Adopción: Catedráticos piden claridad en la potestad de los jueces

Los representantes del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República cuestionaron este lunes distintos aspectos del proyecto que modifica la ley de adopción.

El profesor grado 5 de Derecho Civil, Juan Andrés Ramírez, planteó en la comisión de Población del Senado, que analiza el texto, la existencia de un “conflicto de competencias” entre el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y el Poder Judicial, presente tanto en la ley vigente como en el proyecto aprobado en Diputados. Según indicó a El Observador el senador Alfredo Solari (Vamos Uruguay) el catedrático consideró que no queda claro “quien es el que tiene la última palabra" a la hora de homologar las adopciones. Ramírez planteó, según el legislador, que en ambos textos “se puede interpretar que quien tiene el poder superior es el INAU y que eso es inadmisible”.

Ramírez ejemplificó, según agregó el senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional), con el fortalecimiento del poder del INAU y la obligatoriedad para el juez de regirse por registro único de adoptantes que se prevé en la futura norma para entregar a los niños a las familias adoptivas. “El problema que se puede empezar a generar es hasta dónde el poder del INAU ata al poder del juez. Los catedráticos (Ramírez y la doctora Ema Carozzi, profesora de Derecho de Familia) entienden que los jueces deben tener potestad plena para resolver”, indicó.

Otro de los puntos manejados como posibles obstáculos es el artículo que establece que el INAU podrá apelar la decisión del juez a la hora de homologar la adopción. “Si se lleva el tema al Tribunal de lo Contencioso Administrativo son procesos de tres o cuatro años. El asunto es que con esto aparece el problema de por un lado acelerar los plazos de la entrega en adopción, y por el otro las garantías del proceso”, agregó Da Rosa.

Ramírez también planteó la necesidad de definir en la ley, en las distintas instancias en las que se lleva adelante el proceso, quién ejerce la patria potestad o tutela de los menores. Consideró que debería especificarse en cada paso del procedimiento.