Un mes histórico

Noviembre de 2017 será visto con el paso del tiempo como un mes histórico para Uruguay. Y no porque se concretó la tan ansiada –por el gobierno– firma del primer paso del acuerdo para instalar una segunda planta de celulosa, cosa que se sabrá en 2020, sino porque es un mes en el cual se dio un giro copernicano en la aplicación de la Justicia penal en nuestro país y hemos dado casi un salto de cinco siglos. Hemos, en efecto, desde el 1° de noviembre de 2017 dejado atrás el proceso penal inquisitorio que nos rigió durante décadas y que encuentra sus raíces en la Justicia de la madre patria, para pasar a un proceso acusatorio, que brinda más transparencia en los procesos penales y más garantías para los ciudadanos.

El cambio no ha sido fácil. El código que pasó a mejor vida fue promulgado en 1980, durante la dictadura. Desde hace más de 20 años se viene hablando de la necesidad de cambiar nuestro proceso penal sin que ello se consiguiera. Se llegó incluso a fines de los años 1990 a aprobar un nuevo Código del Proceso Penal, pero no se pudo aplicar por dificultades de implementación y las consabidas "necesidades financieras", que siempre eran el obstáculo principal que se oponía a todo cambio. Como si la libertad de los ciudadanos tuviera un precio que el Estado no estaba dispuesto a pagar o como si no hubiera para las garantías personales ese "espacio fiscal" que suele expandirse como un chicle.

Finalmente dicho código fue derogado y hubo que iniciar nuevamente el camino desde cero.

Se conformó en 2005 una comisión para la redacción de un nuevo código, que presentó su anteproyecto en mayo de 2010 y que luego de dormir en el Parlamento unos años, se convirtió en ley recién en 2014 y se determinó su aplicación en julio de 2017, luego de grandes dudas por "los costos económicos" del nuevo proceso y por el cambio cultural que implicaba para todos los actores del proceso penal. Doce años después de que se formara aquella comisión, el nuevo Código del Proceso Penal iniciaba su andadura. No, por cierto, exenta de dificultades. Las materiales, pues aún existen carencias a remediar. Pero sobre todo las culturales ya que, de un día para otro, se cambiaba el papel del juez, del fiscal, del abogado defensor, etc. Ya no estábamos más en una contienda donde juez y fiscal trabajaban juntos en la investigación frente a un indagado, a veces ayudado por su abogado, pero con pocas posibilidades de hacer en la etapa sumarial una defensa profunda del caso. Ahora, se asegura la imparcialidad objetiva de los jueces con la consagración de un sistema que coloca un juez para las audiencias y otro en el juicio oral, al tiempo que el fiscal lleva adelante la acusación y el abogado defensor ejerce plenamente su tarea de defensa del imputado. Y el juez es un tercero que debe decidir luego de escuchar al fiscal y a la defensa y de valorar las pruebas y los testigos.

Es un paso enorme el que se ha dado y casi no nos damos cuenta de lo que ello significa. Porque además de lo ya reseñado, las audiencias son públicas, el juicio es oral y la transparencia es muy notoria. Y eso que en este mes hemos tenido casos de elevada resonancia pública como las violaciones y asesinatos de dos menores, que se han resuelto satisfactoriamente.

Por supuesto que aún quedan por dilucidar los casos iniciados bajo el antiguo código, al tiempo que hay que sustanciar los nuevos casos. Falta, sin duda, que todos los actores asuman las nuevas responsabilidades y se ejerciten en ellas. Todo es muy nuevo todavía y con el paso del tiempo y la adquisición de experiencia se irá mejorando el proceso. Pero las bases están sentadas para que nuestro proceso penal sea congruente y compatible con una Constitución liberal, republicana y garantista. Y, al mismo tiempo, para que terminemos de una vez por todas con las correctas censuras internacionales que recibió nuestro país por su antiguo proceso penal. Tanto la OEA como la ONU lo condenaron repetidamente e instaron a nuestros gobiernos a cambiarlo sin más demora. Demora hubo en exceso, pero finalmente el cambio se produjo gracias a fuerzas que se pusieron la tarea a hombros como la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte de Justicia. Ambas, además, no aceptaron más dilaciones ni permitieron que se esgrimieran los manidos temas económicos o ideas peregrinas como la de aplicar el nuevo código por zonas geográficas.

Noviembre de 2017 será recordado como un buen punto de partida, como un momento histórico. Será necesario seguir mejorando para que el proceso penal, que afecta la libertad de los ciudadanos y su seguridad, siga mejorando en garantías y eficiencia. Pero el camino está iniciado.