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Ancap bajo la lupa judicial
A los muchos dolores de cabeza que aquejan al gobierno se ha agregado la decisión de la fiscal María de los Ángeles Camiño de investigar las denuncias penales de la oposición sobre presuntas irregularidades en ANCAP. La presentación conjunta de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular ante la Justicia hace tres meses incluyó una extensa lista de hechos que golpearon las finanzas del ente petrolero y contribuyeron a acumular US$ 602 millones en pérdidas entre 2011 y 2014. En su mayoría parecen consecuencia de malos negocios, administración descuidada y pobreza de gestión, más que de casos que puedan configurar delitos. Pero justifica la conclusión de la fiscal que cuatro de los cinco partidos con representación legislativa hayan coincidido en denuncias fundamentadas, luego de meses de trabajo de una comisión investigadora del Parlamento.
El sonado caso de la radio comunitaria Quebracho, que recibió un pago por publicidad pese a que no estaba en funcionamiento, apunta a la vieja tendencia reprobable de amiguismo partidario con dinero ajeno. La partida a la emisora en Paysandú forma parte de las objeciones opositoras a la contratación de la agencia de publicidad La Diez. Pero las denuncias incluyen otras muchas claudicaciones costosas, como haber aumentado siete veces el gasto en publicidad, el sobrecosto por un remolcador defectuoso, la intermediación del ente en un negocio en Ecuador y el costo de una frustrada negociación sobre la deuda petrolera con Venezuela.
La comisión investigadora acordó hurgar desde 2000 al 2015. Pero las denuncias opositoras se centraron en el período de gobierno del expresidente José Mujica, cuando faltaron controles sobre el funcionamiento de las empresas del Estado. Tardíamente el actual tercer gobierno del Frente Amplio anunció un control más estricto de las empresas públicas, habituadas a la práctica perniciosa de no rendir cuentas a nadie. La saludable decisión de encarrilar a los entes se tomó recién después que la oposición detonó el escándalo de las pérdidas de ANCAP.
Ahora hay que esperar que la Justicia determine si hubo actos que configuren delitos penales o si se trató solo de incompetencia negligente de quienes manejaron al ente petrolero en el período cubierto por las denuncias opositoras. En cualquier caso es útil que avance la investigación judicial, tanto para determinar eventuales responsabilidades como advertencia a todos los jerarcas de las empresas públicas sobre la necesidad de rectitud y eficiencia de gestión. La intervención de la Justicia responderá también a las dudas y sospechas públicas generadas por lo ocurrido en ANCAP.
Y al margen de cómo termine todo este proceso es claro su impacto negativo sobre la figura del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que presidió ANCAP durante la administración Mujica hasta octubre de 2013. Sendic ha echado mano al gastado recurso de protestar que hay una campaña para desacreditarlo, centrada en medios de comunicación y de sectores políticos que le son adversos. Pero la realidad innegable es que, mientras estuvo al frente de la mayor empresa del Estado, se generaron pérdidas de volumen sin precedentes, causadas, en el mejor de los casos, por administrar mal un sector esencial de los servicios públicos.
