Tribunal de Conducta Política del FA asumió el caso De León y evitó fricciones internas

El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio le facilitó las cosas a los sectores que querían que la propia fuerza política se hiciera cargo del accionar del senador de la 711, Leonardo de León, investigado por la Justicia por sus gastos con la tarjeta corporativa de ALUR durante su gestión al frente de esa empresa.

Este miércoles, dos días después de que la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) publicara su fallo sobre los gastos de De León, el TCP resolvió actuar de oficio y estudiar si el senador se apartó de las normas que guían la buena administración y la ética.

De esta forma, el expresidente de ALUR deberá pasar por el mismo procedimiento que su compañero de agrupación, el exvicepresidente Raúl Sendic, empujado a renunciar tras un fallo contrario del TCP en setiembre de 2017.

Pese al informe de la Jutep, que concluía que De León había incurrido en "uso indebido de fondos", nadie en el Frente daba el paso necesario para que el TCP analizara el tema. En los días previos, en el Frente primaba el silencio, salvo por las declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, quien había asegurado que el partido de gobierno no podía ignorar el tema. "Tomamos nota preocupados por el informe que hemos conocido, que es absolutamente preocupante", dijo Astori el martes a radio Sarandí.

Sus palabras tuvieron eco en los integrantes del tribunal frenteamplista, que hasta ahora había sido esquivo a analizar el uso de las tarjetas por parte del senador de la 711.

Asamblea Uruguay, sector de Astori, tenía previsto discutir posibles medidas en su Consejo Político Nacional de este miércoles, pero la noticia de la resolución del TCP le ahorró tener que ensuciarse las manos y generar más fricciones en la interna frenteamplista.

Este lunes y martes, Leonardo De León no estuvo en el Senado por estar de licencia.

Si bien ahora tendrá que seguir los mismos pasos que Sendic y dar explicaciones a su propio partido, la trayectoria del caso De León presenta algunas diferencias con la del exvicepresidente, que se ofreció voluntariamente a presentarse ante el TCP, luego de que el semanario Búsqueda publicara que había utilizado su tarjeta de ANCAP para compras en tiendas de ropa, electrónica, joyería, entre otras.

De León, en cambio, se negó desde un principio a presentarse ante el TCP, aduciendo que el caso ya estaba en la órbita de la Justicia.

En noviembre, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, había dicho a El Observador que se debía seguir "el mismo camino" que con Sendic, pero tanto De León como la Lista 711 se mantuvieron en su posición de no presentarse al tribunal.

Además, en el caso del exvicepresidente, el fallo del TCP precedió al de la Jutep, que publicó sus conclusiones luego de que Sendic dejara su cargo.

La denuncia contra el senador de la 711 fue presentada por el Partido Independiente a fines de octubre de 2017, un mes después de la renuncia de Sendic. Según los documentos incluidos en la denuncia, De León realizó gastos por US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas de ALUR –empresa subsidiaria de ANCAP–, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60 mil –por los que nunca hizo devoluciones ni rindió cuentas–, al tiempo que registra compras en el exterior que no coinciden con los registros de viajes oficiales de ALUR.

Entre los gastos figura uno en abril de 2012, durante Semana Santa, cuando gastó en restaurantes, estaciones de servicio y alojamiento en Paraguay por un total de US$ 771, aunque no existía misión oficial que justificara ese gasto. Por ejemplo, gastó US$ 318 en el parque de Cataratas do Iguazú.

Según la Jutep, los gastos de De León con las tarjetas "constituyen violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos".

Además, el organismo comprobó que, como sostenía la denuncia inicial, el expresidente de ALUR pagó con la tarjeta corporativa en viajes al exterior que no figuran en los registros de la empresa, y constató la "utilización reiterada" de ese medio de pago "en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos".

Con ese informe ya en sus manos, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, tiene el camino despejado para expedirse sobre la conducta de Leonardo de León, a quien este miércoles se le abrió un nuevo frente.