Acreedores de Pluna apuran el concurso y negocian con el Estado

Los acreedores de Pluna SA se impacientaron y quieren cobrar. Es que a pesar de que la aerolínea cerró hace 40 meses, el proceso judicial que definirá en qué orden se pagarán las deudas está lejos de terminar.

Un grupo de acreedores que reclama deudas por unos US$ 50 millones iniciaron gestiones para que Pluna Ente Autónomo desista de su planteo para que su crédito sea considerado privilegiado en su condición de exaccionista minoritario de la aerolínea y acepte ir al final de la lista, con lo que resignaría sus chances de cobro.

El concurso de Pluna SA, a cargo de la jueza Sylvia Rodríguez, tiene fondos por US$ 70 millones, generados por la venta de los siete aviones Bombardier CRJ-900 a una empresa de Estados Unidos. Pero, si Pluna Ente Autónomo cobra primero, prácticamente no habría fondos para los demás acreedores.

Por ese motivo, una comisión de acreedores (entre los que se encuentra ANCAP, que reclama deudas por combustible impago) quiere acelerar el trámite y para eso plantearon que Pluna Ente Autónomo deje sin efecto su apelación para ser considerado crédito prioritario. La propuesta, según pudo saber El Observador, fue realizada a las autoridades del antiguo socio estatal de la aerolínea en reuniones mantenidas en las últimas semanas y todavía no existe una respuesta.

En 2014, la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE, que ejerce la sindicatura en el concurso de Pluna SA) verificó deudas por US$ 200 millones y consideró el crédito reclamado por Pluna Ente Autónomo como subordinado, disposición que fue apelada por el organismo.

Una fuente de Pluna Ente Autónomo dijo a El Observador que se han mantenido contactos con los acreedores de Pluna SA para "allanar" el proceso, pero señaló que el antiguo socio estatal de la aerolínea reclama deudas por US$ 30 millones, siendo que el principal acreedor es en realidad el Scotiabank (que financió en 2008 la compra de los aviones) pero que se encuentra en una situación diferente debido a que está cobrando las cuotas semestrales con fondos que aporta el Ministerio de Economía.

Por otra parte, la sindicatura del concurso Pluna SA y el Estado también cruzan reclamos judiciales por deudas generadas luego del cierre de la aerolínea de bandera, en julio de 2012. El fideicomiso demanda US$ 35 millones y la sindicatura, en respuesta, exige el pago de US$ 49 millones.

El fideicomiso (que fue creado en la ley de liquidación de Pluna y es gestionado por los ministerios de Economía y Transporte) pasó a tener el control de los aviones tras el cierre de la aerolínea. En noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional varios aspectos de la ley y eso hizo que los siete aviones, que constituían el principal patrimonio de la empresa, ingresaran al concurso judicial que definirá el pago a los acreedores.

Los US$ 70 millones generados por la venta de los aviones son los fondos para pagar a los acreedores.