Ante reclamos, legisladores divulgan declaraciones de bienes

En un impulso para desmarcarse de la ola de corrupción en la región, bancada del FA y líderes opositores divulgan su patrimonio

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) acordó ayer divulgar sus declaraciones juradas de bienes, que según la legislación vigente deben entregar todos los legisladores a la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública (Juntep), pero que quedan cerradas y en custodia para el caso de ser requeridas por la Justicia. También ayer, en redes sociales y portales partidarios, los líderes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente divulgaron el contenido de esas declaraciones. Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres mostraron el documento donde aparece el detalle de sus ingresos, cuentas bancarias e inmuebles.

En el sistema político uruguayo parece haberse iniciado una ola de interés por la transparencia, en momentos donde la región está minada de corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de las cúpulas de gobierno o de quienes dejaron el poder hace poco tiempo. Son varios los proyectos de ley que se presentaron o anunciaron en los últimos días. Algunos inclusos con la intención de tipificar el delito de corrupción o de formar comisiones en el Parlamento para perseguir esas actitudes. Otros apuntan a ampliar el sistema de declaraciones de bienes patrimoniales. Pero todos con la intención de hacer de la transparencia un fin en sí mismo.

Los casos de Argentina y de Brasil generaron en los políticos uruguayos la necesidad de salir a marcar la diferencia.

Legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentaron ayer ante sus colegas del FA un proyecto de ley para ampliar el alcance del sistema de declaraciones juradas de bienes. Allí anunciaron que iban a divulgar públicamente las suyas, e invitaron al resto de los legisladores. Según pudo saber El Observador, en la reunión hubo amplio acuerdo para publicar esos documentos. Resta que cada sector analice la forma en la que divulgará esa información, lo que será acordado por la bancada del FA la próxima semana. En ese proyecto, el MPP no solo propone que de ahora en más las declaraciones de legisladores, ministros de Estado, intendentes, presidentes de empresas públicas y ministros de la Suprema Corte de Justicia (entre otros) divulguen el detalle de sus bienes, sino que además incluye a privados. La idea de ese sector del oficialismo es que todo aquel que maneje o reciba dineros públicos de cuenta de su patrimonio. Así, incluyó en el proyecto que las empresas licitatorias de obras y servicios públicos, y también gerentes y directivos de mutualistas (que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud), envíen la documentación a la Juntep para que esté bajo custodia. Hasta ahora solo las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República deben ser publicadas.

En la exposición de motivos de esa iniciativa se habla de mantener la "cultura de honestidad" del sistema político uruguayo.

La bancada del FA redactó un comunicado donde transmite su compromiso de avanzar en la transparencia del sistema político y en la fortalecimiento de la Juntep. Entre otros puntos, declara: "Compromiso con la transparencia y la ética pública, más que demostrado en múltiples iniciativas, debe plasmarse en acciones colectivas e institucionales". También asegura que acordaron la necesidad de avanzar en legislación que permita "transparentar al máximo" toda la información referida a declaraciones juradas de legisladores y jerarcas.

Los redactores del proyecto del MPP discutieron la forma de encarar el tema de las declaraciones y las posibilidades que tienen los sujetos obligados de esconder sus bienes. Los comúnmente llamados testaferros pueden ser una herramienta al alcance de quienes no quieren mostrar todos sus bienes. Sin embargo entre los autores y los legisladores de ese sector se llegó a la conclusión de que es muy difícil comprobar una presunta relación entre el titular de la declaración y el que realmente aparece como el dueño de los bienes supuestamente escondidos.

Bordaberry y el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, han manifestado cada uno por su lado la intención de trabajar en proyectos de ley sobre transparencia.

En 2008 el Parlamento aprobó un proyecto sobre el financiamiento de los partidos políticos, pero la experiencia en dos elecciones demostró debilidades de ese autocontrol, ya que la supervisión corre por cuenta de la Corte Electoral (que la integran y dirigen los partidos) y las colectividades le encontraron la vuelta para hacerle trampas al cumplimiento estricto del espíritu de la ley.


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