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Acuerdo roto por el PIT-CNT
El PIT-CNT no puede con su genio. Al romper un acuerdo con el gobierno y el sector empresarial de no plantear la controversia sobre los alcances del derecho de huelga durante la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra reactivó un fundado recurso contra las ocupaciones que amenaza poner a Uruguay en la lista negra de países que violan normas laborales. El acuerdo era mantener dentro del ámbito de negociaciones locales esa espinosa cuestión. El motivo era evitarle una situación embarazosa al presidente Tabaré Vázquez, distinguido como orador principal en la apertura del cónclave del organismo.
Pero el representante de la central sindical Fernando Gambera dejó por el camino ese compromiso al hablar en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Argumentó que peligra la democracia si no se reconoce el derecho de huelga –al que el PIT-CNT agrega arbitrariamente su formato de ocupaciones– “como la única herramienta de los trabajadores para dar su lucha” contra los gobiernos y los empleadores. La inesperada intervención de Gambera no solo quebró un acuerdo con los otros sectores involucrados en la política laboral. También fue superflua su defensa del derecho de huelga, que tanto el gobierno como las cámaras empresariales observan y aceptan sin fisuras. La protesta formal presentada hace varios años por los empleadores ante la OIT no objeta en forma alguna ese derecho constitucional. Su reclamo es contra la forma en que los sindicatos realizan las ocupaciones, ignorando las resoluciones de la OIT.
La Comisión de Libertad Sindical de este organismo, que controla las relaciones laborales en todo el mundo, le ha aclarado a Uruguay que las ocupaciones solo son permisibles si incluyen la libertad de trabajo de los empleados que quieran seguir con sus tareas durante una huelga y el derecho de los responsables de una empresa a ingresar a las instalaciones tomadas. Pero el PIT-CNT defiende el reiterado curso tomado por los sindicatos de ocupar sin cumplir con las normas de la OIT, a veces con piquetes que han generado hechos de violencia.
La desubicada acción de Gambera, que sostuvo equivocadamente que Uruguay cumple en este tema con “todos los convenios internacionales”, generó el lógico rechazo inmediato en el sector empresarial. Juan Mailhos, asesor de la Cámara de Comercio, recordó en Ginebra que Uruguay tiene un caso abierto por incumplimiento del convenio 98 sobre negociación colectiva. Y Sonia Regenbogen, representante de la Organización Mundial de Empleadores, señaló, luego de la intervención de Gambera, que la queja empresarial uruguaya vuelve a la agenda de la OIT a menos que sea solucionada. Pero los intentos negociadores del gobierno y de las cámaras empresariales han fracasado hasta ahora por la intransigencia del PIT-CNT.
Gran parte de la responsabilidad por esta situación corresponde al gobierno. Aunque el artículo que habilitaba las ocupaciones fue retirado de la ley de negociación colectiva ante un planteo empresarial, se mantiene vigente un decreto anterior que las habilita. La administración Vázquez enfrenta ahora la necesidad de terminar con esta ambigüedad o arriesgarse a que la renovación de la queja empresarial ante la OIT, a continuación de los dichos de Gambera, desemboque en una vergonzosa condena del organismo mundial a nuestro país.
