Un mes después del nuevo proceso penal empiezan a adaptar las cárceles para cumplir con la ley

Procesado con prisión. Desde el 1 de noviembre, con la puesta en marcha del Código del Proceso Penal (CPP), esas tres palabras pasaron al olvido. La nueva norma, por la que Uruguay cuenta con un sistema acusatorio y no inquisitivo como el anterior en el que quien investiga es el fiscal y el juez es quien resuelve, introdujo cientos de cambios a la forma en la que se lleva adelante un proceso penal y tal vez uno de ellos sea su principal protagonista: la prisión preventiva pasó de ser la regla a la excepción. Tal es así, que hay más de una decena de artículos dedicados a esa medida cautelar que disponen, por ejemplo, cuándo el fiscal no puede pedir prisión de forma preventiva mientras se espera el juicio o qué situaciones personales del imputado deben ser tenidas en cuenta para considerar cesarla.

Pero no solo eso. El nuevo CPP está tan enfocado a que sea una excepción que si a una persona se le aplica la prisión preventiva por un tiempo determinado, debe estar separada de quienes ya tienen una condena. El artículo 232 establece que "la prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, separados de aquellos lugares de reclusión donde son alojados los condenados con sentencia ejecutoriada" y que será "la autoridad competente" la responsable de que eso se cumpla, es decir el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

A un mes y medio de la puesta en marcha del nuevo código, algunas cárceles acondicionaron módulos determinados para que esas personas que todavía no han sido juzgadas pero a las que se les aplicó esa medida cautelar no estén en el mismo sector que los presos que ya tienen una condena o aquellos a los que el término "procesado con prisión" todavía les retumba en la cabeza porque su caso se rigió por el sistema anterior.

En el caso de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), se destinó el módulo 6 para cumplir esa función, indicó a El Observador una fuente del Ministerio del Interior. Hay otros centros donde la situación es todavía precaria y si bien se delimitaron espacios para esos casos, no son módulos independientes.

A principios de diciembre, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo durante un evento en el Parlamento que la razón por la que no deben estar juntos presos con condena y aquellos que cumplen días en la cárcel como medida cautelar se debe a que "quien espera su sentencia en prisión es jurídicamente inocente". En esa oportunidad, Díaz reclamó que se cumpla con ese artículo tal como está establecido en el CPP.

La puesta en marcha del nuevo CPP trajo como consecuencia en el mes y medio de su aplicación que la cantidad de ingresos al exComcar se redujera a la mitad, según dijo el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, entrevistado en el programa En la mira de VTV.

Petit dijo que ese dato es una buena señal porque la cárcel "no es una buena solución" para los problemas de fondo que llevan a una persona a delinquir. "Encerrar durante uno o cinco años a una persona que cometió un delito leve sin condiciones ideales para su rehabilitación, no solamente no es bueno, sino que hace que se deteriore más y golpee por otra puerta con un delito mucho más grave", aseguró Petit.

Para el comisionado, el Estado debería crear centros que contribuyan a la reinserción de los reclusos sin que pierdan "contacto con su familia, y en donde puedan educarse, dejar sus adicciones, trabajar y resolver su problemática", también para los casos en que los imputados no hayan incurrido en delitos de gravedad.