Acuerdan poner en marcha nuevo código del proceso penal en 2016

Las modificaciones van desde establecer una efectiva separación en las funciones de los sujetos que intervienen en el sistema judicial y participan del proceso penal, hasta instalar un nuevo principio acusatorio. Además, se explica que busca simplificar y actualizar el proceso.

Se destaca también un nuevo sistema de audiencias que serán concentradas y públicas, para garantizar el “control ciudadano”.

En el gobierno se entiende también que la principal reforma que plantea el proyecto es un cambio de roles del juez, fiscal, del defensor, del imputado y hasta de la víctima que pasa a ser parte del proceso.

También se agrega el “principio de oportunidad reglado” por el cual se autoriza al fiscal a archivar una causa en cualquier momento.

La ley de humanización del sistema carcelario, aprobada al inicio del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), creó una comisión para elaborar un proyecto de reforma del código del proceso. Desde entonces, se trabajó con mayor o menor énfasis. La culminación de la legislatura pasada archivó el texto, y en diciembre de 2010, en su primer año de gestión, el gobierno de José Mujica decidió insistir con el envío al Poder Legislativo del texto de reforma.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, adelantó en una entrevista con el semanario Crónicas, publicada el pasado viernes, que el nuevo código podría comenzar a funcionar en enero de 2016, pero para ello se deben cumplir una serie de pasos previos.

Según el jerarca del máximo órgano judicial, se deberían duplicar antes de instalar el nuevo régimen la cantidad de jueces, fiscales y defensores, para lo cual se requiere generar nuevas vacantes, destinar inmuebles y adjudicar recursos para su funcionamiento. “Hay que agregar en principio 62 defensores públicos en materia penal, lo que también es duplicar el número existente y otro tanto está haciendo la Fiscalía de Corte”, dijo Chediak.

Uno de las propuestas para implementar el código de forma gradual, una vez que esté aprobado, era aplicarlo en un departamento o zona del país, tomando experiencias de Chile, Perú y Panamá. Sin embargo, ello fue cuestionado por la Suprema Corte de Justicia, que advirtió de posibles objeciones de inconstitucionalidad.

Según informó Chediak, también se maneja ahora establecer un período de “vacación legal” para la implementación del nuevo código del proceso, mientras en ese lapso de tiempo se crean los cargos y se cumplen con todos los requisitos mínimos para poder cumplir con su aplicación.

Otro aspecto importante será la capacitación de los operadores judiciales en el manejo de las futuras nuevas reglas. Entre los cambios que incorpora la reforma del código se encuentra también la preservación y el fortalecimiento de las funciones de las jurisdicciones y una mayor participación de las víctimas del delito.

La víctima podrá obtener información del caso, proponer prueba, solicitar medidas de protección frente a hostigamiento o amenazas, insistir en el ejercicio de la acción penal y ser oída por el tribunal al fin del proceso.

El proyecto propone “contar con vías procesales ágiles, con un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo, el que deberá estar dotado de altos niveles de especialización para dirigir la indagatoria”. l