Alcance disímil de los Panamá Papers

Pese a la estridencia de su estallido mundial, los Panamá Papers reflejan actividades diferentes

Pese a la estridencia de su estallido mundial, los Panamá Papers reflejan actividades diferentes, que van desde transacciones legítimas hasta ocultamientos delictivos. A veces son capitales que escapan de la inseguridad en sus propios países o que buscan mayor rentabilidad o protección en los llamados paraísos fiscales. Otras veces se trata de negocios normales que aprovechan los beneficios legales y operativos de esos centros. Pero también abundan los casos de evasión de impuestos, lavado de dinero, trasiego de fortunas mal habidas de gobernantes corruptos o las sumas gigantescas que maneja el narcotráfico en todo el planeta.

El sonado caso está centrado en el estudio panameño Mossack Fonseca. Más de 11 millones de sus documentos fueron escudriñados por 202 medios de varios países, que integran el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. Aparecen nombres de personalidades mundiales, desde el astro del fútbol Lionel Messi hasta el presidente ruso Vladímir Putin y otros gobernantes, figuras públicas de otros ámbitos e instituciones de muchos países, incluyendo Uruguay, extensa lista que no supone necesariamente operaciones delictivas en todos los casos. En el país las menciones están relacionadas con los escándalos de corrupción en la FIFA y el caso del encarcelado Eugenio Figueredo, así como con las actividades de intermediación de algunos estudios jurídicos.

El eje es el uso de las sociedades offshore, instituciones legales que existen en Uruguay y en muchas otras naciones, que se constituyen en un país para operar en otro. Son utilizadas para negocios legítimos pero también aprovechadas para ocultar actividades turbias. Uruguay viene mejorando desde hace muchos años la transparencia de las actividades financieras, lo que le ha permitido salir de la lista negra de paraísos fiscales en que lo había puesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Banco Central ha ido implementando un severo control del sistema financiero para combatir el lavado de dinero y otras ilicitudes. La reforma tributaria de 2007 eliminó las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Y se han implementado medidas que facilitan el levantamiento del secreto bancario, imán para los capitales argentinos que buscaban la seguridad que no existía en su país. Acorde con las exigencias de la OCDE, Uruguay ha concluido con varias naciones acuerdos de intercambio de información financiera, que facilitan el acceso de los organismos de contralor en cada uno de esos países a las cuentas que sus ciudadanos tienen en instituciones uruguayas.

Un tema no menor sobre los Panamá Papers es el origen de las informaciones divulgadas. Crea sospechas como pudo producirse el acceso periodístico a un gigantesco volumen de materiales presuntamente confidenciales del estudio Mossack Fonseca. Lo ocurrido es, de todos modos, una advertencia sobre la necesidad de extremar la vigilancia oficial de transacciones que violen normas legales, además de actuar como disuasivo para personas o empresas que sean requeridas para intervenir, en cualquier capacidad, en operaciones cuya transparencia y absoluta legalidad puedan estar en duda. Hay que evitar, sin embargo, una indiscriminada caza de brujas, asignando responsabilidades solo cuando existan evidencias o presunciones fundadas de acciones que contrarían las disposiciones legales.


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