Tribunal de Cuentas objeta que se flexibilicen compras de ASSE

Un fallo del Tribunal de Cuentas (TCR) del 17 de febrero pasado, que consideró inadmisible que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contratara para brindar servicios a un hospital a una empresa propiedad del director de esa institución, fue el punto de partida para una discusión que prontamente resonará en el Poder Legislativo.

Aquel fallo unánime refería a la contratación de Siemm para el hospital de Bella Unión, una empresa de traslados cuyos dueños eran tres directores de hospitales de ASSE, entre ellos el de la institución artiguense. El TCR concluyó que la contratación de la empresa violaba el artículo 46° del Tocaf, que inhabilita las compras estatales a funcionarios públicos de la administración contratante.

Mientras el caso está bajo la lupa de la comisión investigadora que analiza presuntas irregularidades en ASSE desde 2008 a la fecha, el gobierno impulsa una ley que podría cambiar las reglas de juego. El 28 de agosto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) remitió al Parlamento un proyecto de ley que flexibiliza las limitaciones a contrataciones dentro de ASSE.

En vez de prohibir las compras a todos los funcionarios de la administración contratante, se prohibiría únicamente a los funcionarios de la unidad ordenadora del gasto.

El TCR, sin embargo, alerta de que hay que ser "cuidadosos" con ese tipo de propuestas. "Yo prefería que no" se cambie, dijo a El Observador el ministro del TCR en representación del Partido Colorado, Álvaro Ezcurra. Aunque explicó que todavía no estudió a fondo el proyecto de ley, señaló que "en principio no ayuda a la transparencia".

Por su parte, el ministro Ruperto Long, representante blanco, destacó que la normativa vigente –en la cual se basó el fallo del TCR– "ha sido sabia y prudente", por lo que habría que hacer un "análisis más extenso" del tema. Long comentó que tras la asunción de las nuevas autoridades de ese tribunal el pasado miércoles 4, "muchos legisladores" se le acercaron planteando retomar el viejo debate sobre las potestades del TCR para hacer cumplir sus fallos. Los ministros suelen criticar que las observaciones que hace el tribunal no son vinculantes (no es obligatorio aceptarlas), y eso lleva a que se reiteren las irregularidades.

"Me pareció que hay un mayor grado de conciencia de la importancia los organismos de control. Eso hace que la discusión tenga posibilidades de registrar avances concretos", afirmó.

Diana Marcos, ministra por el Frente Amplio, alertó de que el cambio sobre el límite de las compras repercutirá en todos los organismos del Estado y no solo en ASSE. En lo que coincidieron los tres ministros es en que el debate deberá tomar en cuenta la opinión del TCR. En muchas de las sucesivas modificaciones que se hicieron a la ley, el organismo de contralor no fue consultado.

"Las excepciones son tantas que antes estaban ordenadas por letras y ahora están por números, porque no alcanzaba el alfabeto", comentó Ezcurra. El artículo 33° del Tocaf, que establece la licitación pública como mecanismo de contratación en el Estado, prevé 37 excepciones que van desde compras pequeñas hasta contrataciones por parte de entes que se encuentren en libre competencia.

El ministro agregó que de seguir así "va a haber más excepciones que principios".

Los ministros del TCR Álvaro Ezcurra, León Lev y Miguel Aumento comparecieron este lunes ante la comisión investigadora que analiza el financiamiento de los partidos políticos. Aunque la citación era para analizar la polémica contratación de la agencia de publicidad La Diez por parte de ANCAP, también hubo una discusión sobre las ineficiencias en el control de los dineros públicos.

Al término de la comparecencia, Ezcurra dijo que "hay un problema operativo que tiene que ver con el funcionamiento de la Asamblea General", por lo que hay que buscar una fórmula que "cierre el círculo del control". Una opción, dijo, sería la formación de una comisión dedicada a seguir las observaciones del tribunal.