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Un beneficio al que casi ningún político renuncia

El subsidio a quienes dejan su cargo en el Estado busca asegurar el acceso igualitario a la función pública pero es, en los hechos, un privilegio de los políticos
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22 de octubre de 2017 a las 05:00
Raúl Sendic, Ricardo Pérez Manrique, Pedro de Aurrecoechea, Washington Abdala, Enrique Antía y José Korzeniak tienen algo en común. Ellos, como tantas otras figuras del sistema político, cobran o cobraron un subsidio especial luego de abandonar sus cargos, ya sea a través de una renuncia o por el vencimiento del plazo establecido por ley.

La misma ley que otorga a Sendic el derecho a cobrar por un año US$ 13 mil, les da a centenares de jerarcas de Estado la posibilidad de cobrar un subsidio tras dejar la función pública. El beneficio abarca al presidente, vicepresidente, ministros, subsecretarios, legisladores, fiscal de Corte, directores de entes y servicios descentralizados, director y subdirector de la OPP, secretario y prosecretario de Presidencia, miembros de la Corte Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas, y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.


Se trata, en definitiva, de una versión privilegiada del seguro de paro que cobra el común de los trabajadores. Mientras que estos reciben el 60% de su sueldo por un plazo de seis meses, los políticos reciben un 85% por un año. El fundamento de este beneficio es que los políticos deben disponer de una protección social especial para,de esa forma, incentivar a que todos los ciudadanos, más allá de sus condiciones socioeconómicas, puedan acceder a un cargo público de jerarquía.

La ley que rige es de 1991, pero sus antecedentes se remontan a la dictadura militar. Si bien con el retorno de la democracia se restringió el beneficio creado por el gobierno de facto, algunas modificaciones recientes ampliaron el acceso al subsidio.

Burocracia para renunciar

Para los que abandonan un cargo público, se les hace más trabajoso exigir que no se les pague el subsidio que dejar que la maquinaria ya aceitada haga lo suyo y les entregue el beneficio.

Algo de eso le ocurrió al exsenador del MPP Ernesto Agazzi, quien, luego de renunciar a su banca en diciembre de 2016, pidió por carta no recibir el beneficio. "Tuve una fuerte discusión con el aparato administrativo del Palacio Legislativo. Los funcionarios de la parte contable me decían que no podía poner eso", contó a El Observador. El exparlamentario recuerda que le llegaron a enviar una nota que decía que su pedido "no tenía fundamento jurídico".
US$ 13 mil es lo que cobrará el exvicepresidente Raúl Sendic. El subsidio fue aprobado por su sucesora Lucía Topolansky, pese a las críticas de la oposición, que lo consideraron inconstitucional.
Además, pese a que la Constitución impide que los legisladores cobren una compensación antes de terminado el período para el que fueron electos, –a no ser que el pago sea autorizado por tres quintos de la Cámara–, en el Parlamento es una práctica común que se otorguen subsidios al que renuncia antes de cumplir el plazo para el que fue elegido.

Desde 2004 hasta el subsidio votado para Sendic que provocó una polémica política, seis diputados renunciantes cobraron de esa forma el subsidio correspondiente.

José Korzeniak, abogado constitucionalista y exsenador del Frente Amplio había impulsado un proyecto de ley para que los legisladores tuvieran el mismo seguro de paro que el resto de los ciudadanos. Sin embargo lo cobró. Según explicó, durante su paso por el Parlamento (de 1990 a 1995) "había un pacto no escrito" de atenerse siempre al subsidio, "para no sacar ventajas políticas".


En los entes, el subsidio se da también de manera natural y casi automática. "Yo ni siquiera lo pedí. Me dijeron: te corresponde", dijo a El Observador Pedro De Aurrecoechea, frenteamplista y vicepresidente de UTE entre 2005 y 2010. En la Suprema Corte de Justicia no hay casos conocidos de renuncia anticipada, pero sí de cobro de subsidio tras el cese del cargo. Pérez Manrique se retiró de la función pública el año pasado tras superar los 80 años y, a pesar de cumplir con las condiciones para jubilarse, pidió hacer uso del subsidio. "Restando impuestos estoy cobrando cerca del 40% del sueldo como ministro", aseguró el exmagistrado.

Los casos de renuncias al subsidio son escasos. A Agazzi se le suman otras figuras de renombre como los exlegisladores del Frente Amplio Marcos Carámbula y Guillermo Chifflet, el exministro de Economía colorado Alejandro Atchugarry y el actual presidente Tabaré Vázquez.

Beneficio con fundamentos

Durante la sesión del Senado del 10 de octubre, en la que el Frente Amplio rechazó dejar sin efecto la decisión de la vicepresidenta Lucía Topolansky –quien había dispuesto por vía administrativa el pago del subsidio a Sendic–, volvió a asomar el debate acerca de los salarios que perciben los parlamentarios.

"¿Por qué los legisladores ganan lo que ganan, por qué es necesario un subsidio?", se preguntó el senador del Frente Amplio, Marcos Otheguy, en forma retórica. "¡Porque si no vamos a tener sentados en esta cámara a los patrones, como era antes! Los dueños de los campos, de las empresas, y los que tienen cuentas bancarias abultadas que nunca necesitaron ocho horas de trabajo para solventar a sus familias", argumentó.
85% del salario que percibe por el cargo político es lo que contempla el subsidio por un año para cargos políticos. No se puede cobrar junto a otros haberes del Estado, pero es compatible con la actividad privada.
Pérez Manrique también dijo estar de acuerdo con la existencia del subsidio. "La historia es entender que cuando una persona deja un cargo que ha significado una alta dedicación, necesita un período de adaptación" dijo. Según el exministro de la SCJ, "esa adaptación no se soluciona" con un seguro de paro común. "Puede haber casos en que esto pueda parecer injusto, pero pienso que es algo totalmente atípico y no sería lógico discutir el subsidio a partir de casos particulares", sostuvo.

