Trecho del papel a la práctica

Luego de cinco postergaciones desde marzo de la fecha de firma anunciada por el presidente Tabaré Vázquez, finalmente se suscribió el acuerdo preliminar con UPM en un acto incompleto y que mantuvo dudas sobre la eventual concreción del multimillonario proyecto de inversión en una tercera planta de celulosa. La presentación a cargo del director de la Oficina de Planificación y Planeamiento (OPP), Álvaro García, pareció más un acto de propaganda gubernamental que una descripción equilibrada de los compromisos de ambas partes. García detalló los aportes que corresponderían a la empresa finlandesa, incluyendo las indiscutibles ventajas financieras y de aumento de actividad y empleo de la posible instalación de la nueva planta. Pero excepto por una breve mención a la zona franca prevista para UPM, se abstuvo de explicar las obligaciones que asume el país por exigencia de la empresa, omisión improcedente por tratarse de un proyecto a largo plazo que trasciende la responsabilidad del gobierno actual.

Estas obligaciones, además de ventajas tributarias, incluyen dos puntos cruciales para que todo se concrete. Uno son las obras de infraestructura que debe realizar el gobierno. El otro es educación. Para que UPM confirme la planta en un plazo de dos años, el gobierno tiene que mejorar la red ferroviaria, además de otras obras complementarias. En el tema ferroviario se ha fracasado desde las frustradas seguridades de la administración Mujica de que se alcanzaría ese objetivo con inversiones chinas. Cumplir este compromiso requiere una inversión de US$ 1.000 millones, como contrapartida de los alrededor de US$ 4.000 millones que volcaría UPM en el país. El gobierno ha anunciado que este mes se abrirían las licitaciones para que inversores privados complementen los escasos recursos oficiales y que en principio existen muchos interesados. Pero hay un largo trecho incierto que cubrir hasta que se formalice la requerida inversión privada, que dependerá de que se le ofrezcan atrayentes condiciones redituables. Hasta ahora nada está confirmado en este campo.

El acuerdo que acaba de firmarse compromete además al Estado a mejorar la formación educativa en el área técnica, para que miles de uruguayos estén capacitados para trabajar en el megaproyecto. Los protocolos acordados incluyen asistencia de UPM a UTU a través de participación de universidades de Finlandia y concesión de becas. Pero no puede soslayarse que la mejora de la atrasada educación pública, en todos sus órdenes, ha sido el gran fracaso de los tres gobiernos del Frente Amplio, por ineficacia gubernamental y empecinada renuencia de las autoridades y sindicatos del área.

En la primera administración de la alianza de izquierda fue una ley nacional de educación cuestionada hasta hoy. En la segunda naufragó la promesa del expresidente José Mujica de "educación, educación, educación". Y lo mismo ocurrió en la tercera, cuando los razonables planes reformistas de Vázquez se esfumaron por la oposición de ANEP. Está por verse que se logre avanzar ahora, por lo menos en educación técnica. Obviamente se ha dado un paso importante con la firma de este principio de acuerdo, producto de trabajosas negociaciones durante 17 meses. Pero queda por delante que el gobierno pueda cumplir en la práctica lo establecido en el papel, antes de que se asegure este posible salto hacia el fortalecimiento económico.