Venezuela debe pagar este viernes unos US$ 81 millones de un bono de su empresa petrolera para no caer en default, primera obligación a cumplir desde que el presidente Nicolás Maduro anunció que buscará refinanciar y reestructurar la deuda externa.
Las agencias Fitch, Standard and Poor's y Moody's rebajaron la calificación de la deuda, debido a compromisos por vencer y a que inversionistas no han recibido US$ 1.161 millones del bono 2017 de la petrolera PDVSA, que el gobierno dijo haber empezado a pagar el pasado viernes.
A petición de acreedores, un comité de sociedades financieras se reunirá con la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) este viernes en Nueva York para analizar el no pago del bono 2017.
"Estamos al final del juego y ahora se volvió una cuestión de días -no semanas- hasta que se confirme el incumplimiento", opinó Capital Economics.
El gobierno deberá cumplir el lunes con otros 200 millones de dólares más de rendimientos. En total, debe cancelar de 1.470 a 1.700 millones en intereses de bonos en lo que resta de 2017.
"La 'renegociación y reestructuración' de la deuda tiene bastantes obstáculos. El escenario más posible es un eventual default", comentó a AFP Andrea Saldarriaga, analista para América Latina del centro Atlantic Council.
Las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela en agosto impiden que el gobierno recurra a fuentes externas de capital y prohíben que inversionistas norteamericanos negocien la deuda venezolana.
"Eso dificulta llegar a un acuerdo con sus acreedores", opinó Saldarriaga. Un 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses.
"A esto se le suma la falta de liquidez de Venezuela", agregó. Con la economía devastada y reservas internacionales de apenas 9.700 millones de dólares, Venezuela encara obligaciones para 2018 por más de US$ 8.000 millones.
Otro obstáculo es que Maduro designó como principal negociador al vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Washington incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados, prohibiendo a los ciudadanos norteamericanos tratar con ellos.
El gobierno de Donald Trump sumó el jueves otros 10 funcionarios a la lista. En tanto, la Unión Europea acordó esta semana adoptar sanciones contra Venezuela.
Maduro acusa a Estados Unidos y sus "cipayos" de una "persecución financiera" para asfixiar al país, por tener un gobierno socialista.
Pero ve salvavidas en sus aliados China, al que Venezuela adeuda unos US$ 28.000 millones de dólares, y Rusia, que está por firmar un acuerdo para reestructurar unos US$ 3.000 millones de los US$ 8.000 millones que le debe Caracas.
"Maduro puede estar esperando que los tenedores de bonos presionen al gobierno de Trump por algún tipo de exención", según Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group.
El gobierno venezolano ha sido ambiguo en su plan: habla de "refinanciación" (oferta de canje de bonos) y de "reestructuración" (que obligaría a los acreedores a aceptar nuevos términos), según Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica.
Según los expertos, para ambos procesos debe mostrar un plan de reformas económicas. "Debe ofrecer garantías de con qué va a pagar", apuntó el economista Orlando Ochoa.
Con el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para evitar el cese de pagos, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.
Según Eurasia Group y IHS Markit, si dejara de pagar, Maduro tendría un alivio temporal, con dinero para importar bienes básicos de cara a la campaña para las elecciones presidenciales de 2018.
Pero a mediano plazo, advirtió Ecoanalítica, un default profundizaría "la recesión" en un país con cuatro años de contracción (36%), al borde de la hiperinflación y una producción petrolera que cayó 23% desde 2008 hasta 1,9 millones de barriles diarios.
"A largo plazo, las consecuencias financieras agravarían el descontento social y potencialmente debilitarían el apoyo interno al gobierno", consideró Grais-Targow.
Venezuela enfrentaría además litigios internacionales y el embargo de activos de PDVSA en el exterior, como CITGO, filial de la petrolera en Estados Unidos, o de cuentas por cobrar.
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