Un olvido en los reclamos del sector rural

En los últimos días se presenciaron diversas protestas de productores rurales en diferentes puntos del país. El movimiento tiene sus particularidades por tratarse de movilizaciones espontáneas organizadas por grupos independientes a través de redes sociales.

Más allá de las simplificaciones en las que caen aquellos que pretenden disminuir los reclamos planteando dicotomías entre grandes y pequeños productores, o entre el campo y la ciudad (camino seguido en Argentina con sus conocidos resultados), es evidente que se trata de un malestar bastante generalizado que no solo refleja la posición del sector agropecuario.

En términos generales, las demandas presentadas muestran el descontento por los elevados costos de producción del país, los que aumentaron con el inicio del año. Se trata principalmente de la suba de los combustibles y el aumento de las tarifas de la energía eléctrica, a lo que habría que agregar el incremento de la Tasa Consular que afecta a las importaciones.

Las protestas se fueron expandiendo por la actitud del presidente de la República, no recibiendo a tiempo a las gremiales más representativas del sector para conversar sobre las demandas. Independientemente de las diferentes realidades que atraviesa cada una de las ramas productivas nacionales, es a esta altura indiscutible que emerge cierto agotamiento por la suba de las tarifas e impuestos que afectan tanto al productor rural, como a la industria, comerciantes, trabajadores y consumidores.

Debe tenerse en cuenta que todas estas actividades se encuentran encadenadas en el desarrollo económico del país.

Las primeras reacciones del gobierno estuvieron a cargo del propio presidente Vázquez, las que por cierto fueron desacertadas, ya que buscó deslegitimizar los reclamos por tratarse de un movimiento independiente y autoconvocado, expresiones por cierto muy conocidas por su alcance e impactos a nivel internacional. Los resultados de la reunión con el primer mandatario derivaron además en un pedido de más esfuerzos al productor nacional.

La repercusión del movimiento indicaría que son varios los temas que subyacen en el presente malestar, el que ameritaría reacciones despojadas de arrogancia, ya que en el país siguen pendientes algunas reformas estructurales que sin exclusión, formaron parte de todos los discursos de asunción presidencial y programas políticos de los últimos gobiernos.

Lo cierto es que Uruguay todavía enfrenta la necesidad de contar con un sector público más flaco, eficiente y transparente, necesita de forma urgente mejorar su infraestructura y sigue pendiente la reforma educativa. Independientemente de los esfuerzos de la cancillería, debido a las diferencias en el seno de las distintas facciones políticas del gobierno, el país no ha mostrado éxitos sustantivos en su estrategia de inserción internacional.

Uno de los reclamos olvidados por parte de los productores rurales tiene que ver con las relaciones comerciales. Sí es cierto que las gremiales y algunos productores resaltan avances en ese sentido, tales como el aumento de la cuota de carne a Europa, el ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos o el acceso de los cítricos y arándanos a China. También cabe destacar los avances para que finalmente se habilite la carne en el mercado japonés.

De todas formas, si uno compara los éxitos en las políticas públicas de inserción internacional de algunos países de la región como Chile y Perú respecto a los logros destacados en Uruguay, las desventajas que sufren nuestros productores nacionales son más que evidentes. De hecho, tanto Chile como Perú cuentan con decenas de tratados de libre comercio vigentes, como es el caso de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur, Canadá, Tailandia, Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio, por nombrar unos pocos ejemplos.

Ahora, ¿qué beneficios obtienen los productores en el marco de los acuerdos comerciales? En 2016, Chile exportó a la Unión Europea cerca de US$ 600 millones de vino sin el pago de aranceles, mientras que para ese mismo producto Uruguay abona tarifas que pueden alcanzar el 7%. Las colocaciones chilenas de vino a Estados Unidos y China computadas en conjunto alcanzaron los US$ 500 millones en el mismo año, en los dos casos accediendo con libre acceso, pero en esos mismos mercados Uruguay enfrenta tarifas cercanas al 4% y 14% respectivamente. Lo mismo ocurre en Japón y Corea del Sur, mercados en los cuales Chile colocó conjuntamente cerca de US$ 220 millones sin el pago de aranceles y Uruguay debe afrontar niveles del 15%.

Si replicamos el análisis con otro producto como los arándanos, se observa un resultado similar. Chile no paga aranceles en la Unión Europea (exportó US$ 140 millones en 2016), pero el exportador uruguayo debe abonar tarifas que ascienden a máximos del 9,6%.

En el caso de China, mientras Chile cuenta con libre comercio (exportó US$ 72 millones en el mismo año), Uruguay abona una tarifa que trepa al 30%. Los ejemplos siguen en muchos otros bienes como los lácteos, la carne, los cítricos, los pescados y las preparaciones alimenticias. Las desventajas de Uruguay en las condiciones de acceso no solo se dan con los dos países sudamericanos, sino también con otros competidores como Australia o Nueva Zelanda, economías que mantienen un dinamismo muy interesante en el cierre de acuerdos comerciales.

Es claro entonces que a los elevados costos de producción que reclaman los productores rurales en estos días, se le debe agregar la pérdida de competitividad por las diferencias en las condiciones de acceso a los principales mercados mundiales, lo que no solo tiene que ver con el nivel de los aranceles ya comentado, sino también con las normas sanitarias y fitosanitarias, facilidades aduaneras y certificaciones, las que siempre son más favorables y predecibles en el marco de los tratados de libre comercio.

El gobierno o al menos parte de él, pero a esta altura todos los actores nacionales, cometen el error de no calibrar adecuadamente el impacto que está teniendo en el desarrollo del país la ausencia de acceso preferencial para los productos agrícolas y agroindustriales. Esta realidad, si bien no ha formado parte central de los reclamos del sector rural, es un debe del Estado uruguayo con impactos que incluso superarían los derivados por la suba del precio de los combustibles y el aumento de las tarifas de energía eléctrica.