Lo mismo opina Korzeniak. "Tendría que ser objeto de estudio en momentos en que no haya casos (concretos sobre la mesa), porque enturbia la objetividad de la gente", afirmó el jurista, y agregó que el análisis tendrá que provenir "de técnicos y no de políticos".


Según Agazzi, "es difícil encontrar espacios en el Palacio Legislativo para discutir de estos temas". El exsenador dijo que tanto "los sueldos bastante abusivos" como el asunto del subsidio "va a requerir una discusión y un ajuste". Al respecto, señaló que en la interna del MPP se está intentando impulsar ese debate.

El senador Pedro Bordaberry instó también a dar la discusión en el Senado. "Y no incluyamos solo eso, sino también los motivos por los cuales se sesiona del 1° al 18 y no los 30 días del mes como trabaja cualquier uruguayo. Y también replanteemos si está bien que el receso empiece el 15 de diciembre y se retome el 1° de marzo", afirmó el senador colorado en la sesión del 10 de octubre.

Historia de un subsidio

La discusión del Senado en torno al subsidio otorgado a Sendic reeditó de alguna manera el intercambio que se dio en esa misma cámara treinta años atrás, cuando el Parlamento acordó revertir una serie de privilegios que gozaban los cargos políticos desde la época de la dictadura.

En 1978, en plena dictadura cívico-militar, se había aprobado el llamado Acto Institucional N°9, que restringió las condiciones de acceso a una jubilación para la mayoría de los ciudadanos, pero facilitó diversas ventajas a quienes hubieran desempeñado cargos políticos o de particular confianza. Mientras que se aumentó la edad de retiro, se decretó que los cargos de confianza podían jubilarse habiendo trabajado 15 años y con solo un año en la actividad pública.

En 1987, ya en democracia, los partidos políticos acordaron reformar lo que consideraban un régimen privilegiado. La ley 15.900, apoyada por todo el arco político, eliminó varios beneficios jubilatorios y los sustituyó por un subsidio de 85% del sueldo, con una duración máxima de tres años, solo para aquellos que no cumplieran los requisitos para jubilarse. Dos años después,un decreto del primer gobierno de Julio María Sanguinetti interpretó que la configuración de causal jubilatoria no era incompatible con el cobro del subsidio, siempre y cuando no se cobraran las dos al mismo tiempo.
US$ 100 mil dólares hubiera cobrado en total el exministro de Economía Alejandro Atchugarry, si no hubiera renunciado al subsidio en 2004. Los senadores del FA Guillermo Chifflet y Ernesto Agazzi tampoco lo cobraron.
La decisión del Poder Ejecutivo se revertiría parcialmente en 1991. Ese año, ya bajo gobierno blanco, se presentaron dos proyectos de ley para modificar el subsidio. Por un lado, la bancada del Frente Amplio propuso reducir el beneficio al 60% del sueldo y por seis meses, equiparándolo con el seguro de paro. Además, el texto impedía el acceso al subsidio a quienes percibieran otras remuneraciones.

Por otra parte, el Partido Nacional propuso simplemente reducir la extensión máxima del subsidio de tres a un año. Las mayorías parlamentarias hicieron que ese proyecto, de artículo único, fuera el que prevaleciera.

El 10 de julio de 1991, la Cámara Alta aprobó la norma por unanimidad, no sin antes debatir los fundamentos del subsidio en cuestión. Algunos senadores expresaron su desacuerdo con la ley que se votaba, aunque la apoyaron por disciplina partidaria. Uno de ellos fue el colorado Juan Carlos Blanco, quien esgrimió argumentos similares a los que expondría Otheguy casi tres décadas más tarde. "Se trata de facilitar que la opinión real y concreta de poder participar en la función publica, esté al alcance también de los ciudadanos con menores recursos", manifestó.

Ignacio De Posadas, senador del Partido Nacional, también se expresó en contra del cambio. "Existe en este proyecto un poco de falso escrúpulo o de complejo de culpa por parte de los señores legisladores. Este tipo de medidas producen el agravamiento de una dificultad que ya existe para reclutar en este tipo de actividades a personas que están en el periodo activo de sus vidas", dijo.

Los senadores frenteamplistas, por su parte, expresaron que la reducción del subsidio a un año igual constituía un privilegio injustificable. Además, aprovecharon la ocasión para criticar duramente al gobierno de Sanguinetti y su decreto emitido dos años antes. "Todas estas idas y venidas terminan por descalificarnos colectivamente como sistema", dijo el entonces senador Mariano Arana. "Esta es una imagen horrenda que todos contribuimos a generar", agregó.


Lo que seguramente no imaginó Arana es que diecinueve años después, ya con el Frente Amplio en el poder, el gobierno encabezado por José Mujica enviaría al Parlamento un artículo que validaba por ley la interpretación impulsada por el gobierno de Sanguinetti.

El inciso está perdido entre otros 867 artículos de la ley de presupuesto votada en los útlimos días de 2010 y establece que "la configuración de causal jubilatoria no impide el acceso al subsidio por cese en cargos políticos o de particular confianza", siempre y cuando no se reciban haberes por jubilación o pensión". Así figura actualmente en el instructivo publicado por la Contaduría General de la Nación, encargada de otorgar el crédito a cada organismo que dispone del pago de subsidio que casi ningún jerarca público se olvida de cobrar.

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