Nacional > CRÓNICA DESDE EL COMCAR

Un motín con secuestro a policías transmitido por whatsapp

La Fiscalía analizará los hechos, el Ministerio del interior dio inicio a una investigación administrativa, y el sindicato impuso condiciones
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30 de junio de 2018 a las 05:00

"Dos y media de la tarde lo vamos a entregar todo y vamos a salir con los últimos rehenes que quedan”. Aunque gritaba, la voz casi no se escuchaba. Hablaba el vocero del grupo de 33 reclusos que este viernes secuestraron a tres policías en el módulo 12 del Complejo Carcelario Santiago Vázquez, pero el audio era de mala calidad y el tránsito de la Ruta 1 lo opacaba. Salía del celular que sostenía Carol Pereira, una de las cuatro mujeres que esperaban desde la mañana noticias sobre la suerte de sus maridos, que dependían de las negociaciones con las autoridades. Estaban paradas a la entrada del camino Basilio Muñoz, hasta donde la Policía dejaba ingresar.

Habían pasado pocos minutos de las 13, peor aún faltaban casi dos horas para que el motín se disolviera y para que el último rehén fuera librado. “Lo único que queremos es que no nos vayan a pegar y que nos saquen para donde nos dijeron”, decía el hombre, con fuerza y tensión en su voz, que se dirigía a los micrófonos de la prensa que apuntaban al celular.

Esas eran las condiciones que los presos impusieron al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gonzalo Larrosa, que dialogaba con ellos desde la madrugada, junto al equipo de negociadores del Ministerio del Interior.

El esposo de Pereira había sido trasladado semanas atrás desde el Penal de Libertad, luego de que intentara fugarse junto a otros internos. Como consecuencia, ingresaron al modulo 12 de esta cárcel, porque es un recinto de máxima seguridad, aunque para las esposas que aguardaban afuera impacientes sus maridos estaban allí por diferentes “castigos”. Las condiciones de su reclusión eran bastantes duras, según contaron.

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“La otra vez hicieron una huelga de hambre, ya estaban advirtiendo, y no solo no les dieron respuesta, sino que les restaban”, dijo Pereira, y puso un ejemplo: el sábado pasado, a su esposo –preso por rapiña desde hace cuatro años y medio– ni siquiera le dejaron hacer la llamada semanal de tres minutos exactos a su familia. “El otro día me dijo: esto no puede más, hay un motín planificado”, recordó.

Las visitas, en este recinto, son de una hora y cada 15 días, y los familiares no tienen la libertad que hay en otras áreas o cárceles para ingresar alimentos.

“Han encontrado hasta patas de ratas en las ollas, y las papas se las dan entera; no es como antes, que podíamos llevarles comidas”, lamentó Vanesa Romano: su pareja, en prisión como coautor de homicidio desde hace siete años, está en este módulo por haber hecho un boquete en su pared, con el propósito de mirar la televisión que tenía su vecino.

En una conversación anterior con la prensa, por la mañana, el vocero había dicho: “Hay gente que no puede estar en este sector, que es un nido de ratas. Nunca en mi vida vi tantas ratas como vi acá”.

Las fotos de ese motín, que comenzó sobre las tres de la mañana, circularon rápidamente por las redes sociales. En una de ellas se ve cómo tres de los reclusos apuntaban con escopetas –de munición de goma– a los rehenes. Todos sonrientes, con los rostros descubiertos. En otras, simplemente posaban con sus armas.

Consecuencias

“Estamos bien. Muy nerviosos pero bien; se han portado bien. No nos han maltratado, no nos han judeado, estamos bien: queremos que las autoridades carcelarias resuelvan este tema lo más pronto posible”. La voz, igual de difícil de escuchar, era la de uno de los policías secuestrados –identificado como Pepe–, que el secuestrador puso al teléfono para que los periodistas comprobaran que se encontraban en buenas condiciones.

La primera liberación fue a las 10.30. “Les pedí una muestra de que quieren hacer las cosas bien, y a cambio les pedí un rehén”, dijo Larrosa a El Observador. Héctor Alaniz, integrante del sindicato policial de Montevideo (Sifpom), dijo a la prensa que también les dieron cigarrillos a cambio, y que la mujer quedó “muy shockeada” por la experiencia.

La situación no era sencilla: los delincuentes amenazaban con matar a los rehenes, y ya habían hecho importantes destrozos en el lugar. La fiscal de Flagrancia Diana Salvo, que acudió a la cárcel este viernes para supervisar el operativo, dijo que aunque generalmente los motines no pasan a mayores –cuando las consecuencias no superan algún daño material–, este caso fue muy diferente.

“Cometieron delitos evidentes: policías de rehén esposados y amenazados con armas”, dijo la fiscal, y agregó que las figuras delictivas de atentado y privación de libertad son las primeros que saltan a la vista. “Los que amenazaban y decían que iban a matar a los policías eran presos que enfrentan penas larguísimas, de hasta 30 años, por lo que no les importa su pena. Ellos mismos subieron las fotos a las redes”, aseguró.

Al momento, los reclusos fueron trasladados a distintos centros, y algunos, tal como pidieron, fueron enviados al Penal de Libertad. Ahora, la fiscal espera el reporte fotográfico de la Policía Científica para evaluar las roturas del módulo, y el comienzo de las declaraciones a todos los involucrados, incluyendo a los agentes secuestrados, quienes no sufrieron agresiones físicas.

Asimismo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que dio la orden para que inicie una investigación administrativa “ajena al INR”, para definir qué mecanismos de seguridad fallaron.

Reclamo sindical

“No se vaya a ningún lado. Usted ya negoció con los delincuentes, ahora va a negociar con nosotros”. La voz firme esta vez era de Alaniz, y quien la recibía, sobre las tres de la tarde, era Gerardo Bidarte: el subdirector del INR veía cómo terminaba un dilema y comenzaba otro.

El Sifpom encontró una oportunidad para hacer oír sus reclamos, y con ese objetivo llegó hasta el lugar su presidenta, Patricia Rodríguez: “No vamos a permitir que se siga trabajando en estas condiciones”, dijo la dirigente a El Observador.

Sus críticas apuntaban a aumentar el número de policías que custodia los módulos, los chalecos de protección y otras garantías de seguridad. El sindicato fue escuchado en una reunión con Larrosa, Bidarte y el director de la cárcel, y se llegó a “algunos acuerdos que van a favorecer el desempeño de la tarea”, pero que por razones de seguridad no se harán públicos.

“Pero igual nos vamos preocupados porque tenemos el gran problema de la falta de personal: si no hay un llamado urgente y se destina más personal ejecutivo seguiremos muy mal parados, sobre todo en la seguridad de los policías”, concluyó Rodríguez. l

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