Una audiencia con los cinco presos que se amotinaron en Santiago Vázquez

Matías y Marcelo, los dos con 22, terminaron la escuela, y otro Marcelo cursó hasta segundo de liceo.

Además de una vida dedicada a la delincuencia, estos cinco hombres tienen otra cosa en común: fueron algunos de los autores del motín que en la madrugada del 29 de junio sorprendió a las autoridades de la cárcel Santiago Vázquez –antiguo Comcar– y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), quienes de un momento para otro debieron negociar para salvar la vida de tres policías.

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Esa noche, al mando de Eusebio Amorín Sumasi –que será llevado a la Justicia a la brevedad–, Edgard y Marcelo cortaron los barrotes de sus celdas del Módulo 12 y caminaron 250 metros hacia el exterior, con la intención de traspasar el perímetro de la cárcel. Pero dos militares los sorprendieron, dieron la voz de alto, y los tres dieron media vuelta.

Se dirigieron a la cocina del módulo, rompieron candados y las rejas de la entrada, y con cortes carcelarios emboscaron a tres funcionarios policiales, dos hombres y una mujer. Los esposaron y ataron con grilletes junto a un banco, les sacaron las tres escopetas, los tomaron de rehenes.

Frustrado el plan original, lo improvisaban todo. "Decían que no sabían qué iban a pedir", declaró después uno de los policías secuestrados.

Luego agarraron las llaves de las celdas para liberar al resto de los reclusos, destrozaron chalecos policiales y las cámaras de seguridad del sector, prendieron fuego un colchón, y comenzaron a comunicarse con las autoridades para exigir comida y cigarrillos, todo lo cual fue concedido.

"Hubo momentos de mucha tensión: cuando se cortó la luz de repente, nos dijeron que si en cinco minutos no se arreglaba la primera cabeza que iba a volar era la mía", relató el funcionario. En determinado momento, los reclusos pidieron al padre de Rodrigo, con quien se comunicaban por celular, que le entregara $ 150.000, so pena de matarlo, aunque no pensaban cumplir con la amenaza.

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Las negociaciones las asumió el propio director del INR, Gonzalo Larrosa, y al cabo de 12 horas, sobre las 15 del día siguiente, los internos liberaron a los rehenes. Así comunicaron a la prensa que lo harían, una hora antes, a través del celular de Carol Pereira, una de las cuatro mujeres que esperaban desde la mañana noticias sobre la suerte de sus maridos. A cambio, pidieron ser trasladados a otros centros, en donde tuvieran mejores condiciones de reclusión.

Juzgado

La fiscal que tomó esta investigación, Diana Salvo, solicitó este martes que estos presos fueran formalizados por varios ilícitos. En casi todos los casos, los imputados incurrieron, entre otros varios delitos –como el de motín propiamente dicho–, en uno de privación de libertad agravada –ya que las víctimas eran policías–, que el Código Penal castiga con una pena mínima de seis años.

Salvo pidió que, mientras continúa diligenciando pruebas y tomando declaraciones, todos los imputados permanecieran bajo régimen de prisión preventiva, por la peligrosidad que representan y porque podrían frustrar el proceso.

Como ya se encuentran en prisión, cuando la fiscal leyó esa solicitud a Miguel le causó risa y se tomó el rostro con sus manos. Sin embargo, la medida requerida solo deberá regir en el caso que los reclusos obtuvieran, en virtud de los otros procesos que tienen en la Justicia, algún tipo de libertad condicional o anticipada. Y pidió 180 días.

Las tres abogadas defensoras no rechazaron la propuesta pero dijeron que había algunos reparos a tener en cuenta. Natalia Fleitas, por ejemplo, que representaba a Edgard, dijo que la solicitud podía significarle a su defendido una carga en la cadena de "medidas progresivas" dentro de la cárcel. Allí está en un calabozo, no tiene permitido salir al patio, y esta medida puede agravarle la situación. "Si solicita trasladado a comisión o a las barracas, una (medida) cautelar pendiente lo limita", dijo Fleitas.

El magistrado accedió al pedido de la fiscal, pero redujo a 120 días la prisión preventiva. Durante ese lapso, Salvo seguirá tomando declaraciones y recabando pruebas para fundamentar que los cinco participaron efectivamente en el motín; que Marcelo y Edgard incurrieron en privación de libertad agravada y autoevasión en grado de tentativa, daño agravado y extorsión; que Rodrigo además cometió simulación de delito –ya que se hizo por pasar por víctima cuando nunca lo fue–; que Miguel es culpable de un delito de daño agravado, y que Matías también es responsable por la privación de libertad a los policías.

Cuando el juez Souto les preguntó a los reclusos si entendieron todos esos cargos, Miguel comenzó a hablar lentamente e intentó diluir las responsabilidades. "Entendí, pero hay algo que no me cierra: hay cámaras que muestran a gente haciendo daños y fuga. Hay gente –insistió– que abrió las puertas, por ejemplo".

Fleitas intervino para explicarle que esta audiencia no tenía por cometido demostrar culpabilidad, sino simplemente dar inicio formal a la investigación de lo ocurrido. Entonces se dirigió a todos los presentes, aunque le habló a él: "Esos son simplemente los hechos que la fiscal está investigando, no quiere decir que tú los hayas cometido. Va a haber un juicio para demostrar que no es cierto lo que están diciendo y nosotros vamos a decir lo que realmente pasó".

Miguel, vestido de canguro gris y molesto porque la esposa le apretaba su mano izquierda, sonrió satisfecho. "Era eso, no había entendido", dijo y sus compañeros pidieron suscribir esas palabras.

Luego, cuando el magistrado pasó a explicarle que el nuevo proceso penal contempla una instancia posterior para que pueda dar su versión, Miguel se puso serio y respondió con orgullo y sequedad: "Yo ya sé cómo es".