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Aborto frenado por jueza depende de apelación y plazos

Se acerca el límite de 12 semanas que habilita a interrumpir el embarazo
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27 de febrero de 2017 a las 05:00
La resolución del embarazo de una madre de la ciudad de Mercedes, a la que una sentencia judicial prohibió interrumpir, dependerá ahora de otras decisiones judiciales de alzada, mientras se acerca el plazo límite de 12 semanas que habilita a una mujer a abortar en forma legal.

Uno de los puntos a determinar es la fecha exacta del tiempo de gestación, que será clave a la hora de conocerse el fallo del Tribunal de Apelaciones de Familia.

Según trascendió del lado de la mujer, el embarazo entra en la décima semana y a raíz de la situación planteada la joven empezó a recibir tratamiento psicológico.

Ruben Correa Freitas, catedrático grado 5 de Derecho Constitucional, dijo ayer a El Observador que ahora todo dependerá de la decisión que tome el Tribunal de Apelaciones de Familia que "se supone en estos casos debe actuar rápido".

La última palabra la tiene ese tribunal, porque el recurso de inconstitucionalidad de la ley que permitió la interrupción del embarazo y que presentó el padre, "corre por cuerda separada", dijo Correa Freitas. En este caso, explicó, ese recurso no frena las acciones en curso (el proceso de aborto), dijo el experto.

Se espera que la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la inconstitucionalidad en seis meses.
Si el Tribunal de Apelaciones da la razón a la jueza Pura Book, quien la semana pasada frenó el aborto, el embarazo deberá seguir adelante a pesar de la opinión en contrario expresada por la joven madre que ya tiene otro hijo de cinco años.

Si el Tribunal de Apelaciones rechazara el fallo de la jueza, entonces la joven podrá continuar con el proceso de interrupción de su embarazo, siempre y cuando esté dentro de las 12 semanas de gestación que permite la ley para llevar adelante esa práctica médica.

La mujer embarazada dijo a Telenoche 4 que no tenía "un vinculo amoroso ni un compromiso emocional" con el hombre con el que tuvo relaciones sexuales y del cual quedó embarazada. Con él se vio durante seis meses.

"Me siento más que vulnerada, ultrajada. Es como que tu vida, tu decisión, lo que a vos te pase, lo que vos sentís, como vos estés, a nadie le importa y tenés que ver de afuera cómo otras personas, a las que sólo le importa sacar un rédito de tres cámaras, deciden por tu vida" señaló la joven de 24 años.

Opiniones

La polémica por el fallo judicial se desató de inmediato.

"Estoy de acuerdo con la defensa de la vida, y por lo tanto con el derecho que tiene ese niño de Mercedes a nacer, opinó el cardenal Daniel Sturla.

"Por supuesto que estoy de acuerdo con que se trate de salvar la vida del niño. Entiendo que esa criatura tiene el derecho principal, que es el derecho a la vida. Pero también entiendo que es un caso que hay que tratar con sumo respeto y delicadeza, porque creo que ninguna madre toma una decisión de esa naturaleza sin que viva un drama existencial muy profundo", comentó Sturla en declaraciones al diario El País.

Se llegó a la actual situación luego que el padre del niño trató de convencer a la madre de que lo tuviera y al negársele esa posibilidad, fue por la vía judicial que derivó en el pronunciamiento de la jueza Book.

"La ley no ha tenido en cuenta al padre, y entiendo que también tiene que contemplarse su opinión. Pero más allá de esto, me parece que el derecho fundamental que la ley de interrupción voluntaria del embarazo niega es el del niño a nacer", afirmó el cardenal Sturla.

En sentido contrario, y uno de los primeros en opinar fue el exsubsecretario de Salud, Leonel Briozzo, ginecólogo y promotor de la ley que despenalizó el aborto, quien cuestionó el fallo judicial y pedió la destitución de la magistrada "para que la ley se cumpla".

"(La) jueza ha cometido un error inexcusable: ha hecho prevalecer su concepción religiosa, ideológica y política, sobre la aplicación del derecho", escribió Briozzo en su cuenta de Twitter.

A su vez, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, también cuestionaron la resolución judicial.

La ONG Iniciativas Santiarias cuestionó el fallo y anunció que no permanecerá de brazos cruzados "frente al avance de posturas conservadoras en las cuales los Derechos Humanos retroceden y se arriesga al crecimiento de la violencia y la exclusión, problemas que el Uruguay de hoy busca erradicar", afirmó en un comunicado.

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