Vivienda que funcionaba como residencial clandestino en Río Branco.

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Un residencial clandestino que llevó tres años clausurar

Su dueño siguió recibiendo ancianos pese a que el Mides lo cerró tres veces
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21 de abril de 2018 a las 05:00
Marcelo López había dicho en julio de 2017 que dejaría de recibir ancianos en su residencial clandestino, porque aquel negocio ya le había dado "problemas". Las declaraciones fueron hechas a El Observador luego de que la Policía encontrara a nueve ancianos en malas condiciones de higiene y salud alojados en un galpón que se encontraba en un campo cercano a Río Branco, donde el hombre había decidido ocultarlos para evitar una inspección del Ministerio de Desarrollo Social.

Pero López nunca paró, y este jueves, a raíz de aquel descubrimiento, la Justicia de Cerro Largo lo procesó con prisión por continuados delitos de abandono de personas incapaces especialmente agravados. Sin embargo, el caso de Marcelo López no era nuevo para el Ministerio de Desarrollo Social, que desde 2015 tenía en la mira a aquella pequeña casa de fachada amarilla y techo de tejas.

Según contó este viernes en conferencia de prensa la directora del Instituto Nacional de Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Adriana Rovira, la situación presuntamente delictiva de aquel residencial había sido descubierta en 2015, cuando el organismo se encontraba haciendo un relevamiento de distintos centros que recibían ancianos. Fue allí que se toparon con varias denuncias que alertaban de las malas condiciones en la que vivían en aquel residencial.

Ese mismo año, el Mides presentó una denuncia penal contra el residencial, lo que terminó con López procesado con prisión y los ancianos realojados en otros centros. La historia pudo haber terminado ahí, pero tiempo más tarde el hombre obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a problemas crónicos de salud, lo que le permitió retormar las actividades.

Marcelo López cobraba entre $ 3.000 y $ 9.000 por el servicio. Cuando no eran las familias las que pagaban, el hombre cobraba la pensión o jubilación de los internos para cumplir con el pago.

Al poco tiempo comenzaron a llegar nuevas denuncias de que López había vuelto a recibir ancianos. Fue en ese momento que el Mides envió un equipo fiscalización para corroborar lo denunciado.
Cuando el equipo llegó a Río Branco, López les negó el ingreso a la vivienda, por lo que el Mides se presentó en la seccional policial para presentar una denuncia. "Como no dejé entrar a gente del Mides los llevé para allá (a un galpón en el campo) porque me asusté (...) los llevé por unas horas nada más para llamar a los familiares, nada más que eso (...). Yo les iba a llevar las camas de noche, por si los agarraba la noche, porque las tengo yo", había admitido el ahora procesado con prisión.

A la policía –que respondía a la denuncia presentada por el Mides– le llevó poco tiempo encontrar a los nueve ancianos que vivían en el residencial encerrados en un galpón en un paraje cerca de Río Branco.

Debido a las malas condiciones de salud en las que fueron encontrados debieron ser trasladados a los servicios de salud pública de la ciudad fronteriza. Uno de ellos, que era insulinodependiente, debió ser atendido en Montevideo porque tenía comprometida una de sus piernas.

Nunca paró

"Los ancianos míos están todos en Salud Pública (de Río Branco) para que las familias los levanten, porque ya no quiero seguir más. Hay familias que me piden que yo siga, pero no quiero seguir más, porque ya bastantes problemas me dio" (la situación), había dicho López.

Sin embargo, la realidad fue distinta y según pudo probar la Justicia, la actividad de este "hogar clandestino", como lo definió la ministra interina de Desarrollo Social, Ana Olivera, nunca paró.
De hecho, en diciembre de 2017 el Mides recibió nuevas denuncias de que el residencial continuaba atendiendo a tres ancianos y traslada esa información a la Justicia. La policía comprobó que había en el lugar dos ancianos –ya uno había fallecido–.

Entre los ancianos que se encontraban en el residencial estaba el insulinodependiente que había sido trasladado a un centro de salud en julio, y que una vez más se encontraba en el residencial. Por su estado, el hombre debió ser trasladado a Montevideo y ahora sí le fue amputada la pierna que tenía comprometida.

Esta nueva acción de la Justicia tampoco detuvo a López a las pocas semanas se presentaron nuevas denuncias de que la vivienda continuaba atendiendo a ancianos.

Además, luego de que el anciano insulinodependiente fuera operado en Montevideo, la esposa de López lo retiró del hospital sin autorización de la familia y volvió a trasladarlo al residencial. Por esta razón, el sobrino del anciano presentó una denuncia penal, y durante algunos días la familia no supo donde ubicarlo. Fue el Mides quien colaboró con su búsqueda, hasta determinar que una vez más se encontraba en el misma vivienda de la que había sido retirado por las autoridades. Rovira dijo que con López en prisión espera que, de una vez por todas, se pueda ponerle fin a este residencial clandestino.

Mides trabaja en siete desalojos de residenciales

El caso del residencial clandestino de Rio Branco descubierto en 2017 en el que vivían nueve ancianos en malas condiciones de salud, y cuyo dueño fue procesado con prisión por reiterados delitos de abandono de personas incapaces especialmente agravados luego de reincidir en esa práctica, está lejos de ser el único. Según informó la directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores), Adriana Rovira, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja actualmente en el desalojo de siete residenciales en los que se constataron situaciones similares y "hay presunción de que se está cometiendo un delito".

Rovira aclaró que se trata de siete locales ubicados en la zona metropolitana en los que ya hay una actuación judicial.

La responsable de Inmayores dijo que se debe distinguir entre aquellos lugares que funcionan "precariamente por temas de pobreza", y que no cuentan con habilitación para operar como residenciales, de aquellos en los que existe una "presunción de delito".

En el caso de Río Branco, donde los nueve ancianos debieron ser trasladados a centros de salud debido a las malas condiciones en las que se encontraban, Rovira dijo que "las condiciones eran de no dignidad de la vida y de desprotección de derechos generales".

Según había informado Telemundo, solo 18 residenciales en todo el país cuentan con habilitación del Ministerio de Salud Pública, mientras que 925 no tienen ningún tipo de habilitación, al tiempo que 126 que están en proceso de regularizar su situación.

La ministra interina de Desarrollo Social, Ana Olivera, dijo que esta situación preocupa a la cartera y al Ministerio de Salud Pública, y dijo que están trabajando para aumentar la cantidad de locales que cumplan con los requerimentos para operar.

De todas formas, Rovira aclaró que aunque la mayoría de los locales no cumplen con la normativa, en general no están vulnerados los derechos de los ancianos y los tratan correctamente.

Además, distintguió aquellos lugares que funcionan precariamente por cuestiones de "pobreza", de aquellos que –como en el caso de Río Branco– están cometiendo un delito.

El Ministerio de Desarrollo Social estima en 1.100 la cantidad de residenciales de distintas modalidades, y en 14.000 las personas que requieren cuidados las 24 horas del día.

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