Un debate pa'l que se fue: los argumentos a favor y en contra del voto en el exterior

Ya antes de llegar al gobierno, el Frente había presentado seis iniciativas distintas para lograr lo que aún hoy lucha por aprobar. De 1985 al año 2000, fueron tres los proyectos de ley presentados por la izquierda. En noviembre de 2000, el FA presentó un proyecto de ley para habilitar el voto de los uruguayos en el exterior, pero la iniciativa naufragó en el Parlamento. Cuatro años más tarde, el senador socialista José Korzeniak planteó una propuesta de reforma constitucional, apelando al artículo 331 de la Constitución, pero su moción tampoco caminó. También en 2004, el diputado Carlos Pita anunció que iniciaría una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum y habilitar el voto epistolar, pero naufragó en su intento.

Cuando el FA llegó al poder en 2005, las propuestas para instrumentar el sufragio fuera de fronteras volvieron a tomar impulso, pero el resultado siguió siendo el mismo.

El 1° de marzo de 2005, cuando Tabaré Vázquez se cruzó en el pecho la banda presidencial, no se olvidó de los uruguayos de afuera. "A nuestros compatriotas que viven en el exterior, porque la patria peregrina es peregrina, pero sobre todo es patria", afirmó. Ese año, la bancada oficialista presentó un nuevo proyecto de ley, pero tras dos años negociando con la oposición, no se alcanzaron los votos necesarios.

En 2009, el FA apeló a otro mecanismo para llamar a consulta popular e impulsó el plebiscito a través del apoyo de al menos dos tercios de la Asamblea General. El 1° de abril de 2009, los 69 legisladores del FA apoyaron el llamado a consulta, que se realizaría el 25 de octubre de ese año, junto a las elecciones nacionales. En esa instancia los uruguayos tenían dos opciones: poner en la urna la papeleta del Sí o llamarse a silencio. Solo 37% de los votantes apoyó el proyecto que permitía "el voto epistolar (por correspondencia)" y facultaba a la Corte Electoral a "instrumentar otros mecanismos", según el texto que figuraba en la propuesta.

El fracaso de la reforma significó un trago amargo para el oficialismo y a partir de allí comenzó a estudiar posibles vías alternativas para habilitar el voto en el exterior. Al inicio del gobierno de José Mujica, Cancillería se puso al hombro un proyecto para instrumentarlo, pero luego lo delegó a la fuerza política. Los esfuerzos se dilataron y cuando Vázquez volvió a la presidencia, el tema se incluyó en la agenda de trabajo y la bancada parlamentaria recogió el guante. La serie continúa.

La igualdad es uno de los argumentos centrales entre los que defienden el voto en el exterior. Según afirman, hoy en día no hay nada que prohíba el voto de los uruguayos que viven fuera de fronteras, siempre y cuando puedan acceder a viajar hasta el territorio nacional. De esta forma –sostienen los que se afilian a esta tesis– se genera una inequidad, ya que el derecho al voto estaría discriminando entre condiciones socioeconómicas.

Por otra parte, señalan que los uruguayos que viven fuera del país igual mantienen sus lazos con su tierra natal, en algunos casos pagando remesas o impuestos.

Asimismo, sostienen que el plebiscito del 2009 –que no obtuvo los votos suficientes para prosperar– puso en consideración un mecanismo en particular (el voto epistolar) pero no supuso un rechazo de la ciudadanía al sufragio fuera de fronteras.

Otro argumento de peso es que los países más desarrollados habilitan el voto en el exterior y que los organismos de derecho internacional instan a los estados a hacerlo.

Por otra parte, entre los detractores del voto en el exterior se suele hacer hincapié en que la ciudadanía se expresó contrariamente hace muy poco. En 2009 se plebiscitó una reforma para permitir el voto epistolar (y habilitar a la Corte Electoral a instrumentar otros mecanismos), pero solo obtuvo un 37% de los votos.

También se pone en cuestión el aspecto instrumental del voto en el exterior. Siendo el sufragio obligatorio en Uruguay, los no residentes habrán de ser multados en caso de no votar. Además, las asimetrías entre la población uruguaya en distintos países genera dificultades para imponer un solo mecanismo.

La bancada del Frente Amplio insistió durante el debate en que la ley sometida a votación "simplemente" explicita un derecho ya consagrado y delega su instrumentación a una comisión cuyo dictamen deberá ser refrendado por dos tercios de ambas cámaras.

Asimismo, el oficialismo argumenta que es "legítimo" que existan diversas lecturas respecto a si la Constitución avala o no el voto en el exterior, y que por ello es competencia del Parlamento hacer una ley interpretativa.

La oposición –así como buena parte de la academia– entiende que la ley interpreta algo que la Constitución nunca dice. Eso implicaría estar reformando la Carta Magna sin las mayorías previstas para ello.

Según esta tesis, la Constitución –para bien o para mal– exige en su artículo 81° (uno de los dos que la ley pretende interpretar) que los uruguayos se "avecinen" al país para poder ejercer el voto. Para permitir el sufragio a distancia, sostienen, es necesario reformar la Constitución.

Aunque el oficialismo asegura que la ley solo crea una comisión que luego determinará las formas de instrumentar el voto (requiriendo dos tercios), la oposición cuestiona la necesidad de incluir también un artículo interpretando que ese derecho ya está consagrado.