Ante golpe en Venezuela, gobierno delibera qué posición adoptará

El gobierno uruguayo delibera qué posición adoptar ante el golpe de Estado en Venezuela, luego de que el Poder Judicial tomara las competencias de la Asamblea
"Ya es oficial y declarado. Golpe de Estado en Venezuela, la dictadura militarista y mafiosa ha decidido avanzar". Con esas palabras la dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, emitió ayer jueves un mensaje para dar a conocer la situación que se vive en su país luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las competencias del Parlamento y dejó a los legisladores sin inmunidad. La situación planteada es que Venezuela perdió a uno de sus tres poderes: el Legislativo, que además era el único dominado por la oposición con mayorías obtenidas a través de las urnas.
Hasta antes de este hecho, el presidente Tabaré Vázquez entendía que en Venezuela había una democracia porque funcionaban los tres poderes. Vázquez ayer no se pronunció y tampoco lo hizo la cancillería, que se tomó 24 horas para expresarse y lo hará hoy informó el ministro Rodolfo Nin Novoa a El Observador.

La nueva realidad venezolana parece haber dejado mal parado al gobierno uruguayo, que el martes 28 había instruido a su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) a votar en contra de la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Finalmente, en la sesión de la OEA no se llegó a ese extremo.

El presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía (Frente Amplio), dijo que la situación en Venezuela es "preocupante" y "delicada", pero que no tiene "información suficiente" para afirmar que hubo un "golpe de Estado". El diputado opinó que el país caribeño vive una realidad "traumática desde el punto de vista institucional" y que es necesario "mirarla de cerca". En esa línea, Mahía explicó que la cancillería uruguaya mostró una "actitud seria y responsable".

Repercusiones

La tensión política venía subiendo, al punto que la oposición venezolana ya hablaba de una dictadura.
La decisión de la Justicia –controlada por el chavismo– permitirá ahora a Maduro adoptar medidas que requieren aval parlamentario y que hasta este paso eran bloqueadas por la Asamblea Nacional.
El TSJ señaló en su sentencia que asumió las "competencias" de la Asamblea para "velar por el Estado de Derecho". La decisión se mantendrá vigente mientras haya "situación de desacato" del Parlamento, indicó el organismo.

La "situación de desacato" fue declarada a principios de 2016 debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. Desde ese momento, el TSJ anula todas las decisiones que se toman en ese ámbito y ha mantenido la declaración de "desacato", pese a que los tres diputados cuestionados no están en ejercicio de funciones por decisión de la propia Asamblea. En el comunicado de prensa, el TSJ se escudó en el artículo 336.9 de la Constitución, que establece que la Sala Constitucional del TSJ debe resolver cualquier diferencia entre los poderes públicos.


En este caso la sentencia de la Sala Constitucional de la corte se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que le da al gobierno de Maduro la potestad de crear empresas mixtas eludiendo la autorización que debe conferirle el Congreso.

Sin embargo, al declarar "omisión legislativa", el TSJ indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo las cree sin pasar por los legisladores.

Críticas

Las acusaciones no vinieron solo desde la oposición política. Incluso desde el ala chavista se habló de un "autogolpe" del régimen de Maduro. El politólogo venezolano Nicmer Evans, que es también dirigente del partido Marea Socialista –escindido del PSUV en 2015–, dijo al portal brasileño Veja que la decisión busca además permitir que el gobierno aumente los niveles de endeudamiento que, según la Constitución venezolana, requiere de la autorización parlamentaria.

La oposición venezolana, en tanto, reclamó ayuda internacional para detener lo que calificó de golpe de Estado. Pidió una reunión de cancilleres de la región y acciones concretas.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, retiró en forma permanente como señal de protesta a su embajador en Caracas. La cancillería peruana consideró que se está ante un "quebrantamiento del orden democrático".

El gobierno de Argentina también expresó "gran preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo que "limitó las facultades de la Asamblea Legislativa".

"Nicolás Maduro acaba de eliminar el Poder Legislativo. Es un golpe de Estado que está dando la dictadura" Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López

El gobierno de Mauricio Macri –quién desde antes de asumir ya impulsaba aplicar la Carta Democrática a Venezuela– emitió un comunicado a través de su cancillería donde reinvindicó la importancia "de la separación de poderes".

El gobierno brasileño fue más enfático y catalogó de "ruptura del orden constitucional" el fallo de la Justicia de Venezuela. "El gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional", afirmó la cancillería en un comunicado.

México también expresó su "preocupación" por el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión "atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes", expresa el texto oficial.

Autogolpe

Desde la OEA, el secretario general Luis Almagro, que últimamente estuvo enfrentado al gobierno de Maduro, convocó ayer de urgencia al Consejo Permanente de la organización.

Para Almagro se está ante "un autogolpe de Estado" del gobierno contra el Parlamento. La resolución, recordó, dejó además sin fueros a los parlamentarios.

"Apliquen la Carta Democrática en Venezuela y pongan presos a los golpistas" Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Estas dos decisiones constituyen "los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", señaló Almagro, "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", expresó el secretario general de la OEA, cuya posición sobre Venezuela lo enfrentó a sectores del Frente Amplio que siguen respaldando al gobierno de Maduro.

Dos antecedentes

En América Latina hay dos antecedentes de presidentes electos por el pueblo y que luego clausuraron al Poder Legislativo. Eso ocurrió en Perú, con Alberto Fujimori, y en Uruguay, con Juan María Bordaberry.

En 1992, Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento y dio un golpe de Estado que lo mantuvo en el poder hasta el año 2000. Fujimori gobernó con mano dura y, ante el silencio de la OEA, intervino además la Justicia y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

El otro golpe fue en Uruguay en 1973. El presidente Juan María Bordaberry, también con apoyo militar, disolvió las cámaras. Además, por decreto, se suprimieron las libertades civiles y se disolvieron los partidos políticos. Tres años después los militares le quitaron el respaldo a Bordaberry y lo destituyeron. La dictadura se extendió hasta 1985.

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