Las víctimas, de 30 y 22 años, murieron luego de que fueran atacados por dos hombres que se acercaron en moto y les dispararon varias veces. La policía aún no detuvo a ningún sospechoso, pero Gómez confía en que contará con el aporte de testigos, dada la hora en que se produjeron los hechos: pleno mediodía.
Una fuente de la investigación sostuvo que el conflicto se produjo por la mera rivalidad entre los implicados: "Dispararon como podían haberse tomado a golpes de puño", dijo.
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El gobierno inició en esa zona un plan de intervención urbanística, demolición de viviendas de construcción irregular y realojo de las familias que allí vivían, con el objetivo de desarrollar la movilidad interna del complejo habilitacional de Los Palomares, y facilitar el acceso de la policía a un área que es territorio de enfrentamiento de, al menos, dos grupos delictivos: los Chingas y los Camala.
Producto del accionar de estos grupos, al menos 110 familias fueron desalojadas en el correr del año pasado, a fuerza de extorsión y amenazas, para utilizar sus viviendas como bases de operaciones o depósitos.
La acumulación de las denuncias por este tema motivó una investigación conjunta de la Fiscalía y una serie de operativos y allanamientos que llevó adelante el Ministerio del Interior desde diciembre de 2017 hasta abril de este año.
Sin embargo, las denuncias siguen apareciendo y siguen dándose casos de desalojos forzados.
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