Analizan ampliar denuncia por "desviación de poder"

Fallo advierte que contador fue sancionado por denunciar irregularidades
La oposición analiza ampliar la denuncia que presentó en el juzgado especializado de Crimen Organizado el 19 de abril sobre hechos con apariencia delictiva en la gestión de ANCAP, luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) expresara en una sentencia que el directorio de la petrolera estatal presidido por Raúl Sendic cometió "desviación de poder" al separar del cargo a un funcionario que había denunciado "irregularidades" en el control de la facturación.

"Queremos leer la sentencia del TCA pero en principio los datos publicados son relevantes para analizar, y si efectivamente hay elementos nuevos habría que ampliar la denuncia presentada en Crimen Organizado", dijo a El Observador el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente. Por otra parte, legisladores del Partido Nacional expresaron que también estudiarán la sentencia del TCA para resolver si hay motivos para ampliar la denuncia ya presentada.

Los cuatro partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria (el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Asamblea Popular) denunciaron una serie de conductas con apariencia delictiva durante la gestión de ANCAP entre los años 2000 y 2015. De todas maneras, la fiscal María de los Ángeles Camiño, que encontró mérito para iniciar la investigación, dijo semanas atrás a El Observador que los hechos denunciados "en general" son de la administración del gobierno de José Mujica (2010-2015), en la que Sendic presidió ANCAP hasta octubre de 2013.

Entre la serie de elementos que la oposición pide investigar se encuentra la gestión de la División Portland, que concentra el 40% de las pérdidas totales de ANCAP entre 2005 y 2014, según el informe del senador colorado Pedro Bordaberry sobre la situación Financiera y Económica del ente. Durante esa década, la división Portland perdió US$ 164 millones.

En esa área trabajaba Jorge Pérez como contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), quien advirtió a tres gerentes sobre "irregularidades" en la facturación. Al no recibir respuesta de esos gerentes, el contador informó al directorio presidido por Sendic, pero tampoco hubo respuestas. Entonces, en noviembre de 2012, el contador denunció ante la Justicia que la aprobación de los pagos a proveedores de la división Portland se realizaba "a ciegas", "sin ver las facturas".

Luego de presentar estas denuncias, el directorio de ANCAP resolvió iniciarle un "sumario con separación del cargo" a Pérez. En una nota publicada el 24 de agosto de 2012 en el semanario Brecha, Sendic explicó que esta sanción se aplicó sobre el contador porque es "un tipo complicado, con una larga trayectoria de dificultades de relacionamiento con sus compañeros dentro de ANCAP".

Sin embargo, el TCA, máximo órgano judicial a nivel administrativo, advirtió que Sendic incurrió en una "falacia". "La sanción impuesta (al contador Pérez) no obedece al fin querido por el legislador, sino a un fin distinto, que fue sancionarlo, no porque haya insultado o agredido de palabra a nadie, sino por el solo hecho de haber puesto de manifiesto un cúmulo de irregularidades que comprometían no solo a otro Contador delegado del Tribunal de Cuentas, sino a altas jerarquías de la Administración".

El denunciante "añadió que con su denuncia se podían ver afectados varios jerarcas, entre otros la Cra. Giraldez (quien luego fue sumariada por el propio ente como consecuencia de la aceptación de cheques de la ex Pluna a un plazo mayor al permitido, lo que concluyó con una suspensión de seis meses y el traslado de la misma). Y a juicio del Tribunal, le asiste razón", expresa la sentencia del TCA. La denuncia penal que había presentado Pérez ante Crímen Organizado fue archivada.

Jueza confirma a investigadores

El juez Néstor Valetti, antes de ser trasladado del juzgado de Crimen Organizado, formó el equipo multidisciplinario encargado de investigar supuestos delitos en la gestión de ANCAP. El juez designó, entre otros, a una escribana en representación de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El secretario antilavado, Carlos Díaz, criticó ese nombramiento por considerar que era competencia suya elegir a los funcionarios que investigan. Sin embargo, la jueza Beatriz Larrieu, que sucedió a Valetti, con

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