). Los últimos datos son hasta abril, previo a mayo cuando comenzaron a vencer los financiamientos para los cultivos de verano.

Dentro del rubro de producción de oleaginosas el monto de créditos otorgado por el sistema financiero cayó aumentando el incumplimiento. En el promedio del primer cuatrimestre del año la participación de los créditos vencidos sobre el total fue de 21,7% contra 8,1% de igual período del año anterior. En este caso puede influir el caso de empresas de mayor porte que sufrieron una baja en su calificación pasando sus créditos a la categoría de vencidos.

En el caso de la banca pública –Banco República (BROU)–, este porcentaje entre enero y abril fue de 31,8% duplicando el 14,4% de igual período de un año atrás. En la banca privada se dio una mayor caída en el monto de créditos a este subsector, con una participación de las operaciones vencidas del 11,2% contra el 2,1% del primer cuatrimestre de 2017.

En el rubro explotaciones agrícolas ganaderas –con un monto de préstamos cinco veces mayor al de producción de oleaginosas–, el porcentaje de créditos vencidos sobre el total fue de 5,3% contra el 7,4% de enero-abril del año pasado. En este caso la participación de las operaciones vencidas en el BROU bajó de 15,4% a 9,2% mientras en los bancos privados subió de 1% a 2,55%.

En el subrubro de servicios agrícolas también se vio un descenso en el monto prestado por los bancos con un incremento en la morosidad que ya había tenido su mayor salto en los años anteriores. En el primer cuatrimestre del año la participación de los créditos vencidos sobre el total fue de 10,2% contra 8,8% de igual período de 2017, según las cifras del BCU. En el BROU el porcentaje de operaciones vencidas sobre el total subió de 7,3% a 13,7% mientras en la banca privada cayó de 11,1% a 4,2%.

El gerente del Departamento Agronómico del Banco de Seguros del Estado (BSE), Jorge Muzante, cuestionó en la Comisión de Ganadería de Diputados la idea que la actividad agrícola tenga una buena cobertura contra siniestros en Uruguay.

En la reunión del 12 de junio el técnico dijo que "generalmente se dice que la agricultura está cubierta porque hay un 70% del área con seguro", pero el BSE tiene "un diagnóstico un poco distinto".

"La agricultura está cubierta con seguros de daños tradicionales como el granizo, el viento o la falta de piso y algún otro riesgo como la resiembra, etcétera. Sin embargo, no están cubiertos los daños más importantes que pueden generar a los productores, al país, al rubro de que se trate, en este caso la agricultura, situaciones catastróficas y desequilibrios que pueden afectar a la economía y a todos los uruguayos. En ese rubro, pensamos que tanto el exceso de lluvia como la sequía son riesgos que el mercado no está cubriendo; por lo menos desde 2004 a 2005 no se está ofreciendo esa cobertura", reseñó Muzante.

El ejecutivo del BSE defendió ante los miembros de la comisión el potencial de los seguros índicos, como el lanzado hace dos años contra sequía. A diferencia de los seguros tradicionales, los de índice "se correlacionan fuertemente con los daños en este caso, un índice climático, por los seguros climáticos y la indemnización surge de su medición".