Un paso hacia la seguridad

Reaccionando a las denuncias del jefe nacional de Policía, Mario Layera, sobre retención de información por otras instituciones del Estado, el presidente Tabaré Vázquez llamó al orden a los involucrados y creó un organismo central para el cruzamiento de datos y mayor coordinación como parte del combate a la delincuencia. Es un paso acertado para atacar uno de los puntos débiles de la acción oficial ante el auge del narcotráfico, el crimen organizado y la diaria ola de otros delitos. Pero quedan aún pendientes otros aspectos esenciales que urge resolver, como las facultades de la Policía y la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) sobre prisión preventiva y cumplimiento de las penas de cárcel para delitos graves.

Layera, en una completa disección de los problemas de seguridad, había señalado obstáculos a la eficacia policial por desencuentros con la Fiscalía y por la renuencia del ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social y las autoridades de la educación pública a suministrar a la cartera de Interior datos personales que faciliten el seguimiento de conductas ilícitas. Vázquez los reunió a todos y dispuso el fin de esa dispersión al incorporarlos a un "centro operativo de violencia criminal" que, bajo control de Presidencia, coordinará acciones y utilización de los diferentes centros de datos. Si el nuevo organismo funciona eficazmente, se solucionará uno de los problemas planteados por Layera. Resta ahora definir otros temas que dificultan mejores resultados contra la inseguridad que angustia a la población.

Un proyecto de ley del Ministerio del Interior busca ampliar la aplicación de la prisión preventiva en casos de delitos graves. La propuesta contraría el uso restringido de ese recurso, una de las bases del CPP. El cambio que propugna Interior ha sido objetado por inconstitucional y porque supone una regresión parcial al anterior sistema inquisitorio, bajo el cual más del 60% de los reclusos permanecía encarcelado sin sentencia. Esa, por tanto, no es la solución. Lo que sí sería solución es dar una mayor agilidad a la acción de la Fiscalía, lo que exige dotarla de los recursos humanos y financieros cuya actual insuficiencia dilata sus investigaciones y decisiones. Esto permitiría a su vez mayor rapidez y coordinación para las acciones policiales.

Los reclamos del Ministerio del Interior incluyen también el cumplimiento completo de las penas, eliminando las libertades anticipadas, así como precisar las facultades de la Policía para investigar –punto que ha creado confusiones con la Fiscalía– y las garantías a los efectivos para reprimir delitos sin temor a ser castigados por presunción de excesos. Son puntos que requieren definición equilibrada para asegurar la utilidad del nuevo CPP, que sacó a Uruguay de un anacrónico sistema penal pero que necesita ajustes que aseguren su funcionamiento exitoso. Mientras tanto, sigue su curso la iniciativa del senador Jorge Larrañaga de plebiscitar la creación de una Guardia Nacional que incorpore militares a la seguridad interna. Es un tema controvertido que, aunque parece contar con mayoritario respaldo popular, pero secundario a mejorar la estructura ya existente mediante mayor eficacia en el trabajo de la Policía, la Fiscalía y otros organismos del Estado.