Activistas de cannabis reclaman reglas claras acerca de su registro

“Estamos celebrando los derechos conquistados, pero a su vez también estamos reclamando que se cumplan, porque hay 2.000 cultivadores registrados, hay más cultivadores que no están registrados todavía, pero si la intención es que nos registremos todos, necesitamos señales claras del lado del gobierno de que se va a proteger nuestra privacidad, que no va a tener problemas la persona por estar registrada”, dijo a El Observador Federico Marín, vocero del movimiento.

En una recorrida de una hora por la zona del Molino de Pérez, donde se realizó la marcha, El Observador dialogó con cinco personas que se reconocieron como autocultivadores, pero dijeron que no se habían registrado por dudas sobre el uso que el Estado hará con esa información. “No confío en el registro porque yo no sé cómo fluye esa información adentro del Estado”, dijo uno de ellos.

La ley que autorizó el autocultivo de marihuana y habilitó la venta de cannabis en farmacias fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013. El comercio en esos centros sigue sin aplicarse. En tanto, el gobierno asegura que el registro es confidencial.

En el Molino de Pérez, la Junta Nacional de Drogas (JND) instaló un puesto con folletos explicativos de la ley. “La idea es trabajar en la prevención y trabajar sobre los riesgos y potenciales daños del cannabis”, dijo a El Observador la coordinadora de Prevención de la JND, Victoria González.

Policías patean puertas

Los activistas también aseguran que desde la aprobación de la ley hubo un incremento en el robo de plantas a autocultivadores. Esperan que la venta en farmacias disminuya ese fenómeno.

Otra de las quejas es acerca de los procedimientos policiales. “Precisamos también seguridad con el procedimiento policial porque todavía, cuando hay una denuncia por cultivo de marihuana, los jueces dan órdenes de allanamiento, van los policías a casas de personas que estaban registradas bajo plena norma, pero por atrasos de protocolos todavía vemos que dos por tres nuestros derechos son vulnerados”, dijo Marín.

El activista afirmó que los agentes patean puertas de casas de personas registradas, les llevan las plantas y, en ocasiones, las destruyen. “El protocolo policial no se modificó todavía y es el mismo que antes de la ley (…) Patean la puerta, se llevan todas las plantas, después se investiga, la persona está registrada, se devuelve lo que no se destruyó, y se hizo pasar a la persona por un mal momento. En un pueblo del interior, la Policía se lleva a una persona por tener plantas de marihuana y después todo el pueblo lo mira como un delincuente”, narró. l